El Gobierno ha presentado un requerimiento judicial -con fecha de 10 de marzo- para pedir a la Junta de Castilla y León que "reponga inmediatamente el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla)", cuya viabilidad está en cuestión por la falta de financiación pública de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, dirigida por Vox. A través de su perfil de Twitter, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este paso después de que hace unas semanas demandara al Ejecutivo autonómico que mantuviera el apoyo a este servicio de mediación laboral prejudicial, sin financiación desde enero, lo que ha generado las críticas de la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CCOO hacia la Junta. "Garantizar el diálogo social es ensanchar la democracia y lo defenderemos con todos los medios a nuestro alcance", ha advertido Yolanda Díaz.
La pasada semana representantes de los sindicatos y la patronal se desplazaron a la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra (Suiza), para reclamar su intervención en este conflicto, que los agentes económicos y sociales ven como una "muy grave e indeseable situación de incertidumbre jurídica".
Los interlocutores del organismo internacional compartieron con los sindicatos y la patronal su "enorme preocupación por las consecuencias irreparables que tendría para la ciudadanía de Castilla y León la no continuación de la concertación social y cualquier cuestionamiento a los agentes del Diálogo Social".
Desde la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla y León para 2023, los sindicatos y la patronal han criticado la ausencia de financiación de un servicio de mediación laboral que consideran dentro de la normativa autonómica y que ha tenido el respaldo del Ejecutivo autonómico desde hace más de dos décadas.
Ha sido el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones (Vox), quien ha cortado esta financiación, al considerar que los trabajos de mediación realizados por el Serla pueden ser desarrollados por personal de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León. Mario Veganzones mantiene desde su llegada al cargo fuertes enfrentamientos con los integrantes del Diálogo Social, por su intención de reducir las partidas que reciben para desarrollar diferentes programas de formación, mediación y prevención de riesgos, entre otras materias, lo que ha llevado a los sindicatos a convocar protestas ante las Cortes de Castilla y León y la propia Consejería de Industria.
Mañueco: "No entendemos este requerimiento"
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha acusado este lunes al Gobierno de España de volver a "atacar" a esta comunidad con el requerimiento judicial para que reponga el Serla: "No entendemos este requerimiento, vuelve a sobreactuar". En declaraciones a los medios de comunicación recogidas por EFE antes de participar en Madrid en la reunión del Comité Ejecutivo del PP, Alfonso Fernández Mañueco ha asegurado que ha "garantizado de palabra" al Gobierno que las competencias en materia de relaciones laborales están aseguradas.
"Ataca una vez más a Castilla y León sobreactuando, utilizando derechos reconocidos por parte de todos en el ámbito del diálogo social", ha sostenido Mañueco, quien ha defendido las "buenas relaciones" entre los sindicatos y la patronal de la región.
Sobre la postura de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, que es quien ha anunciado este requerimiento, Mañueco ha dicho que "más le valdría encontrar a los fijos discontinuos que han salido de la estadística del INEM que seguir atacando a Castilla y León".
