El Gobierno ve cada vez más cerca las elecciones que tendrán lugar al final del año y por eso prepara otro nuevo acercamiento para recuperar el voto de parte de este colectivo, esta vez en relación a los días libres. Las funcionarias del Estado gozarán de permisos retribuidos desde la semana 37 de gestación y hasta el día del parto a partir del año que viene, tal y como ha anunciado este miércoles el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, como medida de apoyo a la familia, en la que ha recordado otras medidas positivas para la Función pública que se incluyen en los Presupuestos de 2016, como la devolución del tercer día de asuntos propios (los llamados 'moscosos') que faltaba por recuperar desde 2012 y hasta los tres 'canosos' que se conceden a los funcionarios en función de su antigüedad.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, Beteta ha señalado que una "inclusión importante y novedosa" en las cuentas del año que viene es este nuevo permiso retribuido, que beneficiará a las empleadas públicas en el "último periodo del embarazo, que suele ser el más complicado".
Beteta ha cifrado en 180 millones de euros el coste de la subida de las retibuciones de los funcionarios un 1%
Más dinero
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda ya anunció el acuerdo alcanzado con las centrales sindicales para "poner fin a la congelación salarial" que ha afectado a los funcionarios en los últimos cinco años mediante una subida de sus retribuciones del 1% "en consonancia con las mejoras económicas". En este sentido, Beteta ha cifrado en 180 millones de euros el coste de esta decisión para el Estado y de 883 millones de euros para todas las administraciones públicas, ya que esta decisión de aumento salarial es "normativa básica y de obligado cumplimiento" para todos los niveles de la Administración.
A esto se sumarán los 2.562 millones de euros que costará la devolución del 50% de la paga extraordinaria de la Navidad de 2012 que se suspendió, una medida "básica potestativa", es decir, que las comunidades y los ayuntamientos podrán aplicar o no "según sus planes de ajuste y conforme proceda en la negociación con sus centrales sindicales". Al Estado, eso sí, le costará 547 millones, que se aplicarán ya en la nómina del mes de enero de 2016, según ha precisado Beteta en declaraciones a los medios. Con esa devolución, los funcionarios habrán recuperado la totalidad de la paga extraordinaria de la Navidad de 2012, ya que recibieron una cuarta parte en enero de 2015 y obtendrán el restante 25% antes de que finalice este ejercicio -septiembre u octubre, previsiblemente-, con un coste de 274 millones para el Estado y de 1.281 millones para el conjunto de las administraciones.
"Soy muy consciente de cómo se han sentido estos años y, por eso, el Gobierno quiere devolver lo que la crisis temporalmente suspendió", dijo Beteta
"Así se pone fin a una medida difícil tomada en un contexto difícil para evitar medidas aún más difíciles", ha dicho Beteta, recordando por último que la tasa de reposición en la Función Pública pasará del 0% general de los últimos ejercicios al 50% e incluso al 100% en "sectores prioritarios" como el de lucha contra el fraude fiscal, el docente o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Agradecimiento a los funcionarios
Por último, el secretario de Estado ha puesto en valor el esfuerzo realizado por los funcionarios españoles durante estos años de "dificultades" y les ha agradecido que hayan "estado siempre ahí para servir, con la difícil grandeza de asumir que en ocasiones se les iba a exigir lo inimaginable". Un colectivo que, "en estos años tan complicados", se ha "mantenido firme, sirviendo al país y dando lo mejor de sí mismos", gracias a lo cual "hoy en España hay más crecimiento, prosperidad y acelerada creación de empleo".
"Soy muy consciente de cómo se han sentido estos años y, por eso, el Gobierno quiere devolver lo que la crisis temporalmente suspendió y, más importante, quiere reconocer a la Función pública por haber servido con esa profesionalidad y rigor en los momentos más difíciles", ha zanjado Beteta. Por último, el responsable de Administraciones Públicas ha cifrado en 141.033 personas el recorte desde enero de 2012 a enero de 2015 de la plantilla pública, que ha quedado en 2,54 millones de trabajadores, un 5,5% menos que al inicio de la legislatura. Un ajuste que "se ha producido sólo por jubilaciones".
