El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene conversaciones con grandes consultoras para la implementación de los fondos europeos contra el coronavirus. Fuentes gubernamentales revelan que esas empresas están ayudando al Ejecutivo en la modificación del decreto para agilizar la ejecución de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pablo Iglesias se quejó por su exclusión y La Moncloa está trabajando contra reloj para retocar ese documento. También en este caso el Gobierno se apoya en expertos del sector privado.
La actividad de las consultoras se centra en mantener conversaciones con miembros tanto de La Moncloa como de varios ministerios. Según las fuentes consultadas, los departamentos de Economía, Industria y Cultura, entre otros, ya están activando canales directos con los expertos de ese sector. Se han realizado reuniones con miembros de la oficina económica de La Moncloa (lo mismo ha ocurrido con fondos de inversión) y encuentros discretos en las sedes de dichas empresas con delegados ministeriales.
Las consultoras están operando a través del sistema “probono”. Se trata de un mecanismo que permite tener acceso a datos de primera mano del Gobierno (como las condiciones de los concursos, además de líneas de crédito y criterios utilizados para superar el filtro ministerial para los fondos europeos). Esta información, que las entidades locales todavía desconocen oficialmente, le servirá más adelante para incluirla en los informes para sus clientes. Ese es el precio que, al menos de momento, paga el Gobierno para obtener la colaboración de forma gratuita de estas empresas, sin tener que contratarlas formalmente.
Oficinas 'ad hoc'
Todas las grandes firmas del sector, desde KPMG hasta Ernst & Young y PwC, están abriendo oficinas únicamente destinadas al plan de recuperación europeo y algunas de ellas ya hablan con varios ministerios, según revelan fuentes gubernamentales. También la CEOE ha abierto una oficina ad hoc para ello (con la colaboración de PwC), con la esperanza de colaborar activamente con el Gobierno en esa delicada operación. Lo mismo han hecho entidades como Deloitte, Everis y Auren.
“Va a haber cambios en el decreto para los fondos europeos”, explican fuentes conocedoras de la relación directa entre el Gobierno y estas empresas. “Las consultoras ayudan porque si no luego no hay quien gestione los fondos”, afirman para explicar el interés de las firmas que trabajan en auditoría y asesoramiento.
Para Moncloa es esencial resolver el problema de la ejecución de los fondos europeos. Fuentes gubernamentales revelan que la cuestión está en agenda desde hace meses, y que el Gobierno tiene el objetivo de aprovechar todos los recursos en tiempo y forma (en total 140.000 millones, aunque la mitad de ellos llegará a fondo perdido).
Evitar una baja ejecución
Fuentes del Ejecutivo reconocen que el “reto” será de los más importantes de su historia reciente. Por ello será esencial la coordinación con todas las entidades locales, además del sector privado. El Gobierno dejará a las comunidades autónomas una parte importante en la tarea de vigilancia. Aunque el ministerio de Calviño aspira a tener otro papel relevante, consciente de la debilidad del equipo de asesores de La Moncloa.
La colaboración público-privada será crucial. Más aún porque todavía se desconoce la letra pequeña del plan europeo de ayudas. Todo apunta a que el dinero comunitario no llegará de manera directa, sino que se entregará después de que el Estado ya lo haya recaudado con sus canales.
En esta operación de búsqueda de financiación, los fondos y las grandes empresas nacionales juegan otro rol protagonista. Es por ello que expolíticos que trabajan en el sector de la auditoría o la comunicación ya se preparan para ejercer de intermediarios con las empresas interesadas en obtener el dinero europeo. Para recibir dichos fondos, el Ejecutivo actuará de filtro para que los proyectos lleguen a Bruselas. Es en esta delicada fase en la que las consultoras aportarán su servicio a cambio de recibir información privilegiada.
“El ridículo que puede hacer el Gobierno si solo ejecuta un tercio de los fondos es gravísimo”, reconocen las fuentes consultadas. Actualmente, España tiene un historial negativo en la tramitación de ayudas europeas. En el último marco financiero plurianual, España certificó hasta diciembre de 2019 alrededor de un tercio de los fondos disponibles. Repetir una cifra de ejecución semejante sería dramático para la situación de postpandemia.
De hecho, desde Bruselas algunas fuentes creen que la Comisión puso sobre la mesa una cuota tan grande de dinero porque cree que España no va a poder ejecutarla en su totalidad. “En Europa se comenta que nos han dado 140.000 millones porque saben que no vamos a ejecutar todos los fondos”, afirman.
