La proposición impulsada por el Gobierno a través de los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos para limitar las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones llega después de que el máximo órgano de gobierno de los jueces haya realizado un total de 59 nombramientos clave en la Justicia durante sus dos años de interinidad, según los datos recopilados por Vozpópuli.
El CGPJ tiene la labor de aplicar las medidas disciplinarias en la carrera y de designar a los responsables de los puestos más relevantes, también durante el tiempo que están en funciones. En esa interinidad tan solo tienen vetado elegir un nuevo presidente del Consejo, que al mismo tiempo lo es del Tribunal Supremo. Les ampara la Ley, por tanto, para votar y elegir al resto de jueces del alto tribunal, a los presidentes de las Audiencias Provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia o de sus salas de jurisdicción. También al presidente de la Audiencia Nacional, entre otros destinos.
Este viernes, el Consejo cumple dos años exactos en funciones. Desde el 4 de diciembre de 2018, ha hecho decenas de nombramientos, algunos de la máxima relevancia como la designación de Manuel Marchena al frente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. De ella dependen las causas más sensibles como fue el juicio del procés. Tendrá que decidir sobre el indulto de los condenados independentistas, sus salidas en tercer grado o si investiga al vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias por el caso Dina, entre otros.
15 jueces nombramientos para el Supremo
En estos dos cursos se han nombrado una quincena de nuevos jueces para el Tribunal Supremo, también numerosas presidencias de Audiencias Provinciales o puestos relevantes en Tribunales Superiores territoriales. Eso es lo que quiere parar ahora la proposición del PSOE y Podemos mientras no se acometa la renovación del órgano. La propuesta recupera así literalmente parte de la redacción de la polémica propuesta de reforma que abogaba por eludir la mayoría de tres quintos necesaria de las Cortes para elegir a los jueces que integran el Consejo. Sánchez se comprometió a congelarla para facilitar el acuerdo con el PP.
Lo que pretendía el Gobierno era que bastase con una mayoría simple, hacer valer sus apoyos parlamentarios y no necesitar llegar a un pacto con el PP al que acusan de torpedear la renovación. El reparto de fuerzas del CGPJ mantiene todavía el que surgió tras la mayoría absoluta de Mariano Rajoy y los conservadores son mayoría. El último plan para el CGPJ del Gobierno se ha interpretado por el PP como una medida de presión para desbloquear la situación aceptar el cambio de jueces.
Al mismo tiempo, supone tensar la cuerda con los miembros del Consejo, que ya en octubre defendieron sus últimos nombramientos, incluidos la mayoría de los considerados vocales progresistas. Se amparan en la Ley vigente frente a los reparos que públicamente mostró el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Ahora en el gabinete socialista, Campo fue vocal del Consejo y durante su mandato también se hicieron nombramientos estando en funciones.
Acuerdos por unanimidad
Según los datos recopilados por este periódico sobre los dos últimos años, de los 59 nombramientos una quincena fue por unanimidad entre los 21 miembros que integran el Pleno del CGPJ. Del resto, la inmensa mayoría supera las tres cuartas partes de consenso. En el año 2020 se han hecho 15 nombramientos frente a los 44 del año anterior. No hubo ninguno durante los meses del confinamiento y han sido varias las veces que el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, los ha paralizado ante los cantos de sirena que apuntan a un inminente acuerdo entre el PP y el PSOE para renovar el órgano. Pero al final nunca se materializa.
A lo largo de este año 2020, 14 de los 15 nuevos jueces designados lo hicieron con 19 votos a favor de los 21 vocales que tiene el Consejo. En los últimos han coincidido votando en blanco Álvaro Cuesta y Concepción Sáez, considerados del bloque progresista. De cara a las próximas semanas, hay al menos 16 nombramientos en curso pendiente de decidir. Pero fuentes del Consejo informan que la lista es aún mayor si se tiene en cuenta plazas ya vacantes por jubilaciones.
Al tratarse de una proposición de Ley impulsada por grupos parlamentarios, se abre a una tramitación rápida. Por plazos, puede estar lista antes de que acabe el año ya que no es necesario pedir informes preceptivos ni al Consejo de Estado ni a la Fiscalía ni al propio Consejo General del Poder Judicial.
De cara a la pugna que mantienen sobre la renovación del órgano, la portavoz parlamentaria de los populares, Cuca Gamarra, definió la proposición del PSOE y Podemos como “una vuelta de tuerca más”. Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, contestó que se les “agota la paciencia”. Tan solo unas horas antes el ministro de Justicia había dicho que ya hay acuerdo con el PP y solo falta hacerlo público. Desde el principal partido de la oposición lo niegan.
