Las cifras ponen de manifiesto que el Gobierno pisa el acelerador en el traslado de inmigrantes de Canarias a la Península. Una media cercana a los 40 diarios; en cuatro meses, el doble de reubicaciones que en todo 2020. Las instalaciones de acogida en las islas hace tiempo que están desbordadas y el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) insta a ordenar los flujos migratorios para evitar situaciones como las que se han vivido en los últimos años, en el marco de una crisis con pocos precedentes.
De acuerdo a los datos que maneja el Gobierno y a los que ha tenido acceso Vozpópuli, entre el 1 de enero y el 1 de mayo de 2021 se han aprobado 4.448 traslados de inmigrantes a la Península. Todos ellos llegaron a Canarias por vías irregulares: España ya se ha convertido en el país de la Unión Europea que recibe un mayor número de inmigrantes por vía marítima (40.106 en 2020), con el archipiélago canario como destino principal (23.059 en el mismo periodo de tiempo).
Unas estadísticas que dieron pie a una de las mayores crisis migratorias que se han vivido en las islas en las últimas décadas. El Gobierno, ante el colapso de las instalaciones habilitadas, se vio obligado a recurrir a dependencias militares y a espacios hoteleros para dar cabida a todas las personas que llegaron desde costas africanas. La crisis derivada de la pandemia potenció los flujos migratorios y el cierre de fronteras en los países de origen impidió su devolución.
El doble que en 2020
Según las explicaciones ofrecidas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cada inmigrante que se traslade desde Canarias a la Península debe cumplir con unos requisitos. Se habla de colectivos en situación de vulnerabilidad o de personas que sufran “deterioro físico, psicológico, u otras circunstancias económicas, sociales o familiares”. Las transferencias se llevan a cabo tanto por vía aérea como marítima, con destinos prioritarios en los puertos de Huelva y Cádiz, así como en los aeropuertos de Madrid, Sevilla y Málaga.
Y en lo que va de año se han disparado las cifras de acogida de personas que encajarían en esta descripción. 4.448 en cuatro meses, datos que contrastan con los 2.168 que se aprobaron en todo 2020. Las reubicaciones fueron objeto de polémica política, después de que la oposición acusara al ejecutivo de “opacidad” en las decisiones.
Como desveló este diario, las mafias trataron de explotar la situación y ofrecían a los inmigrantes un pasaporte falso con el que intentar acceder a la Península al margen de los controles habituales. La Policía desarticuló una trama que ofrecía empadronamientos en la ciudad de Granada.
De Canarias a Ceuta
El Departamento de Seguridad Nacional -órgano adscrito a Moncloa y de asesoramiento directo a la presidencia del gobierno- la ordenación de los flujos migratorios es uno de los principales retos a los que se enfrenta España. En su Informe Anual 2020, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional el pasado mes de marzo, instaba a ampliar las infraestructuras de atención temporal, internamiento y acogida de emergencias; también a mejorar las capacidades de transporte, salvamento, campamentos y “otras necesidades críticas”.
Asimismo, el DSN lanza un mensaje a las diferentes administraciones para mantener una “unidad de criterio y doctrina” en el ámbito migratorio. Y advierte: “La colaboración con los países de origen y tránsito de la migración irregular es un vector fundamental para reducir los flujos migratorios hacia España”.
Recomendaciones que cobran especial relevancia tras la crisis sufrida en Ceuta en la última semana, con la entrada de 8.000 personas en apenas 48 horas tras la laxitud del gobierno marroquí en el marco de una grave crisis diplomática entre Madrid y Rabat. Unas cifras que detonan cualquier atisbo de estabilización en las estadísticas migratorias que registra España en lo que va de año.
