El Gobierno ha querido desligar este martes la posible responsabilidad que pueda tener el Rey emérito ante la Justicia, asegurando que se es responsable de forma individual, del actual Jefe del Estado el Rey Felipe VI. De hecho, la Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha querido recalcar que el actual Monarca renunció a la herencia que le pudiera corresponder de su padre en lo que respecta a la Fundación Lucum, donde presuntamente se ingresó el regalo de 100 millones que le hizo a Juan Carlos I el Rey saudí.
La ministra de Hacienda ha querido dejar claro que la justicia tiene que ser igual para todos, en referencia a la investigación que hay en torno a esta donación y por ello, ha precisado que el Gobierno y los órganos que dependen de él "colaboran y hacen auxilio activo cuando son requeridos".
Y en el caso concreto de la investigación sobre el Rey emérito, ha precisado que "en justicia, cada uno responde de manera individual" tanto dentro como fuera de España. Por lo que ha recalcado que las actuaciones llegan directamente a las personas involucradas y será la justicia la que tenga que determinar las actuaciones, limitando la acción del Gobierno a la de "auxilio", sin opinar para no hacer "juicios paralelos".
En este contexto, ha señalado que las actuaciones judiciales por parte de los tribunales de otros países se dirigen al antiguo jefe del Estado y "para nada tienen repercusión ni impacto en el actual". Incluso ha recordado que cuando se empezaron a conocer determinados extremos de esta cuestión, Felipe VI "renunció a la herencia que le pudiera corresponder con motivo de esta Fundación".
Y sobre las revelaciones de los últimos días en cuanto a que el Rey emérito no pagó impuestos por la donación de los 100 millones de dólares que le realizó el Rey saudí, Montero no ha precisado si Hacienda está realizando o ha realizado actuaciones al respecto. "Nunca damos actuación sobre las actuaciones de la Agencia Tributaria, no solo por voluntad, sino por obligación legal", ha precisado.
No obstante, ha dicho que es obvio que el Gobierno está comprometido contra el fraude fiscal, por que de lo contrario no habría justicia fiscal. De hecho, ha alabado el trabajo de los funcionarios de la Agencia de los que ha asegurado que están aflorando "cifras récord" de patrimonios que no se conocían.
Sobre este asunto también se ha pronunciado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que se encontraba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros junto con la Portavoz, el vicepresidente Segundo y el ministro de Transportes.
Iguales ante la ley
Campo, que también es juez de carrera, ha pedido que sean los jueces quienes averigüen lo que ha ocurrido y ha recordado que entre los pilares del Estado social y democrático de derecho están la igualdad ante la Ley y la presunción de inocencia. "No nos ha ido mal en los últimos 40 años con estos principios", ha remachado.
Y tanto Montero como Campo han querido enviar un mensaje de "tranquilidad, serenidad y confianza en los valores que nos hemos dado y que regulan nuestra vida", ante la posibilidad de que Juan Carlos I pueda acabar siendo juzgado por los hechos que se están conociendo.
El ministro de Justicia ha recalcado esa necesidad de "confianza" en la independencia de la Justicia y ha apuntado que, aunque hace muchos años se pensaba que la gente importante podía no ser condenada, las hemerotecas demuestran lo contrario. En este sentido, ha admitido que la justicia es lenta pero trabaja y ha pedido dejar actuar al Ministerio fiscal con autonomía y tener confianza en las instituciones que nos dimos con la Constitución de 1978.
