El Gobierno continúa trabajando en la trasposición de la directiva europea de protección al denunciante, conocida como 'whistleblower', que debía poner en marcha este viernes para cumplir con el plazo impuesto por Bruselas.
Fuentes del Ministerio de Justicia han precisado a Europa Press que "solo queda cerrar algunos flecos pendientes" y que está previsto que en enero el departamento dirigido por Pilar Llop eleve el texto al Consejo de Ministros. Según han indicado, el Ministerio está en contacto con la Comisión de la Unión Europa, donde tienen conocimiento de los "avances" en la elaboración de la trasposición de la directiva europea 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
Las mismas fuentes, además, han explicado que el Ejecutivo pretende iniciar la tramitación de la directiva "antes de que se abra un posible procedimiento sancionador" contra España con la intención de trasladar un "claro mensaje" a Europa de la "voluntad inequívoca" del Gobierno de cumplir con el mandato de la trasposición.
El pasado 25 de febrero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España a pagar una multa de 15 millones de euros por no haber adoptado a tiempo la directiva de protección de datos personales para facilitar su intercambio entre las autoridades policiales y judiciales para investigar y castigar delitos.
En este caso, la directiva 'whistleblower' intenta buscar nuevos canales eficientes contra la delincuencia y la corrupción, para proteger de manera especial a las personas que trabajan para una organización pública o privada o están en contacto con ella en el contexto de sus actividades laborales, que suelen ser las primeras en tener conocimiento de amenazas o perjuicios para el interés público.
