"No se tocará una coma". El Gobierno no quiere enmiendas al texto de la reforma laboral. Y ha trasladado a sus socios de investidura que quiere aprobar exactamente el mismo texto que pactaron la patronal y los sindicatos en el Congreso de los Diputados. La nueva normativa que regirá las relaciones laborales en España se votará el 7 de febrero en el Parlamento. "La idea es no cambiar nada", dicen fuentes del Gobierno. "Cualquier modificación, por pequeña que sea, puede provocar que alguna de las partes se descuelgue del acuerdo".
La postura de la coalición es inamovible. Según estas fuentes, tanto el presidente Pedro Sánchez como la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, comparten la importancia de mantener el texto tal y como se pactó en el seno del diálogo social.
Este planteamiento dificulta el apoyo de partidos como ERC y EH Bildu, aliados habituales del Ejecutivo, que quieren cambios más profundos. Sánchez y Díaz necesitan que patronal y sindicatos se mantengan en el barco de cara a las reformas prometidas a Bruselas para recibir los fondos europeos.
Bolaños, contra sus socios
La respuesta del Consejo de Ministros no se ha hecho esperar. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha advertido a sus socios de que votar en contra de la reforma laboral es apoyar la legislación del PP, vigente desde el 2012. "Votar en contra de la reforma laboral es votar a favor de la reforma de 2012", que fue una reforma "brutal" contra los trabajadores, "impuesta, unilateral y absolutamente desequilibrada", ha argumentado Bolaños.
El Gobierno no ha querido desvelar qué vía de negociación elegirá para sacar adelante su decreto. Vozpópuli ha informado de que la opción de Ciudadanos está encima de la mesa, lo que hace incompatible cualquier acuerdo con la izquierda independentista. En ese sentido, el partido de Inés Arrimadas está alineado con el Ejecutivo, porque no pide cambios en el texto, sino que se mantenga el de patronal y sindicatos.
Además de Ciudadanos, el Gobierno confía en sumar los apoyos del PNV -seis diputados- y los cuatro escaños del PDeCAT. Y también cuenta con el respaldo de otros partidos que los regionalistas cántabros, Teruel Existe e incluso Coalición Canaria están dispuestos a respaldar la propuesta del Ejecutivo. Todos estos grupos, unidos a los 155 diputados de la coalición PSOE-Unidas Podemos, garantizan al Gobierno una cómoda victoria parlamentaria.
Los escenarios en los que trabaja el Ejecutivo podrían hacer incluso irrelevante al PNV, si otros grupos minoritarios como Más País, Compromís o incluso Navarra Suma optan por no bloquear la reforma en el Congreso. Los nacionalistas vascos se han posicionado en el no, ya que considera que los convenios autonómicos laborales deberían ser "preferentes" a los del Estado.
El PSOE se moviliza por la reforma laboral
Mientras Unidas Podemos trata de convencer a sus socios separatistas, el PSOE ha activado una campaña nacional en defensa de la nueva normativa laboral. La secretaria de Justicia, Relaciones Institucionales y Función Pública del PSOE, Llanos Castellanos, ha anunciado que el partido presentará mociones en Ayuntamientos y Parlamentos autonómicos para "respaldar la reforma laboral y el diálogo social en un acuerdo de país, que ya cuenta con el aval de sindicatos y patronal".
“Una vez más, los socialistas demostramos que hay dos formas de gobernar. Aquella que aplican los gobiernos del PP, con los que se retrocede, y la que defiende el PSOE, con la que se avanza y crece”, ha dicho Castellanos.
Sánchez -como ha hecho en otras ocasiones- esperará a ver si Podemos consigue los apoyos a cambio de cesiones poco sustanciales. Y si no delegará en Bolaños la búsqueda de esa mayoría alternativa. El titular de Presidencia ha mostrado su predisposición al diálogo incluso con el PP, que sugirió primero una abstención para situarse después en el no. El titular de Presidencia ha sido interlocutor habitual con Ciudadanos en el pasado y ha mostrado su predisposición a negociar con todos los grupos de la Cámara.
