El Gobierno ha acordado este martes en el Consejo de Ministros la tramitación administrativa urgente del anteproyecto de ley para regular los incentivos a la contratación laboral y otras medidas otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social sometió el texto a consulta pública entre el 16 de septiembre y el 7 de octubre, y en el documento advertía de "la excesiva fragmentación y dispersión de normas que en la actualidad establecen incentivos a la contratación u otras medidas de empleo".
Esas bonificaciones suponen en su conjunto un 25% del gasto total en políticas activas del mercado de trabajo y van "en detrimento, sin lugar a duda, de la transparencia, eficacia y eficiencia de tales medidas".
El documento expuesto a consulta pública también informaba de que las bonificaciones de cuotas, con cargo al presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ascendieron en 2020 a 1.821,6 millones de euros.
"Falta de visión integral" en las medidas de impulso del empleo
Trabajo acusaba en esos incentivos "una falta de visión integral" en las medidas de impulso del empleo, ya que además de las bonificaciones estatales existen subvenciones concedidas con fondos estatales, de las comunidades autónomas o cofinanciados por la Unión Europea.
La cartera dirigida por Yolanda Díaz reconocía en el documento de consulta pública que las subvenciones y bonificaciones a la contratación aplicadas hasta la fecha no habían logrado "resolver los problemas estructurales del mercado laboral español" y además resultaban "poco eficaces para lograr un impacto que perdure en el tiempo".
El impulso de Trabajo para corregir esas deficiencias también responde a las recomendaciones de Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que en 2020 ya alertó de que los efectos positivos de estas políticas eran "modestos" y recomendaba, entre otras medidas, "homogeneizar los requisitos sobre las empresas beneficiarias".
Para corregir las carencias detectadas por la AIReF y otros análisis, la intención de Trabajo es crear un marco jurídico único, establecer un tronco común de disposiciones generales y simplificar los incentivos y homogeneizar los requisitos de las empresas beneficiarias.
También se centrará en hacer un seguimiento continuo de los incentivos y en centrarlos en la empleabilidad de las personas desempleadas y para contratos indefinidos, según aparece en el texto sometido a consulta pública.
El Consejo de Ministros también ha acordado este martes la tramitación administrativa urgente del Anteproyecto de Ley para reformar texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en lo referente al nivel asistencial de la protección por desempleo.
