El Consell ha aprobado este viernes el anteproyecto de Ley de Fomento de la Responsabilidad Social, en la que se defiende que los criterios en la contratación pública no sean estrictamente económicos e incorpora aspectos sociales, éticos y ambientales. Entre ellos, se establece que el licitador tendrá que presentar una declaración responsable por la cual no podrá realizar operaciones financieras en paraísos fiscales que sean consideradas delictivas.
Así lo ha explicado el conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, que ha señalado que esta es una herramienta estratégica, y transversal, para la planificación de las políticas públicas de responsabilidad social y para su adopción transversal en las administraciones públicas.
Con ella, la Comunitat será, tras Extremadura, la segunda autonomía que dispondrá de una ley en este sentido, que entre sus ejes regula el compromiso de las administraciones públicas valencianas y del sector público instrumental para integrar en sus políticas la responsabilidad social, de modo que la Generalitat deberá remitir una memoria anual a las Corts.
Este compromiso de las administraciones públicas valencianas afectará a la gestión de sus recursos humanos y a la prestación de sus servicios a los ciudadanos, y se promoverán fórmulas que, como el teletrabajo, permiten la flexibilidad y racionalización de horarios por facilitar la conciliación de la vida personal y laboral, además de fomentar la implicación de su personal en acciones de voluntariado corporativo.
Contratación pública responsable
Uno de los puntos que incluye el anteproyecto es el impulso de la contratación pública responsable, de modo que en los procedimientos de licitación y adjudicación se tendrán en cuenta aspectos sociales, éticos y ambientales, facilitando que se introduzcan cláusulas de responsabilidad social como criterios de adjudicación o como condición especial de ejecución.
Así, pretende implantar la regla general de que los contratos públicos no se adjudiquen tan solo teniendo en cuenta la oferta económicamente más ventajosa para la Administración, sino a la oferta que suponga una mejor relación coste-eficacia, justamente valorando esas cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública.
Esas cláusulas, ha explicado el conseller, están relacionadas con la garantía de los convenios laborales, el comercio ético y de proximidad o la cláusula lingüística, favoreciendo la promoción del uso del valenciano, además de aspectos medioambientales o de promoción cultural.
Además, el licitador o contratista tendrá que presentar una declaración responsable por la cual no podrá realizar operaciones financieras en paraísos fiscales que sean consideradas delictivas, estableciendo mecanismos punitivos en caso de incumplimiento.
"Llegamos al límite" permitido por la ley estatal que regula los contratos, ha dicho Alcaraz, ya que esta impide establecer una prohibición absoluta de contratar con empresas que operen de manera fraudulenta en esos países.
Entidades "socialmente responsables"
También se pretende incentivar la responsabilidad social en el ámbito privado mediante la promoción de las empresas y entidades privadas que adopten un enfoque socialmente responsable en su actividad.
Para ello, se crea la calificación de 'Entidad Valenciana Socialmente Responsable' que se otorgará después de presentar una memoria que será evaluada por auditores independientes y que supondrá beneficios en materia de contratación pública, concesión de subvenciones o posibles ventajas fiscales, además de visibilización a través de un distintivo proporcionado por la Generalitat.
La ley también crea el Consejo Valenciano de Responsabilidad Social, órgano colegiado y de participación en esta materia y, al mismo tiempo, se constituye como Observatorio de la Responsabilidad Social en la Comunitat, actuando como órgano de información y consulta. Como instrumento de planificación y gestión, el Consell deberá aprobar un 'Plan Valenciano de la Responsabilidad Social' que será de carácter plurianual. Asimismo, la Conselleria pondrá en marcha una 'Red de Municipios Socialmente Responsables'.
