Un total de 1.000 enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023 han sido vetadas por el Gobierno y no se tramitarán en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo, a través del Ministerio de la Presidencia, remitió el pasado martes a la ministra de la Cámara, Meritxell Batet, un escrito con todas las propuestas rechazadas. Uno de los principales damnificados de esta decisión es el PP, al que le han bloqueado más de 250 enmiendas.
El escrito, firmado por Rafael Simancas y al que ha tenido acceso Vozpópuli, destaca que "el Gobierno no da su conformidad" a todas esas enmiendas "por suponer aumento de gasto o minoración de ingresos" en el texto presentado por María Jesús Montero.
Además, añade el Gobierno, "ante el elevado número de enmiendas presentadas a los Presupuestos Generales del Estado", el Ejecutivo tan solo ha enviado una primera lista de enmiendas rechazadas, que se completará "mediante nuevo oficio que se remitirá a la mayor brevedad posible".
Veto al plan económico del PP
De las 1.000 enmiendas vetadas por el Gobierno, 250 son del PP, entre las que se encuentran las principales propuestas que componían el plan fiscal alternativo del partido para dar oxígeno a las familias en estos momentos de crisis, como la de rebajar el IRPF, mediante su deflactación, a las clases medias y más vulnerables, o el IVA de los productos básicos de la cesta de la compra.
En este primer “veto masivo” de enmiendas por parte del Ejecutivo también se incluyen otras de incentivos fiscales temporales y específicos expuestas por Feijóo para ayudar a emprendedores o las familias con peor situación económica. También se impide el debate de otras enmiendas que presentó el GPP para mejorar la situación de distintos colectivos.
Así, se rechazan las propuestas para el cumplimiento del compromiso de equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la exención de ayudas agrícolas en el IRPF, la bonificación a la factura del gasóleo, fertilizantes, piensos y plásticos de los agricultores y ganaderos, la bajada al 5% en 2023 de la electricidad, el gas, la leña y los pellets, mejorar el complemento de maternidad, la creación de planes de empleo para parados de larga duración o de un fondo de asistencia para el empleo juvenil.
También se vetan al debate planes de empleo especiales para los mayores de 45 años, la bajada al 4% del IVA de los pañales, del 21 al 10% en peluquerías, el retraso de la entrada en vigor del impuesto de los envases de plástico, un plan integral para las personas sin hogar o un plan de bonificaciones fiscales en una cuenta de vivienda de ahorro joven.
Asimismo, se rechazan medidas en territorios concretos como la mejora del servicio ferroviario en Extremadura, las cercanías de Valencia o los planes de empleo en las Islas Baleares, Ceuta y Melilla, así como planes de vivienda y un plan fiscal especial para la isla de La Palma, entre otras muchas.
Por todo ello, el PP denuncia "el nuevo abuso por parte del Ejecutivo" al no presentar argumentos suficientes como ha dictado el Tribunal Constitucional, "alegando conceptos inexistentes y usurpando funciones del Legislativo limitando sus competencias y vulnerando la separación de poderes consagrada en la Carta Magna".
