El caso Sogecable vuelve a la Audiencia Nacional 25 años después. Javier Gómez de Liaño, entonces juez instructor de la causa que salpicó al Grupo Prisa, compareció este jueves en el caso Villarejo para confirmar lo que el comisario jubilado lleva tiempo denunciando: que fue víctima de una operación orquestada para apartarle del caso Sogecable y que le acabó costando su inhabilitación y expulsión de la carrera judicial.
Fuentes jurídicas confirman a Vozpópuli que Gómez de Liaño ha ratificado los extremos de la denuncia que presentó Villarejo en los juzgados de Plaza Castilla en octubre de 2019. El magistrado que investiga los espionajes del comisario le citó para este 1 de diciembre, tal y como avanzó este medio, por un encargo que se fraguó en 1997 y que tendría como principal objetivo apartarle de la investigación a Sogecable.
Manuel García Castellón le citó a declarar tras confirmar que es perjudicado de los trabajos de José Manuel Villarejo. Su comparecencia de este jueves se alargó varias horas y en la misma participó también el principal imputado de esta causa en su condición de abogado. A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Gómez de Liaño relató una serie de episodios que se produjeron desde 1997 para que dejase de investigar los hechos que afectaban a una de las empresas del Grupo Prisa.
La denuncia de Villarejo
El propio Villarejo pidió a los juzgados de Plaza Castilla que investigase esta operación en la que él mismo participó por encargo expreso del PSOE. En la denuncia interpuesta mientras cumplía prisión provisional en Estremera, el agente encubierto explicó que en marzo de 1997 le contactó el exdiputado del PSOE José María 'Txiki' Benegas en nombre de Felipe González y le planteó que a las reuniones se incorporaría el periodista Carlos Carnicero en representación del Grupo Prisa. "A Polanco casi ni se mencionó", dijo.
Gómez de Liaño ha confirmado que las fechas que desveló Villarejo coinciden con los hechos. El comisario dijo que se pagaron sobornos a un magistrado del Supremo para que le inhabilitara
El comisario expuso que se le encargó específicamente "controlar" a Gómez de Liaño y a su pareja sentimental. "Tenía como objetivo conseguir información íntima de la señora para encontrar otras relaciones anteriores de naturaleza problemática", expuso y añadió: "Igualmente se planteó la posibilidad de vincular al Sr. Liaño con la esposa de José María Aznar (Ana Botella) por su coincidencia de apellido (Gómez de Liaño Botella) para, llegado el caso, considerar la acción contra Sogecable una operación política", añadió.
Para tal fin, contó con la colaboración de José Aliste, un abogado que conoce a Villarejo desde hace años y que también figura en sus famosas grabaciones. De él dice que estaba "muy vinculado" al CESID, a la Policía y también al mundo de la delincuencia internacional por ser confidente de la DEA. Entre los cometidos de Aliste estaba conseguir informaciones de sumarios que instruyó Gómez de Liaño para "realizar actuaciones de todo tipo y de desprestigio".
Sobornos a un juez del Supremo
De hecho sostiene que también se recurrió a Aliste para que los pagos a los implicados llegaran a su destino final. Al respecto desveló que para cerrar el asunto económico de la operación Sogecable se reunió en abril de 1998 con el periodista Antonio Navalón y que le facilitaron 12 millones de pesetas para "pagos a los colaboradores". Entre los implicados en este asunto se encontrarían, siempre la versión de Villarejo, el juez Enrique Bacigalupo.
Se trata de uno de los magistrados del Supremo que integró el tribunal que inhabilitó al entonces juez. Sostiene que el dinero se envió a un banco de Zúrich y que se trianguló la ruta del dinero empleando cuentas en Colombia y Delaware y que también percibió sobornos por estos hechos un magistrado de la Audiencia Nacional. Además, Villarejo deslizó en su denuncia que Baltasar Garzón estaría al tanto de la también conocida como operación Prisa.
Tanto es así que, muchos años después, comentó con Garzón "de pasada" la existencia de la operación Sogecable mientras almorzaba con él en un restaurante del centro de Madrid "coincidiendo con los preparativos de la operación Gürtel".Se trata de una versión que también se recoge en algunos audios incautados a Villarejo. En concreto existe una conversación de 2009 en la que éste le dijo a su interlocutor que estaban en el mismo restaurante donde se fraguó la "conspiración" por el caso Sogecable.
Gómez de Liaño pide los audios
Al respecto el propio comisario expuso en su denuncia de 2019 que tenía grabaciones de todo lo que estaba contando y que estaban depositadas en una caja fuerte de su domicilio de Boadilla del Monte (Madrid). Por todo ello, Gómez de Liaño pidió personarse como perjudicado en la causa que ahora se investiga en la Audiencia Nacional.
Aunque el juez en un primer momento desestimó la petición, la Sala de lo Penal entendió que no cabía duda de que había que investigar este episodio, aún a cuenta de que el presunto delito de cohecho estaría prescrito. Argumentaron que la actuación formaba parte de una "actividad delictiva" que se alargó en el tiempo y que sería constitutiva de organización criminal, delito que no podían considerar prescrito "en ningún caso".
Por ello, García Castellón le personó como víctima de Villarejo y le emplazó a declarar este 1 de diciembre. Gómez de Liaño, por su parte, pidió al órgano las grabaciones que obran en la causa y que demostrarían que existió una operación dirigida por el PSOE y el Grupo Prisa para acabar con él. El juez ha accedido a incorporar la sentencia del Tribunal Supremo del 15 de octubre de 1999 por la que quedó inhabilitado, así como el fallo del Tribunal de Estrasburgo que en 2008 dictaminó que el exjuez no tuvo un juicio independiente.
