El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha asegurado este lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pactaron en la reunión que celebraron en Moncloa el pasado 10 de octubre no tocar el delito de sedición y que no habría magistrados "afines a ERC" en el Tribunal Constitucional. Además, ha desvelado el rechazo a los términos del acuerdo de los ministros jueces que forman parte del Gobierno.

Eso sí, González Pons ha recalcado que la negociación "no estaba cerrada" la pasada semana -cuando el PP decidió el jueves por la tarde suspender las negociaciones por el delito de sedición- porque, según ha subrayado, quedaba el "tema principal", que es un nuevo sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En una entrevista en 'Onda Cero', González Pons ha explicado que "el abaratamiento de las penas" por el delito de sedición y la posibilidad de que entrasen "magistrados afines a ERC" en el Tribunal Constitucional estuvo claro "desde el principio".

"De esto se trató en la primera reunión que tuvieron Sánchez y Feijóo en Moncloa, a la que asistimos también Bolaños y yo. Y se pactó que no se tocaría el tema de la sedición", ha manifestado el dirigente del PP, que ha sido el negociador por parte de los 'populares'.

Además, ha indicado que se acordó en la última reunión, en un "clima de buena sintonía", que el presidente del Gobierno comunicaría al líder del PP "quiénes iban a ser los candidatos del Gobierno para el TC" con el fin de que el primer partido de la oposición "pudiera comprobar que no entraba ningún afín a ERC".

Así, Pons ha apuntado que el Gobierno les ofreció dos fechas porque la negociación no estaba cerrada. "Una de las grandes novedades que iba a contener esta negociación era que no se iba a negociar ni la Presidencia del Consejo General ni del Tribunal Constitucional, iban a ser los magistrados y los vocales los que eligiesen", ha apuntado.

Sin embargo, ha admitido que las cosas empezaron a "complicarse" cuando se informó en los medios de que "se acercaba la reforma del delito de sedición".

González Pons también ha desvelado la "inquietud" de los ministros jueces que forman parte del Gobierno (Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Pilar Llop).

Según ha recalcado, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, les había trasladado tanto "por palabra como por escrito" que lo relativo a la reforma penal "no era noticia" sino "periodismo de autor", pero luego Pedro Sánchez confirmó "lo contrario" a Feijóó. Por ello, ha enfatizado que la última reunión no era de "trámite", sino que era "decisiva".

Rechazo de los ministros jueces

González Pons también ha desvelado la "inquietud" de los ministros jueces que forman parte del Gobierno (Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Pilar Llop) y ha indicado que, desde el martes, al conocer los requisitos acordados, "hubo una oposición" a que ese pacto "fructificase".

"El martes no hubo reunión porque el lunes los ministros jueces protestaron por uno de los artículos de la Ley Orgánica que negociábamos y tuvimos que renegociarlo entre el lunes y el martes hasta llegar a un acuerdo por el cual los actuales ministros no iban a poder incorporarse a sus puestos de trabajo al salir de los actuales ministerios", ha explicado.

De lo que discrepaban, según Pons, es de que el compromiso se les aplicase "personalmente" a ellos. Este compromiso tenía tres partes: que el juez que se incorpora a la política lo hiciera en excendencia -dejando de computar su antigüedad-; que el juez que vuelve de la política esté dos años sin dictar sentencias a disposición del presidente de su tribunal y que vuelva a concursar para recuperar su plaza.

Finalmente, acordaron que no se les aplicaría la primera parte porque no tenía sentido que se les aplicara cuando habían entrado en unas condiciones laborales en el Gobierno.

Proposición de ley orgánica

Pons ha asegurado que la mayor parte del tiempo la han pasado redactando una proposición de ley orgánica de reforma de la del Poder Judicial y del Estatuto Fiscal que se iba a tramitar "al mismo tiempo" que se examinaba a los candidatos al CGPJ y las nuevas condiciones para acceder al Consejo del Poder Judicial "que se establecían en esa proposición de ley y ya se les exigían a los candidatos que van a ponerse sobre la mesa".

Así, ha insistido en que había una lista de veinte nombres, una proposición de ley orgánica y quedaba el asunto principal por negociar "el que podía dar el sí igual no a toda la negociación". "Pedíamos al Consejo General del Poder Judicial que en el plazo de seis meses y por mayoría de tres quintos nos propusiera un nuevo modelo de Consejo General del Poder Judicial que pudiera ser aceptado por el informe sobre Estado Derecho de la Unión Europea", ha apostillado.

En cualquier caso, y pese a la suspensión de las negociaciones el pasado jueves, ha dicho que el PP "sigue abierto si el Gobierno vuelve al constitucionalismo".

Preguntado acerca de si el Grupo Parlamentario Popular se propone a llevar al Congreso el proyecto de reforma de la Ley del Poder Judicial dado que estaba pactado, Pons ha señalado: "No lo descarte". No obstante, ha matizado que todavía están en un momento "en el que las puertas están cerradas, pero no con llave". "Hemos suspendido la negociación, pero si renuncia a pactar con los independentistas estamos dispuestos a seguir adelante", ha añadido.

Sánchez ha elegido a ERC, según Pons

Pons ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez estaba "jugando a dos barajas" y le han "obligado a elegir" entre ERC y los constitucionalistas. A su entender, "no puede estar con los dos a la vez" y "el problema es que ha vuelto a elegir a ERC". Además, ha indicado que el Gobierno "sabía cuál era su condición" y el PP "no ha engañado".

En cualquier caso, y pese a la suspensión de las negociaciones el pasado jueves, ha dicho que el PP "sigue abierto si el Gobierno vuelve al constitucionalismo", mientras que no van a pasar por el aro que pactasen con ERC a la vez que con el PP.

El vicesecretario de Institucional del PP ha indicado que el Gobierno debería en este momento devolver sus facultades al CGPJ para hacer nombramientos porque hay un 20% de vacantes sin cubrir en el Tribunal Supremo. "Ahí está el verdadero problema", ha asegurado. Además, ha admitido que el acuerdo "tiene que ser un todo y no solo puede ser una parte".

Por otro lado, ha admitido haber mantenido un contacto con el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, tras la ruptura de la negociación, aunque no ha desvelado en qué ha consistido por respeto al comisario. Eso sí, ha detallado que Reynders les ha trasladado la preocupación por la relación que tiene el Gobierno de España con los independentistas.

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