El abogado Gonzalo Boye, uno de los letrados que coordinan la defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont, nunca ha dejado la primera plana informativa. Y desde este lunes suma otro frente, aunque en esta ocasión el protagonista es él mismo y su despacho profesional.
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha ordenado este lunes una operación contra el supuesto blanqueo de capitales relacionado con un delito contra la salud pública. Y en ella se enmarca el registro de la casa y el despacho profesional de Boye, que también fue letrado del narcotraficante Sito Miñanco.
El currículo de este letrado, nacido en Chile en 1965, mezcla sus vínculos de juventud con ETA, ya que fue condenado a 14 años de cárcel por colaborar en el secuestro del empresario Emiliano Revilla, con la defensa de terroristas islámicos, como el iman Hesham Shashaa, pero también al expresidente catalán Puigdemont.
Papeles de Bárcenas
En 2013 Boye interpuso una querella en nombre del centro de derechos humanos denominado Observatori DESC contra por la financiación ilegal del PP destapada tras la publicación de los denominados papeles del ex tesorero Luis Bárcenas por el diario El País. Y desde entonces ejerce la acusación popular en esta causa, que en los próximos meses será juzgada en la Audiencia Nacional.
En el año 2014 se incorporó al equipo jurídico que defiende a Edward Snowden, antiguo empleado de la CIA fugado a Moscú, que filtró a la prensa documentación clasificada de Estados Unidos.
Y tras la fuga de Puigdemont, Boye trató de personarse sin éxito en el Tribunal Supremo en nombre de expresidente catalán y el resto de consejeros catalanes fugados. Ahora Boye es uno de los abogados que coordina la defensa de los fugados en Bélgica, país que deberá decidir en las próximas semanas sobre la extradición reclamada por el juez Pablo Llarena.
