El Govern continúa ganando tiempo para no cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia d Cataluña (TSJC) que obliga a las instituciones catalanas a garantizar el 25% de castellano en clase en todos los centros educativos públicos. Y lo hace a través de una batería de alegaciones presentadas por la Generalitat contra la demanda de ejecución forzosa de la sentencia presentada por Asamblea por una Escuela Bilingüe y por la plataforma Escuela de Todos. Entre ellas, que sería "contraproducente" cambiar las dinámicas de impartición de las asignaturas a dos meses y medio de que finalice el curso.
El abogado de la Generalitat alega ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC que los autores de la demanda no tienen "legitimación activa" para pedir la ejecución de la sentencia y apelan al futuro decreto sobre usos lingüísticos en el que están trabajando, además de al gran pacto entre cuatro grupos parlamentarios -incluido el PSC- en materia lingüística y los perjuicios de introducir modificaciones en el sistema escolar a dos meses y medio de que acabe el curso.
La mayor parte del escrito -al que ha tenido acceso Vozpópuli- se centra en tratar de demostrar que la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) carece de legitimación activa para pedir la ejecución forzosa de la sentencia, algo que sí podría haber hecho la Abogacía del Estado, puesto que fue la que interpuso la denuncia original que derivó en la sentencia firme del TSJC. Lo hizo con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.
El Govern carga contra la AEB
La Generalitat pide a la Justicia que se inadmita o desestime la demanda de la AEB y que se le impongan costas procesales, reconociéndose de esta forma que la Generalitat "está llevando a término las actuaciones necesarias para garantizar normativamente la utilización de las dos lenguas oficiales en las enseñanzas comprendidas en el sistema educativo de Cataluña".
Según alega la Generalitat, "no es lícito afirmar que el departamento de Educación no ha realizado ninguna actividad normativa". "La documentación aportada a las actuaciones lo desmiente. Obviamente, lo que no puede pretender la Asamblea es que se reforma la ley de política lingüística y que se apruebe el proyecto de decreto saltándose todos los trámites y plazos".
"No se puede exigir la aprobación en un mes, como pretende la AEB. Lo que es relevante es que, por seguridad jurídica, la problemática quede resuelta en el plano normativo y eso es lo que ha hecho la Generalitat con las dos iniciativas normativas comentadas", añade.
"Obligar a aprobar, como pretende la Asamblea unas instrucciones o una circular a dos meses y medio para acabar el curso escolar, con la finalidad de modificar los proyectos lingüísticos, alterar la programación de todos los cursos y horarios, cambiar las dinámicas de impartición de las asignaturas y cambiar el material didáctico (con la consiguiente obligación de los padres de los alumnos de volver a comprar los libros de texto, por ejemplo) sería totalmente contraproducente porque alteraría el normal funcionamiento de todas las aulas", advierte en su escrito al TSJC.
