El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido la petición de la Unión Sindical de la Policía Autonómica de Cataluña (USPAC). La Sala de lo Social ha urgido al Departamento de Interior de la Generalitat a distribuir "con carácter urgente e inmedidato" material sanitario de protección para hacer frente al coronavirus en todos los centros de trabajo de los Mossos d'Esquadra.
En concreto, los magistrados han acordado requerir mascarillas FPP2, FPP3, gafas de protección, guantes, ropa impermeable y contenedores de residuos potencialmente peligrosos, así como "test suficientes para la evaluación de la Covid-19 de los miembros de los Mossos que hayan tenido contacto con un caso positivo". Asimismo, ha ordenado al Govern a aplicar "de forma minuciosa" procesos de descontaminación de los centros y vehículos de trabajo.
En el auto, recogido por Vozpópuli, el tribunal catalán ha asegurado que es consciente de la "escasez" de medios de protección. Sin embargo, ha insistido en que no es competencia de la Sala "resolver sobre la prioridad que las autoridades gubernativas han de dar a la distribución de equipos de protección".
Medidas cautelares "idóneas"
Los jueces han hecho hincapié en que no pueden "dejar de valorar" que la falta de las medidas de prevención solicitadas por el sindicato de los Mossos "no sólo pueden afectar a la salud, integridad física y vida de quienes prestan los servicios esenciales para la comunidad en esta crisis (sanitarios, policías, etc.), sino a los ciudadanos".
En este sentido, el el tribunal ha considerado que las medidas cautelares acordadas "en este momento procesal resultan idóneas". A su juicio, "son aptas para evitar exposición a riesgo biológico". "Si bien en el juicio podrán precisarse por parte de la demandada qué colectivos pueden tener necesidad o no de las mismas, lo cierto es que todo servicio esencial, por el solo hecho de asistir al trabajo, en situación de confinamiento generalizado, incurre ya en un riesgo, con independencia de que preste sus servicios en oficinas o en la vía pública", han explicado los jueces.
Otras ocho resoluciones
La Sala de lo Social ha hecho referencia en su auto a otras ocho resoluciones judiciales en las que se ha acordado urgir a la autoridad competente a suministrar material de protección sanitario para colectivos en riesgo. Tal y como ha recordado el tribunal, "esta Sala ya ha resuelto la petición de medidas cautelares relacionadas con la prevención de riesgos laborales, concretamente con el suministro de EPI, en otros supuestos de profesionales considerados como servicios esenciales, concretamente el personal sanitario".
