La decisión del Tribunal Supremo de paralizar el traspaso de las competencias de Tráfico a Navarra ha desencadenado un terremoto en los cimientos de la Guardia Civil, que ya trabajaba codo con codo con la Policía Foral para que los agentes autonómicos asumieran en solitario la gestión de la seguridad en las competencias navarras. Los uniformados de verde ya habían arrancado los trámites para abandonar el cuerpo o dar el salto a otras unidades en previsión de su disolución, dejando esta agrupación “bajo mínimos”. Fuentes internas señalan a Vozpópuli que esta especialidad del Instituto Armado tendrá que reforzarse en la comunidad autónoma para cumplir ahora con sus funciones.
La plantilla de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra dispone sobre el papel de 220 plazas, aunque debido a las rotaciones, bajas u otras circunstancias lo más habitual es que las unidades nunca estén completas al cien por cien; ni en ésta ni en ninguna otra con cierta envergadura dentro del Instituto Armado. Pero lo cierto es que, después de que el Gobierno pactase con EH Bildu la cesión de las competencias en Navarra, los agentes allí destinados pusieron en marcha la maquinaria para encontrar un nuevo destino.
El Ministerio del Interior apuntó tres posibilidades para encontrar un acomodo a los agentes de Tráfico de la Guardia Civil: seguir en la misma especialidad pero cambiar de región; mantenerse en Navarra y solicitar el cambio a otra unidad del Instituto Armado; o articular una pasarela que permitiese a los de verde vestir el rojo de la Policía Foral, debido a la creciente demanda que tendría el cuerpo autonómico de completar su plantilla tras la asunción de estas competencias.
Malestar en la Guardia Civil
“Muchos de los agentes de Tráfico iniciaron los trámites para abandonar la unidad”, aseguran fuentes internas de la Guardia Civil. Según detalló El Independiente el pasado mes de enero, en los tres últimos años cerca de 60 agentes solicitaron un cambio, atendiendo a las tres opciones que les ofrecía el Gobierno. La plantilla, así, quedó reducida a 160 efectivos.
Un número de agentes que en los últimos meses ha compartido las carreteras navarras con la Policía Foral, que desde el pasado mes de julio comenzó a asumir las competencias de Tráfico. Esta coexistencia se contemplaba en el plan de transición suscrito entre el Ministerio del Interior y el Gobierno autonómico de María Chivite, y que culminaría con la cesión absoluta de las competencias.
Pero la decisión judicial supone regresar al punto de partida, con la salvedad de que la Guardia Civil cuenta con menos efectivos para el cumplimiento de sus funciones. Cabe recordar que el Tribunal Supremo anunció este lunes que anulaba el Real Decreto 252/2023 sobre el traspaso de competencias a la Comunidad Foral de Navarra en materia de Tráfico de la Guardia Civil.
De esta forma, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimaba el recurso de la asociación Justicia Guardia Civil (Jucil), concluyendo que no se puede emplear un Real Decreto de traspaso para atribuir una competencia que no está reconocida en la ley más importante de Navarra (Lorafna).
El procedimiento
“Un traspaso de competencias en materia tan importante como es el Tráfico no puede hacerse por un mero acuerdo del Consejo de ministros a través de un decreto ley”, detallan desde esta asociación representativa de la Guardia Civil, al mismo tiempo que inciden en que, para ceder esta gestión, "tendrán que acudir, como marca la ley, a la modificación de la Ley del Amejoramiento del Fuero, el estatuto de autonomía por el que se rige Navarra o bien la aprobación de una ley específica que traspase esas competencias".
"Los servicios jurídicos de Jucil precisaron desde el primer momento que, con las prisas de usar a los guardias civiles como una moneda de cambio para conseguir el gobierno en la Comunidad Navarra, se saltaban los preceptos legales", esgrime el secretario general de la asociación, Ernesto Vilariño.
En este sentido, Vilariño considera que "los guardias civiles hemos sido usados, una vez más, como moneda de cambio para formar una mayoría de gobierno en una región en la que necesitaban los votos de los independentistas de EH Bildu": "No les ha importado recurrir a un método ahora declarado nulo por los tribunales para conseguir sus objetivos".
También considera que se "ha jugado" con "la vida" de los agentes destinados en la Agrupación de Tráfico de Navarra y "con las de sus familias": "Se trata de personas que residen en esta comunidad, muchos incluso son nacidos en ella y, ahora también lo reconoce la sentencia del Supremo, se les imponía la voluntad de unirse a la Policía Foral, si esto era posible, o verse expulsados de Navarra".
