La Guardia Urbana ha trasladado a la Audiencia Nacional que Tsunami Democràtic convocó las movilizaciones del secesionismo ocurridas durante la jornada de reflexión de las elecciones generales de 2019. El informe responde a la solicitud del magistrado Manuel García Castellón que en el marco de esta investigación ha requerido información a las fuerzas policiales sobre los disturbios y revueltas ocurridos entonces en Cataluña.
El oficio, que firma la Dirección General de la Guardia Civil y al que ha tenido acceso Vozpópuli, detalla el dispositivo que puso en marcha la Guardia Urbana y también todas las manifestaciones impulsadas por el independentismo. Así, en la agenda de la jornada de 9 noviembre de aquel año figuran dos movilizaciones: la primera convocada por la plataforma radical y la segunda por los CDR. Ambos entes están investigados por terrorismo en la Audiencia Nacional.
La primera de las "movilizaciones" figuraba entre las 16.00 y las 21.00 horas en la Plaza de Cataluña. "Los actos reivindicativos fueron convocados por Tsunami Democràtic para pedir que se reflexione sobre la condena del Tribunal Supremo, la violencia policial y sobre cómo se utiliza la Junta Electoral Central para coartar derechos fundamentales de manera arbitraria e indiscriminada", razona la Guardia Urbana.
La convocatoria de Tsunami
La segunda de las movilizaciones fue convocada por los Comités de Defensa de la República (CDR) entre las 19.00 y las 21.00 horas. El lugar emplazado fue Paseo de Gracia con Ronda de Sant Pere. Se trata de una zona muy cercana a la Plaza de Urquinaona donde aquellos meses de octubre y noviembre tuvieron lugar barricadas y disturbios que los investigadores atribuyen a Tsunami Democràtic y en los que resultaron heridos de gravedad tres agentes.
Precisamente este asunto está cobrando especial relevancia dentro de estas diligencias en las que el magistrado mantiene los indicios de terrorismo. De hecho, como informó este medio, los últimos movimientos del procedimiento por parte de algunos imputados -como es el caso de Marta Molina- van destinados a apartar de la causa a los agentes heridos que litigan como acusación particular.
Ese mismo 9 de noviembre, Tsunami Democràtic organizó otra concentración no convocada en la que participaron 7.000 personas, según la Guardia Urbana
El argumento esgrimido es que no hay indicios que puedan atribuir estas barricadas ni a Tsunami Democràtic ni a los imputados, entre los que se encuentran Carles Puigdemont o Marta Rovira. Sobre esto el oficio policial determina que no se confeccionaron denuncias, atestados, ni registros fotográficos o vídeos.
Del mismo modo, en el documento policial se recogen las novedades que confeccionó la Guardia Urbana sobre aquella jornada. Se trata de tres manifestaciones no convocadas, algunas de las cuáles terminaron afectando a la circulación.
En concreto la primera consistió en una acampada en la Plaza de la Universidad, en el Eixample; la segunda una concentración de los CDR a la que acudieron medio millar de personas y la tercera una concentración no convocada organizada por Tsunami Democràtic a la que asistieron 7.000 personas.
El juez consolida el terrorismo
El documento responde al requerimiento que efectuó el pasado 27 de noviembre el magistrado Manuel García Castellón para acotar la presunta implicación de Tsunami Democràtic en las protestas investigadas en el procedimiento. En ese auto el juez se dirigió a una serie de organismos nacionales e internacionales, entre los que se encuentran la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA), la OTAN o AENA.
En lo que respecta a la Guardia Urbana, reclamó que remitieran a la Audiencia Nacional todos los registros que conservaran sobre las protestas de aquella jornada de reflexión: informes, denuncias, atestados, registros fotográficos o de vídeo. "Todo lo que pueda servir para documentar lo que allí sucedió", expuso.
Del mismo modo ofició a la Guardia Civil para que investigara si, en el marco de estas protestas del secesionismo convocadas directamente por Tsunami Democràtic, "se efectuaron proclamas, discursos, mensajes, o cualquier acto de naturaleza política expresamente prohibidos por la LOREG", dado que se trataba de la jornada de reflexión.
A diferencia de la Fiscalía o de los imputados en el procedimiento, el instructor considera que las protestas más graves de la plataforma vinculada a Junts y ERC serían constitutivas de delito de terrorismo. En concreto pone el foco en los disturbios ocurridos el 14 de octubre de 2019 en El Prat. Tsunami Democràtic convocó a centenares de personas para que ocuparan en el aeropuerto llegando incluso a facilitar su entrada a las terminales con billetes falsos.
Las actas de los Mossos
Para el magistrado algunas de las pruebas incorporadas recientemente constatarían este tipo penal, así como la organización y planificación del movimiento. Al respecto destacan las actas de los Mossos d'Esquadra sobre aquella jornada en las que se recogen mensajes intervenidos a algunos de los detenidos. Dichas comunicaciones, desveladas por este medio, aludían a la organización de los actos llegando incluso a decir uno de los convocantes que en su vida había visto "algo tan bien planeado".
La causa de Tsunami se ha convertido en el verdadero escollo para Moncloa y los partidos independentistas que tratan de encajarla en la futura ley de amnistía. Precisamente la Comisión de Justicia abordará este martes las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios al texto, con el foco puesto en la exigencia de Junts de que se puedan amnistiar todos los delitos de terrorismo, incluidos los contemplados en sentencia firme.
Por su parte, el Tribunal Supremo estudia ya la petición del instructor de que asuma las pesquisas nacidas en 2018 a tenor de la condición de aforado del diputado de ERC Rubén Wagensberg y también de Carles Puigdemont. Así, lo primero que ha hecho la Sala de lo Penal ha sido dar traslado a la Fiscalía para que informe acerca de la exposición razonada del juez.
En paralelo, la causa está también en el punto de mira por los reproches del pasado viernes de la ministra Teresa Ribera contra el magistrado. Aunque Moncloa matizó sus palabras, el Consejo General del Poder Judicial y las asociaciones judiciales salieron en defensa de la imparcialidad del magistrado y reprocharon la falta de independencia de Moncloa. La Sala de lo Penal, por su parte, negó en un auto que el instructor actuara movido por motivaciones políticas.
