“Creamos la asociación para presentarnos como acusación particular en el ‘caso Roldán’. Pero fue una trampa, nunca llegamos a hacerlo. Sólo queríamos tener una organización que defendiese los derechos de los guardias civiles”. Quien habla es José Morata (Onda, Castellón, 1953), agente de la Benemérita represaliado y expulsado por el propio Cuerpo.
Los inicios de las asociaciones de agentes del Instituto Armado no fue fácil. La Transición no llegó a todos los estamentos de la sociedad española por igual, y los mandos de la Guardia Civil, de tradición militar, veían con malos ojos que los efectivos se organizasen.
“Sólo queríamos un cuerpo democrático al servicio de los ciudadanos”, dice Carlos Piñeiro (Vigo, 1957), agente que corrió con la misma suerte que Morata. La constitución de una organización les permitía tener una red de abogados que velasen por los intereses judicales de los guardias y la posibilidad de dialogar de tú a tú con la Administración.
La ministra de Defensa los ha recibido esta semana para reconocer la labor de los tres
Esta semana, la ministra de Defensa, Margarita Robles, los recibía junto a Manuel Rosas, otro de sus compañeros que fue echado, para reconocer la labor de los tres. Robles admitió que lo que les pasó fue “una injusticia” y se ha comprometido a revertir su situación, anular la expulsión y readmitirlos como guardias civiles retirados. Los tres fueron juzgados y expulsados del Instituto Armado entre 1991 y 1993 por sedición militar.
Vocación familiar
Morata y Piñeiro se hicieron agentes de la Benemérita por tradición familiar. Sus padres fueron guardias civiles antes que ellos. “El mío me hizo firmar una instancia que me metía en el cuerpo. Luego me enamoré de mi trabajo”, relata el primero.
Antes de montar la Coordinadora Pro Perjudicados por la gestión de Luis Roldán y la corrupción (COPROPER), el camino había sido difícil. En 1976, tres días antes del primer aniversario de la muerte de Francisco Franco, tuvo lugar la primera manifestación de policías nacionales y guardias civiles. Pedían ser registrados en la Seguridad Social. En la protesta fueron detenidas 400 personas, 200 por cada cuerpo. Todos perdieron el uniforme y fueron readmitidos posteriormente por la Justicia.
Hasta la creación de la asociación de Rosas, Morata y Piñeiro, el camino fue largo. A finales de los 80 tuvo lugar la ‘operación Columna’, “una persecución del Estado, organizada por Felipe González y Corcuera para perseguirnos por querer defender nuestros derechos”, afirma Piñeiro. Fueron detenidos casi 90 líderes sindicales, aunque finalmente sólo fueron expulsados nuestros tres protagonistas y un cuarto, ya fallecido.
La batalla más dura
Piñeiro siempre ha estado destinado en el norte de España, territorio hostil para cualquier miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero sabe que la de conseguir que les reconociesen como asociación ha sido su batalla más dura. “Me pasé 10 años en la cárcel sin garantías judiciales. Nos detenían en casa, delante de nuestros hijos”. Le llegaron a quitar la casa y a bloquearles las cuentas bancarias. “Me dejaron sin nada”.
Al ser detenidos hace más de 20 años, la pensión que le ha quedado a Morata, a Piñeiro y a rosas es ridícula. “Pero esto no lo hacemos por dinero, desde el primer momento hemos renunciado a cualquier compensación. Sólo queremos recuperar el honor”, asegura Morata.
Tanto Morata como Piñeiro coinciden en señalar a rosas como el artífice de la creación de las primeras asociaciones. “En el 87 registró la primera y cinco horas más tarde lo detuvieron”, relata el de Vigo, que está convencido que la persecución que sufrieron ellos es una de tantas que el Estado ha organizado para desprestigiar y anular a los guardias civiles que levantan la voz en busca de sus derechos.
