Todas las partes niegan que exista una ‘guerra por el agua’, pero lo cierto es que desde el pasado mes de julio se ha desenterrado un viejo conflicto en España por el trasvase Tajo-Segura. Si hace unas semanas Vozpópuli adelantaba la situación de la cabecera del Tajo en los embalses de Entrepeñas y Buendía, ahora muestra la visión de los regantes de la cuenca de dicho acueducto del cual dependen 100.000 puestos de trabajo y que aporta más de 2.400 millones de euros al PIB nacional.
Dicho trasvase es una de las obras hidráulicas de ingeniería más grandes del país y proporciona agua a las provincias de Alicante, Murcia y Almería. En estas circunscripciones se cultivan hortalizas, cultivos de invierno (invernadero) y frutales. “De aquí sale el 68% -más del 90% si se trata de alcachofas y lechugas- de la exportación de hortalizas en España", afirma el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), José Manuel Claver, quien muestra su preocupación a este periódico por los últimos acontecimientos protagonizados por los políticos de las comunidades autónomas que intervienen en la pugna.
“Lógicamente vemos la situación desde un punto de vista muy negativo. La postura que están tomando ciertas personalidades de índole pública, como el señor García-Page, para conseguir votos en Castilla-La Mancha no corresponde con la realidad de los embalses de la cabecera del Tajo”, considera Claver. El sindicato que preside es la agrupación más representativa en este ámbito, pues abarca una 145.000 hectáreas conjuntas aproximadamente y está compuesta por 80.000 regantes de las tres jurisdicciones a las que baña el trasvase. Además muestra su malestar con algunas declaraciones que han intentado hacer demagogia, ya que -a su juicio- son punteros en técnicas de regadío y eficiencia del uso del agua: “Aquí vienen personas de todo el mundo a visitar nuestros regadíos, precisamente, porque como no hay agua la gente ha sido muy perspicaz”.
Claver: "Han venido años buenos y se han recuperado los embalses. Estos no son el mar y se llenan o vacían porque así lo dice la legislación de aguas”
Los agricultores afectados porque se pueda producir una interrupción en el suministro de agua lo único que demandan es que se cumpla el memorándum que se aprobó en 2013. En este texto con rango de ley se establecieron cuatro niveles de alerta, pasando de un mínimo de agua no trasvasable de 240 hm3 a los 400 hm3 en cinco años -con una subida de 32 hm3 por año-. En este sentido, quieren que no se ponga en peligro el regadío de sus tierras de cultivo ya que consideran que de los 370 hm3 que aún poseen Entrepeñas y Buendía todavía hay margen hasta los 304 hm3 estipulados para el presente año hidrológico.
“Efectivamente estamos en una situación de sequía. Hay poco agua, pero ha habido otras veces que la cantidad era muy inferior y no ha pasado nada. Han venido años buenos y se han recuperado los embalses. Estos no son el mar y se llenan o vacían porque así lo dice la legislación de aguas”, afirma Claver. Desde el sindicato SCRATS dejan claro que van a respetar el criterio fundamental de atender la demanda de la cuenca cedente y subrayan que ya pagan “bastante bien” el precio del agua, mucho más caro que en el resto de la geografía española.
Asimismo, durante las últimas semanas se ha comentado la posibilidad de comenzar a desalar agua para paliar este problema. Pero la tesitura pasaría a convertirse en una preocupación económica. Ahora, los regantes del trasvase pagan alrededor de nueve céntimos de euro por metro cuadrado y es el agua superficial más cara de España. Si finalmente se optase por convertir el agua del mar en utilizable por medio de desalinizadoras el precio podría aumentar entre los 0,5 o 0,6 euros/m3. Aun así no parece la solución más correcta, primero, porque su producción es muy limitada -entre 20 y 30 hm3 al mes- y a partir del mes de mayo se necesitarían de 40 hm3 en adelante. Además, el agua desalada no sirve para el regadío directamente y es imprescindible que se mezcle con agua natural para que no produzca boro u otros elementos dañinos para los cultivos.
Entre otras soluciones, contemplan la posibilidad de suplementar el trasvase con agua del Ebro, aunque creen que para que se dé esta oportunidad debería de existir un clima de sosiego y calma con este tema. “Nosotros no decidimos de dónde tiene que venir el agua, eso es una decisión del Gobierno. Lo que pedimos son soluciones viables para desarrollar nuestra actividad económica que luego repercute en la totalidad del país”, finaliza el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.
“No queremos ninguna guerra”
Por su parte, la consejera de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Región de Murcia, Adela Martínez-Cachá, también se remite al memorándum: “Nosotros entendemos que si no hay agua en el trasvase, no se realice. Este año el límite está en 304 hm3 y de ahí no vamos a pasar”. Así, Martínez-Cachá indica que no tienen la intención de iniciar ninguna guerra y manifiesta que es labor de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, cuantificar la cantidad del trasvase porque “es ella quien tiene los informes sobre el abastecimiento”.
La resolución del asunto a corto plazo que plantea su Consejería pasa por la ampliación del decreto de sequía -entró en vigor el pasado 9 de mayo y tiene validez hasta el 31 de diciembre- y que les permite obtener agua de la batería de pozos que solo habilitan en situaciones de emergencia, como la que ahora está viviendo. De igual modo, están trabajando con el Ministerio de Agricultura para tratar que los precios del agua desalada les permita a los agricultores seguir siendo competitivos.
Así, se lo transmitió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al jefe del Ejecutivo murciano, Pedro Antonio Sánchez, en la reunión del pasado miércoles donde, según Martínez-Cachá, en los 90 minutos que duró el encuentro “más de la mitad del tiempo” estuvieron tratando el tema del agua. “El Gobierno se ha comprometido a ampliar el decreto de sequía y a que Ministerio y Consejería, junto con los regantes, veamos las opciones para alcanzar un precio razonable del agua desalada mientras dure la protección antisequía”, asevera la consejera de Agricultura.
