Las precampañas electorales, ya se sabe, son fecundas en peroratas: un día González Pons anuncia 3,5 millones de empleos, al siguiente Rubalcaba declara la guerra al fraude con una “oficina”. Difícil empresa esta última, según todas las partes consultadas. “España está a la cola de la Unión Europea en eficacia fiscal”, explica un informe del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) al que ha tenido acceso este diario: en total, hay un trabajador de la Agencia Tributaria (AT) por cada 1.680 contribuyentes, por uno cada 790 en Francia, 810 en Reino Unido, 690 en Alemania o 627 en Países Bajos. Es decir, el control fiscal español es la mitad de intenso que en sus las principales economías europeas.
La propuesta del candidato socialista en un foro de El Periódico de Catalunya el pasado 19 de septiembre se basa en coordinar los datos de la Policía, Hacienda y la Seguridad Social –tres organismos que ya cooperan algunas veces, según varios empleados de la AT- . "Eso es declarar la guerra al fraude y va a funcionar ", remachó Rubalcaba. Pero su medida no casa demasiado con las reivindicaciones de inspectores, técnicos, auditores o interventores de la Agencia Tributaria, carcomida, según los sindicatos, por la reducción de oferta pública, la escasez de material y de personal o la elevada media de edad de la plantilla (53 años).
Compuesta de 23.752 personas (datos de Gestha), la AT cuenta con unos 8.000 técnicos, 300 interventores y 1.800 inspectores. De los últimos, aproximadamente un 25% disfruta de algún tipo de excedencia. “Nuestra situación no es alarmante, pero sí hay un déficit notorio”, señala Francisco De La Torre, portavoz de la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). En 2010, por ejemplo, se ofertaron 30 plazas de inspector, la mitad de interinidad. Y hubo más de 40 jubilaciones. Además, la partida de los presupuestos destinada a la inspección de Hacienda cayó un 15% los dos últimos años, según IHE.
La tasa de economía sumergida, del 23,3%
“Esta desproporción redunda de manera muy negativa en la lucha contra las grandes bolsas de fraude y la economía sumergida”, insiste el informe de Gestha. Los técnicos calculan que la tasa de economía sumergida en España alcanza el 23,3%, la segunda más grande de Europa Occidental, solo por debajo de Grecia (25,2%) y claramente por delante de Portugal (19,7%). Comisiones Obreras (CC OO), sindicato mayoritario en Hacienda, opina que la problemática no tiene parangón fuera de la Península Ibérica. “Incluso en un país con tanta tradición liberal como Estados Unidos hay un cumplimiento muy elevado de las obligaciones fiscales”, deplora Miguel Ángel García, del gabinete económico de CC OO.
“Precisamente, otra de nuestras reivindicaciones es que se elabore un estudio oficial y pormenorizado de la economía sumergida en España”, apunta Carlos Cruzado, presidente de Gestha. En marzo la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) y la Universidad Rey Juan Carlos publicaron un estudio que cifraba en 30.000 millones de euros el dinero que escapaba de las arcas del Estado: cuatro millones de empleos no declarados, un 14% del PIB. “España carece de conciencia fiscal”, lamenta Francisco De La Torre.
Urge, cuentan las partes afectadas, un cambio en la Agencia Tributaria. Para CC OO, la normativa española alrededor del fraude es muy frágil; para Gestha, hay que poner coto a la contratación de auditorías privadas, y crear una base de datos compartida por todas las Administraciones Públicas y un Cuerpo Superior Técnico único sin subcategorías, conforme al resto de países de la UE; para los inspectores, hay que reorganizar mejor los recursos disponibles. Para unos y otros, la plantilla es demasiado endeble como para seccionar la oferta pública.
"En mi oposición no venía nada de lo que luego hice
"Y tan endeble. Algunas fuentes rebajan a 900 (la mitad) el número de inspectores de Hacienda en activo al descontar las excedencias (una cuarta parte del total, con casos conocidos como los de José María Aznar o Magdalena Álvarez) y los cargos directivos, versión que Francisco De La Torre, portavoz de IHE, rechaza. “Aparte de las excedencias”, dice, “es muy difícil cuantificar la plantilla”. Los inspectores y los técnicos chocan en otro punto: que los segundos asuman más competencias. “No pedimos la equiparación con inspectores e interventores”, niega Carlos Cruzado, de Gestha.
Antaño, la clásica escasez de personal hacía que miles de informes fuesen firmados por técnicos. Desde hace años ya no. “Y ahora muchos técnicos se niegan también a elaborarlos”, expone Cruzado. Algo similar ocurre con las liquidaciones tributarias, firmadas por personal autorizado que no ha participado en su redacción. O con los informes especiales y los informes de actuación, que apenas se tramitan y que equivalen a los delitos fiscales de los que informa la Agencia Tributaria.
Esa disfuncionalidad es patente fuera de las grandes ciudades, donde los recursos son todavía más pobres. “Sí, es cierto que asumimos funciones que no son nuestras”, revela una subinspectora de una provincia próxima a Madrid que trabaja en la oficina de recaudación municipal (la subinspección es una categoría más del cuerpo técnico). “Al ser pocos, no nos queda otra que elaborar los informes, aunque no nos corresponda”. O eso, o más economía sumergida, aseguran todos los consultados. Otro subinspector recuerda su etapa como auxiliar administrativo en la AT: “En mi oposición no salía nada de lo que luego me pidieron hacer".
