La fuga a España de Hervé Falciani, el exempleado del HSBC de Ginebra que ha desvelado la identidad de miles de evasores de todo el mundo, no fue ni casual ni improvisada. En la única entrevista concedida desde que llegó a nuestro país, al diario El País, el informático francoitaliano asegura que fue el departamento de Justicia de EEUU el que le aconsejó que cogiera el barco que lo llevaría hasta Barcelona el 1 de julio porque ese día estaba de guardia en la Audiencia Nacional el juez que “sería el más favorable a nuestra estrategia”. Pese a que un día después de publicarse dicha entrevista, el despacho de abogados que defiende a Falciani en España emitió un nota para "aclarar" estas palabras, lo cierto es que su caso recayó en el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, un magistrado con buenas relaciones con el Gobierno norteamericano, según habían revelado un año antes los cables de Wikileaks.
La llegada de Falciani a España se produjo 15 días antes de que el Senado norteamericano cargara contra el HSBC gracias a la información facilitada por el informático francoitaliano
La supuesta confianza de las autoridades de EEUU hacia el juez Velasco se remonta a cuatro años atrás. En concreto, a mediados de 2009, según se desprende de un cable del Departamento de Estado que hizo público Wikileaks. En aquel documento confidencial, redactado el 5 de mayo, el consejero de la Embajada de EEUU en Madrid, Arnold A. Chacón, detallaba a sus superiores que este magistrado español “ofrecía transferir” el caso Guantánamo que se había comenzado a instruir en la Audiencia Nacional “a Estados Unidos bajo el MLAT”, las siglas en inglés del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua. La afirmación del representante diplomático estadounidense estaba basada en el auto que el día anterior había hecho el magistrado español y en el que éste reclamaba a las autoridades de Washington que le informase si en su país se estaban investigando las presuntas torturas cometidas en la prisión de la base norteamericana de Guantánamo (Cuba). Si era así, ofrecía remitir la querella española para ser instruida bajo su jurisdicción.
Dos años después de aquel auto y el posterior cable de la Embajada, la oficina de Asuntos Internacional del Departamento de Justicia de EEUU se saltaba por primera vez su norma de no responder a peticiones de información de terceros paises sobre ciudadanos estadounidenses y respondía al juez Velasco. En el mismo escrito, el Gobierno estadounidense solicitaba también al magistrado que se archivara la causa y se enviara la misma a Washington. Finalmente, el 13 de abril de 2012, el juez Velasco acordó el archivo del caso y dio “oportuno traslado […] al Departamento de Justicia de EEUU para su continuación”. La decisión del magistrado español contó poco después con el visto bueno del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Terminaba así un quebradero de cabeza para las autoridades de Washington que se había iniciado a comienzos de 2009 de la mano del entonces juez Baltasar Garzón. De hecho, los cables revelados por Wikileaks mostraban la preocupación de EEUU por este proceso y otro similar que éste último magistrado había iniciado. Representantes de la Embajada llegaron a reunirse con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, para recabar su apoyo y arrebatarle a Garzón la instrucción de estas causas, según dichas comunicaciones internas.
Entrada y salida de prisión en fechas claves
Ahora, la misma instancia del Gobierno norteamericano que respondió a aquella petición de información de la Audiencia Nacional y que consiguió que ésta cerrase y remitiera aquella investigación es la que ha estado guiando los pasos de Falciani. De hecho, funcionarios del Departamento de Justicia norteamericano habían contactado con el exempleado del HSBC en París en junio de 2012, sólo un mes antes de su viaje a España, y fue a ellos a los que transmitió la información necesaria para que el Gobierno de EEUU acusara poco después al banco suizo de falta de control sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Dos semanas más tarde de la llegada a nuestro país del informático francoitaliano, el subcomité permanente de investigaciones sobre seguridad interior del Senado norteamericano hacía públicas sus conclusiones sobre las actividades del gigante financiero que abrían las puertas de par en par para iniciar un proceso penal contra el banco.
Falciani no salió de la cárcel española hasta una semana después de que el banco suizo aceptase ante el Gobierno de EEUU su responsabilidad en el blanqueo de dinero y aceptase pasar una multa de 2.000 millones de dólares
No fue el único momento en el que las investigaciones en EEUU ‘marcaron’ la estancia de Falciani en España. El pasado 11 de diciembre, el HSBC llegaba a un acuerdo con las autoridades norteamericanas para suspender el proceso penal que le había abierto el gobierno de Obama tras las conclusiones de la Cámara. En dicho pacto, la entidad reconoció que no cumplió la legislación contra el blanqueo de EEUU y que ello facilitó el lavado de 881 millones de dólares procedentes de narcotráfico mexicano y colombiano. El banco aceptaba también el pago de una multa cercana a los 2.000 millones de dólares y se comprometía a aplicar, a partir de ese momento, un plan para evitar que en el futuro vuelva a ser utilizado por las mafias para blanquear dinero procedente de sus actividades delictivas. Seis días después de dicho reconocimiento de culpa, Falciani abandonaba la cárcel española donde había estado recluido cerca de seis meses.
Tras la vista celebrada el pasado 15 de julio, el exempleado del HSBC continúa protegido por la Justicia española y colaborando con la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria españolas. Se espera que en los próximos días se haga público el fallo del tribunal de la Audiencia Nacional. Todo parece indicar, sobre todo por la postura defendida por la Fiscalía, que el fallo será contrario a conceder la extradición a Suiza, aunque las fuentes jurídicas consultadas por este diario insisten que eso en este momento es lo de menos. De hecho, en caso de sí fuera aceptada, la decisión no abocaría necesariamente a la entrega del informático francoitaliano a las autoridades de Berna. La última palabra siempre quedaría en manos del Gobierno de Mariano Rajoy, quien por razones de interés nacional, puede denegar la entrega de cualquier ciudadano a un tercer país. Y este es el caso de Hervé Falciani.
