El hijo del magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena será el abogado defensor de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido popularmente como el 'Pequeño Nicolás', en el juicio que comenzará el próximo martes por el viaje que hizo a la localidad gallega de Ribadeo en 2014 simulando ser el enlace de la Vicepresidencia del Gobierno con Casa Real, por lo cual la Fiscalía le acusa de usurpación, cohecho y falsedad en documento oficial y pide para él siete años de cárcel.
Según han confirmado fuentes del caso a Europa Press, Manuel Marchena Perea tendrá en sus manos la defensa del 'Pequeño Nicolás', que es la tercera vez que cambia de letrados, para el juicio que arrancará a las 10.00 horas del 19 de enero en la Sección 17ª de la Audiencia Provincial de Madrid.
Gómez Iglesias será juzgado en este caso por el viaje que hizo a Ribadeo el 13 de agosto de 2014 simulando ser un alto cargo para reunirse con un empresario, "con la finalidad de ganarse su confianza, sin que conste con certeza si pretendía obtener de él un beneficio económico directo", de acuerdo con el escrito de la Fiscalía.
Para ello, le pidió a un policía municipal de Madrid al que conocía de antes que le proporcionara los medios policiales para "aparentar el carácter oficial". Este agente a su vez contactó a un policía municipal de Torrijos (Toledo). El primero recibió del 'Pequeño Nicolás' un pago de 2.000 euros y dio a su compañero 400 euros.
El 'Pequeño Nicolás', los dos policías y cuatro conductores con sus respectivos coches a los que Gómez Iglesias había contratado para este viaje se dirigieron a Ribadeo en una "comitiva", a la que una vez en la localidad se sumó la Policía municipal creyendo que, efectivamente, se trataba de un emisario gubernamental.
Usurpación de funciones
Por estos hechos, el 'Pequeño Nicolás' está acusado de presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho activo, por los que la Fiscalía de Madrid le pide un total de siete años de cárcel, la inhabilitación para ejercer el derecho al sufragio durante el mismo tiempo y una multa de 27 meses con una cuota diaria de cien euros.
Los dos policías, Jorge González y Carlos Pérez, también están acusados de presuntos delitos de usurpación de funciones públicas y cohecho pasivo. El Ministerio Público solicita para ellos cinco años y medio de cárcel, la inhabilitación mencionada durante año y medio, y una multa de quince meses con una cuota diaria de 10 euros.
