La investigación que sigue la Audiencia Nacional contra Oleguer Pujol por el presunto cobro de comisiones se acerca a su fin después de que el magistrado Santiago Pedraz avanzara en julio que ya no la prorrogará más. Pese a ello, el instructor ha librado una comisión rogatoria a Holanda para incluir en el procedimiento la documental relativa a las cuentas bancarias que tenía abiertas en dicho país. La solicitud, que se efectúa casi en tiempo de descuento, se produce a petición expresa del menor de los Pujol que se ofreció a que se rastrease la fortuna que amasa en los Países Bajos.
Así lo explica el magistrado al frente de esta investigación (bautizada como Drago) y centrada en esclarecer el destino final de las inversiones en distintos pelotazos inmobiliarios del hijo menor del expresidente catalán. Entre ellos destaca la participación en la operación de compraventa de 1.152 locales de sucursales bancarias del Santander. José de la Mata, el magistrado que dirigía la investigación antes de Pedraz, sospechaba que los implicados habrían blanqueado dichas comisiones utilizando sociedades pantalla ocultas al fisco fuera de España.
En concreto, se centró en investigar el destino final de 90 millones de euros que se habrían desviado a una sociedad holandesa en 2015. En ese contexto, se recabó información bancaria del menor de los Pujol-Ferrusola de Holanda en relación a las sociedades Dotricia B.V y Anline Services B.V. Países Bajos respondió a principios del año pasado aportando los balances de las cuentas a fecha del cierre de ese ejercicio, así como los principales movimientos de dinero de dichas firmas.
Según detalló, la primera mercantil contaba con fondos por valor de 21,8 millones de euros mientras que la segunda acumulaba 4,16 millones. La defensa de Oleguer Pujol reaccionó aclarando que, en la documentación remitida al Juzgado de Instrucción número 5, faltaba dos anexos que no se habían incluido y que constituían "el núcleo" de la comisión rogatoria.
Según precisó, el material entregado no aportaba "más que una foto" de ese ejercicio sin que se conociera "detalle alguno" de las operaciones que impulsó ese 2015. Por ello reclamó a la Audiencia Nacional que se requiriera de nuevo a las autoridades judiciales para que completaran su acta de ejecución del 21 de enero. De la Mata accedió a la solicitud y volvió a dirigirse a Holanda en junio de 2020. Sin embargo, en todo este tiempo no se ha recibido respuesta alguna. De ahí que Pedraz siguiera con las diligencias hasta hace dos meses.
Tres años de investigación
No obstante, y pese a que la instrucción ya no se ha prorrogado más tiempo, el instructor, con el criterio favorable de la Fiscalía, ha vuelto a insistir a Holanda antes de que el procedimiento se dé por concluido dejando a los principales investigados a un paso del banquillo. Además de Oleguer, el magistrado también ha investigado a su exsocio Luis Iglesias Rodríguez-Viña (yerno de Eduardo Zaplana y para el que se le archivó la causa por blanqueo de capitales) y a los empresarios Javier de la Rosa, José María Villalonga y el hijo de este último, entre otros, por estas operaciones que tuvieron lugar en 2007.
Las diligencias arrancaron en el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, si bien se acabaron adhiriendo a la macrocausa abierta contra la familia Pujol-Ferrusola por el origen de su ingente patrimonio. El magistrado advirtió que había conexión entre los dos procesos dado que el dinero que invirtió Oleguer Pujol en las operaciones de ladrillo y en el fondo Drago Capital provenían de una cuenta común con sus hermanos abierta en Andorra.
La misma estaba bajo el foco de Anticorrupción por haberse nutrido de ingresos en efectivo producidos desde 1992 hasta el año 2000 (años en los que Jordi Pujol fue presidente de la Generalitat de Cataluña). Sin embargo, las investigaciones avanzaron de manera desigual, ya que mientras el juez aceleró con la causa principal y procesó a la familia del expresidente, no ocurrió lo mismo con la parte relativa a Drago.
Por ello abrió una pieza separada e impulsó la investigación en el extranjero en aras a acotar si se produjo blanqueo de capitales con las comisiones repartidas de las operaciones inmobiliarias. La causa (que se prorrogó en agosto de 2020) siguió avanzando hasta este mes de julio en el que Pedraz avisó de que llegaba a su fin. Según expuso, la investigación se había dilatado "más de tres años" y ya no quedaban diligencias pendientes.
Pendientes del juicio
Solo resta por incorporar un informe definitivo de Hacienda y el resultado de la comisión rogatoria que ahora, ya en septiembre, ha vuelto a librar de acuerdo con la documental del sumario a la que ha tenido acceso Vozpópuli. A falta de terminar esta investigación, el pequeño de los Pujol ya suma una petición de la Fiscalía Anticorrupción de ocho años de cárcel por delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales en la causa general abierta contra su familia y contra una decena de empresarios implicados en el presunto desvío de fondos.
Tras la apertura de juicio oral el pasado mes de junio solo falta que la Sala dicte fecha de arranque de una vista en la que finalmente no se sentará en el banquillo la mujer del expresidente catalán, Marta Ferrusola, por demencia sobrevenida. Sí lo harán el expresidente catalán (para el que la Fiscalía pide nueve años de prisión) y el resto de sus hijos, siendo el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, el que afronta la pena más elevada de 29 años de cárcel.
