El dinero recaudado por los simpatizantes de ETA para los presos de la banda acabará en las arcas del Estado. Al menos los más de 105.000 euros incautados por la Guardia Civil en la operación policial que permitió desarticular el frente de cárceles de la organización terrorista. Al admitir este lunes en la Audiencia Nacional que actuaban a las órdenes de ETA, no recuperarán ese dinero.
De los bolsillos del entorno radical abertzale a engrosar el Tesoro Público en cuanto sea firme la sentencia, que no será recurrida. Ese será el recorrido de este dinero, recaudado en la manifestación de enero de 2015 celebrada en Bilbao. Fue requisado en el marco de la operación Mate, desplegada unos días después. En concreto, los agentes de los Servicios de Información de la Guardia Civil encontraron el dinero repartido en 150 bolsas almacenadas en la sede bilbaína del sindicato abertzale LAB.
Aunque en un primer momento se valoró en 90.000 euros la recaudación, el recuento definitivo -céntimo a céntimo- la cifró en un total de 105.888,68 euros, según obra en el sumario de esta macrocausa que este lunes se ha saldado con condenas para todos los 47 acusados tras alcanzar una conformidad con las acusaciones.
Zulueta y Emparantza
Dos de ellos, los abogados de ETA Arantza Zulueta y Jon Emparantza, tendrán que ingresar en prisión para cumplir cinco meses de cárcel que les restan para cumplir su condena de tres años y medio. El resto del tiempo ya lo pasaron en prisión preventiva.
En varias ocasiones las plataformas de apoyo de ETA intentaron sin éxito que la Audiencia Nacional les devolviese el dinero. La última vez fue en marzo de 2017 cuando la la Sección Segunda de la Sala de lo Penal desestimó el recurso interpuesto por la red Sare.
La Fiscalía se mostró en contra de esta devolución alegando que la cantidad reclamada era consecuencia de la colecta organizada por la plataforma Herrira, suspendida por la Justicia. Esta plataforma, liderada por un expreso de ETA, fue otra de las marcas con las que el entorno terrorista buscó capitalizar las movilizaciones en favor de los presos tras el cese de la violencia en 2011.
Una cuenta del Juzgado
Los jueces consideraron que la cuestión no era "determinar la naturaleza de la asociación reclamante o de la suspendida", sino la "propiedad" de este dinero. Por ese motivo, los 105.000 euros se quedaron retenidos en una cuenta bancaria al nombre del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que investigó la causa.
El recorrido de este dinero se rige en función de lo que establece el Real Decreto por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores. El punto 1 del artículo 13 indica que “el importe de las multas y demás pagos que deban efectuarse a favor de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos se ingresará en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del órgano correspondiente”.
“Los secretarios judiciales, mediante orden de transferencia, ingresarán las cantidades referidas anteriormente en la cuenta especial de ingresos al Tesoro Público, 'Multas y pagos a favor del Estado', que será única para todo el territorio nacional”, zanja.
