En torno a 17.000 resoluciones judiciales quedarían suspendidas si los jueces, fiscales y magistrados celebran finalmente la jornada de huelga general anunciada para el próximo 22 de mayo y comunicada oficialmente al Gobierno esta semana, según fuentes judiciales consultadas por Vozpópuli.
Dichas fuentes explican que el año pasado se resolvieron cerca de seis millones de resoluciones judiciales en total, por lo que la media diaria ronda las 17.000.
Este dato "es una muestra razonable" del impacto que tendrá la huelga, según las citadas fuentes, que advierten también de "un importante coste económico" que, en cualquier caso, "resulta difícil, casi imposible, predecir con exactitud".
Recuerdan, asimismo, que el año pasado se acumularon además otras seis millones de resoluciones pendientes de resolución y alertan del progresivo agravamiento de los retrasos judiciales como resultado de "la falta de medios". La portavoz de Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez, advierte en concreto que "la jurisdicción social - que aborda conflictos laborales - y mercantil - quiebras, concursos -, están prácticamente colapsadas a dos, tres años vista, al igual que, por ejemplo, la sección penal de la Audiencia Provincial de Madrid".
Falta de medios y deterioro de las condiciones
"En Europa, la media es de 21 jueces por cada 100.000 habitantes, en España, la mitad", insiste la portavoz de Foro Judicial Independiente, que, al igual que desde la Asociación de Profesionales de la Magistratura, consideran que el actual conflicto "no se zanja con las 300 plazas más de jueces y fiscales" que el Gobierno recoge en su proyecto presupuestario.
La huelga "ha sido el último recurso" en su reivindicación de que se mejore el conjunto de la Justicia tras años de profundo deterioro, tanto en lo referido a su "politización" (los jueces reclaman la reforma del Consejo General del Poder Judicial, obstaculizada por PSOE y PP), como en lo relacionado al estricto funcionamiento de la justicia.
Según las fuentes consultadas, los jueces, principales impulsores de la huelga, han sufrido una pérdida salarial del 10% desde 2010, por lo que no les convence la subida del 1,75% trasladada por el Gobierno en la reunión del pasado 16 de abril, equivalente a la propuesta al conjunto de los empleados públicos. Además, denuncian no haber recuperado los días de descanso por asuntos propios y alertan de casos de "lamentable" remuneración, como el de los jueces de guardia, "que cobran lo mismo que cualquier empleado de la guardia, como si un cirujano pudiera cobrar lo mismo que el bedel de la entrada del hospital".
En la reunión del 16, según las mismas fuentes, el Gobierno se mostró "receptivo" a "mejorar la situación" de los jueces de guardia y ofrecer "retribuciones variables por productividad", aunque, insisten las fuentes consultadas, "son propuestas de momento inconcretas", lo que explica que las asociaciones, lejos de levantar la convocatoria de la huelga del 22 de mayo, la hayan comunicado oficialmente al Ejecutivo el mismo día de la reunión. El Gobierno tendrá una nueva oportunidad de revertir la situación a principios del próximo mes, cuando vuelva a reunirse con las asociaciones.
Otras medidas de protesta
El portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, al igual que su par de Juezas y Jueces por la Democracia, Ignacio González, han señalado a este periódico que los jueces se plantean en cualquier caso otras medidas de fuerza más allá de la huelga de los paros de una hora de cada jueves, la manifestación frente al Ministerio de Justicia el próximo cuatro de mayo, y la jornada de huelga general del 22.
Mientras distintas fuentes judiciales continúan alertando, como ha anticipado este periódico, que las asociaciones barajan la opción de una "huelga indefinida", González plantea como opción que se celebren más días de huelga general, mientras que Prado va más allá y advierte de la "posibilidad" de que la huelga de los jueces se extienda y paralice jornadas electorales.
"Si los demás poderes, Ejecutivo y Legislativo, no nos hacen caso, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros?", se ha preguntado Prado, pese a que González "duda" de que esa eventual huelga en una jornada electoral sea posible desde un punto de vista legal y no considere "de recibo paralizar una democracia".
"Si estamos de huelga, lo estamos para todo, y si la huelga coincide con un día de jornada electoral, debería haber huelga igual salvo que se establezcan en ese caso servicios mínimos", ha insistido Prado, ante la posibilidad de que se celebren comicios electorales en Cataluña el próximo mes de junio si el Parlament no forma gobierno.
