La Fiscalía Anticorrupción ha recibido una denuncia de un particular, una vecina de la localidad toledana de Villaseca de la Sagra, contra su alcalde, Jesús Hinojosa (PP), y contra la empresa Iberdrola por una donación de más de un millón de euros que la eléctrica, junto con Gas Natural, realizó para la creación de un espacio natural en la ribera el Tajo, que linda a su vez con los terrenos donde la compañía tiene abierta una central de ciclo combinado.
Los hechos se remontan a diciembre del año 2003 cuando el Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra acordó conceder a Iberdrola Generación S.A autorización para la construcción de una central de ciclo combinado de gas natural, ubicada en el actual emplazamiento de la Central Térmica de Aceca. Cinco meses después, el consistorio de dicha localidad firmó un convenio de traslado y realojo de la barriada ubicada en las inmediaciones de la central térmica que fue aceptado por la mayoría de vecinos si bien no por la totalidad.
En diciembre de 2005, tras ser adquirida la mayoría de las edificaciones y suelos propiedad de los vecinos de ACECA, Iberdrola solicitó la demolición de las viviendas. El Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra les concedió la licencia de demolición catorce meses después. La propietaria acudió entonces a los tribunales para tratar de evitar por la vía Contencioso- Administrativa que sus casas fueran derribadas.
Iberdrola quiere comprar las viviendas
Desde entonces la denunciante -cuyas iniciales son M.L.D- mantiene un pleito con el Ayuntamiento, que a día de hoy continúa sin resolverse. La sorpresa de esta ciudadana, de origen francés, se produjo cuando a principios del año 2012 recibe una carta en nombre de Iberdrola donde la compañía se ofrece a comprarle sus viviendas, pagándole 88.856 euros por una de ellas y 88.059 por la otra.
El acuerdo suscrito por Iberdrola y el Ayuntamiento no figura ni en la Junta General de Accionista ni en el Consejo de Administración
Hasta aquí ningún elemento extraño en el relato de los hechos, sino fuera porque la propietaria conoció por esa carta que la zona donde se ubican sus viviendas iba a convertirse en un área forestal en la ribera del río Tajo. La Comunidad de Castilla-La Mancha había aprobado un "Plan Especial de Protección y Definición del Paisaje y del Medio Natural ACECA". Un plan del que era promotor el Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra. Por esta razón, la propietaria denuncia que "no existe razón lógica que pueda argumentar una oferta por parte de la referida sociedad por unos inmuebles que iban a ser expropiados por el propio Ayuntamiento".
Para más inri, fue la empresa Iberdrola y no el consistorio quien solicitó que se realizase una valoración técnica -una hoja de aprecio- de las fincas de la propietaria "desconociendo la misma la razón de ser de esta valoración si la empresa no es beneficiaria de la expropiación".
Cuando su letrado pidió un encuentro con Jesús Hinojosa, regidor de la localidad toledana, éste le explicó que el consistorio había firmado un acuerdo con la compañía y con Gas Natural. Dicho acuerdo, al que ha tenido acceso Vozpópuli, refleja que Iberdrola y Gas Natural se comprometieron a hacer entrega al Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra de 1.106.495 euros como "colaboración en la efectiva ejecución del espacio natural de la ribera" a través de tres pagos abonados en la cuenta bancaria del Consistorio. Dicho convenio entró en vigor el 23 de abril de 2013 y fue suscrito por los representantes legales de las compañías eléctricas. No obstante, la ciudadana francesa ha dirigido su denuncia tan sólo contra Iberdrola porque fue esa compañía la que pidió que se hiciese una hoja de aprecio sobre las fincas, según explican las fuentes consultadas.
¿Un convenio fantasma?
Lo llamativo es que la compañía ha informado al Juzgado de lo Contencioso Número 3 de Toledo que "no existió decisión de su accionista único relativo a la suscripción de ese convenio ni por tanto acta que pudiera documentar el mismo". Asimismo, Iberdrola informó a la justicia de que "tampoco se adoptó ningún acuerdo" por parte del Consejo de Administración sobre la suscripción del citado convenio.
En la denuncia presentada en Anticorrupción el letrado de la propietaria sostiene que "la extraña y generosa donación de más de un millón de euros al Ayuntamiento por parte de Iberdrola, sin acuerdo de la Junta General de Acccionistas ni de su Consejo de Administración, responde al canon o peaje que ha tenido que pagar para obtener las ansiadas licencias y autorizaciones que desde el año 2003 interesaban a la referida sociedad para la instalación y explotación de una planta de ciclo combinado".
No en vano, el Juzgado de lo Contencioso Número 3 de Toledo ha citado a declarar como testigos a los firmantes de dicho convenio el 2 de febrero del año que viene. Ese día deberán comparecer ante el juez Óscar Fortis Pita y Félix Rojo, representantes legales de parte de Ibedrola, y Jordi Garcí, representante legal de Gas Natural.
Vozpópuli se ha puesto en contacto con la compañía Iberdrola, que ha defendido que esta eléctrica suscribe una serie de convenios por todo el territorio español atendiendo siempre a la "más estricta legalidad" con la intención de apostar por la conservación del medio ambiente y apoyar el entorno socio económico del mismo.
