España

La Abogacía de Madrid denunciará ante los tribunales la filtración de datos de la Fiscalía sobre el novio de Ayuso

La Junta de Gobierno del ICAM ha acordado por unanimidad interponer denuncia por la vía administrativa y penal por la revelación del Ministerio Público sobre el caso de González Amador

  • Eugenio Ribón, en la rueda de prensa de este lunes

El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha anunciado que el órgano interpondrá denuncia tanto en la vía administrativa como en la penal tras la nota informativa de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid en la que se desvelaron comunicaciones del abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.

En rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Gobierno del ICAM, Ribón ha apuntado que la información desvelada por la Fiscalía en relación a las pesquisas abiertas contra la pareja de Ayuso es "de una gravedad sin precedentes" y que la misma podría ser constitutiva de delitos de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos.

Ribón ha dado a conocer de esta forma el acuerdo alcanzado por unanimidad por los 14 miembros de la Junta tras una reunión que se ha prolongado durante tres horas. Al tratarse de una denuncia y no una querella, la acción no va dirigida contra una persona en concreto.

Denuncia penal y administrativa

"Las denuncias persiguen la identificación completa de los autores finales de estos hechos", ha apostillado el decano del ICAM. Además de ello, el Colegio de Abogados de Madrid ha anunciado también que, por el momento, se desvinculan del Protocolo de Conformidades que rige los acuerdos entre el Ministerio Público y este órgano.

A todos estos puntos acordados en la Junta de Gobierno de este lunes se suma una nueva condena de lo ocurrido el pasado jueves, cuando la Fiscalía de Madrid informó en una nota de los correos intercambiados entre la defensa letrada de González Amador, Carlos Neira, y el fiscal del caso. "Reiterar públicamente la extrema gravedad de la revelación por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid de datos concretos de unas diligencias penales instruidas con objeto de llegar a una conformidad", ha apuntado.

El ICAM ya alertó la pasada semana que la nota de la Fiscalía vulneraba el derecho a la confidencialidad y al secreto del abogado y anunció que la Junta de Gobierno se reuniría este lunes para ofrecer una respuesta a los hechos. Al hilo, Ribón ha precisado que la información difundida sobre la investigación abierta a la pareja de la presidenta madrileña vulnera "sin paliativos" el artículo cuarto del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que rige los "deberes de reserva" de las investigaciones.

La confesión del novio de Ayuso

La nota de prensa que difundió la Fiscalía Provincial de Madrid el jueves se produjo después de que la noche anterior se diera a conocer en algunos medios que la Fiscalía había ofrecido una conformidad a la pareja de Ayuso, a quien ha investigado Hacienda por presunta falsedad documental y fraude fiscal en los ejercicios de 2020 y 2021 de más de 350.000 euros.

El Ministerio Público respondió a dichas informaciones con una nota que desvelaba que el que había ofrecido la conformidad era el denunciado. De la cronología del relato se desprende que fue Carlos González Amador quien solicitó el pacto en nombre de su abogado, reconociendo además la comisión de los delitos.

Eugenio Ribón denuncia que la filtración es de una "gravedad sin precedentes"

En concreto, la Fiscalía informó de que el 23 de enero se abrieron unas diligencias en la Sección de Delitos Económicos tras recibir el escrito-denuncia de la Agencia Tributaria. La inspección de Hacienda ponía en conocimiento de la Fiscalía que los hechos podrían ser constitutivos de defraudación tributaria y falsedad documental; ambos delitos penados con cárcel.

El 24 de febrero, prosiguió la Fiscalía, la defensa de González Amador remitió un correo electrónico a las 12:45 horas en el que se proponía un pacto con el Ministerio Fiscal "a fin de reconocer los hechos delictivos y conformarse con una determinada sanción penal". La confesión reconocía también la comisión de dos delitos contra la Hacienda por el IRPF de 2020 y 2021.

El 12 de febrero, tras finalizar la denuncia y dejarla preparada para su remisión a los tribunales, el fiscal del caso contestó por correo electrónico al letrado del novio de Ayuso. En su respuesta le dijo que tomaba nota "de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y de satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas". Con todo, la deriva judicial ya está activada y pendiente de que el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, en el que ha recaído el escrito, se pronuncie sobre su admisión a trámite.

El anuncio de la pareja de Ayuso

La filtración de la comunicación del letrado produjo un auténtico revuelo en la esfera judicial y fiscal. De hecho, mientras la Fiscalía General del Estado atribuye la redacción de la nota a la Fiscalía Provincial de Madrid, desde ésta, por su parte, se remiten a la jerarquía que rige en el órgano. Con todo, la polémica generada propició una reunión de urgencia el pasado viernes entre el fiscal general, Álvaro García Ortiz, y representantes del ICAM.

Tras el encuentro, la asociación mayoritaria de la carrera, la Asociación de Fiscales, exigió la "dimisión inmediata" de García Ortiz por la filtración de las comunicaciones del abogado. "El deber de reserva afecta a los letrados defensores pero también e incluso con mayor motivo al Ministerio Fiscal como garante que es de la legalidad y la imparcialidad en los procedimientos judiciales", expuso la AF en la nota.

Por su parte, la pareja de Ayuso ya ha anunciado que emprenderá acciones legales por lo ocurrido. El empresario interpondrá querella contra la Fiscalía, la Agencia Tributaria y María Jesús Montero, titular de Ministerio de Hacienda, por revelación de secretos. El motivo, en relación a la ministra, es que el pasado martes apuntó que la presidenta del gobierno madrileño estaba viviendo en un piso "que se pagó con fraude a Hacienda".

Desde el entorno de Ayuso acusan a la titular de Hacienda de abusar de su posición para acceder a datos privados de un contribuyente, ya que formaban parte de una investigación cuyo contenido no se había filtrado todavía en prensa. La ministra, por contra, se defendió alegando que lo había leído en los medios.

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