Nuevo informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), nuevo jarro de agua fría a la investigación del 'caso Bárcenas'. Este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda ha remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, un breve informe de cuatro folios en el que concluye que de los 50.000 euros que un dirigente del PP de Pontevedra no identificado supuestamente entregó en metálico a Génova 13 en 2010 como devolución de un embargo no existe ningún "reflejo contable" ni en la contabilidad del partido en Galicia ni en la de Madrid. Por tanto, añade, no hay nada "que ponga de manifiesto la existencia" de dicha aportación reflejada en los 'papeles de Bárcenas'. El magistrado había ordenado investigar esta supuesta donación después de que el propio extesorero explicase en su última comparecencia en la Audiencia Nacional que cuando estuvo en su mano dicho dinero introdujo 25.000 euros en sendos sobres que entregó como complementos salariales a Mariano Rajoy y a su 'número 2', María Dolores de Cospedal.

El informe de la Intervención asegura que ni en los libros contables del PP gallego ni en los de Génova 13 existe "reflejo contable" alguno que pruebe la donación de 50.000 euros

La IGAE ya emitió el pasado 20 de enero un primer informe sobre este apunte contable del extesorero y sobre otro referido a la supuesta entrega de 200.000 euros por parte del PP de La Rioja a Génova 13. Entonces, este organismo dependiente de Hacienda ya recogía en sus conclusiones que no había encontrado "movimiento alguno que permita establecer una relación directa con una devolución por la sede de Pontevedra (PP Galicia) de los fondos embargados a la Sede Central en 2009". De hecho, sus autores destacaban que, pese a lo afirmado por Bárcenas, no habían encontrado constancia de un embargo de 160.000 euros en las cuentas del PP nacional, aunque sí reconocían haber hallado uno superior, en concreto de 187.569 euros, registrado el 21 de septiembre de 2009 "bajo la rúbrica 'Embargo Proveedor PP Galicia". En este punto, los expertos de Hacienda admitían que para elaborar este análisis no habían contado con la contabilidad del PP de Pontevedra y que sólo habían podido trabajar con "los registros contables correspondientes a la tesorería de la sede central".

134 folios de nueva documentación

Poco después de recibir aquel informe, el juez Ruz dio cinco días a Génova 13 para que entregase precisamente la documentación contable de Galicia y que los técnicos de Hacienda pudieran redactar un nuevo análisis. Ese es el que ahora ha llegado a la mesa del magistrado. En el mismo, los funcionarios de Hacienda dicen haber podido manejar para realizar el nuevo estudio tanto los libros como el diario de la sede territorial del PP en Pontevedra de los años 2009 y 2010, en total 134 páginas. En él, y tras reproducir literalmente lo declarado por Bárcenas ante el magistrado, los técnicos de la Intervención se limitan a asegurar que en la documentación contable de la formación en esta provincia gallega "no se ha localizado apunte contable alguno que refleje el registro de una aportación de 50.000 euros por parte de esa Sede Territorial a la Sede Central del Partido Popular".

Además, el informe resalta que tampoco "se ha encontrado ningún apunte en las cuentas de la tesorería de la Sede Central del Partido Popular del ejercicio 2009 ni en las del ejercicio 2010 que refleje un ingreso desde la Sede Territorial de Pontevedra por importe de 50.000 euros". Por todo ello, la IGAE concluye que "no se ha encontrado reflejo contable que ponga de manifiesto la existencia" de dicha donación ni, aunque no lo menciona expresamente, de su supuesta transformación posterior en sendos sobresueldos para los dos principales dirigentes del partido. De hecho, este episodio sólo se menciona en el informe al recoger sus autores textualmente las declaraciones de Bárcenas ante el juez. Curiosamente, en el documento no se hace ninguna referencia al embargo de 187.569 euros que sí se menciona en el documento de enero y que refuerza la veracidad de las palabras del extesorero ante el magistrado sobre dicha aportación.

El antecedente de noviembre

Éste informe de febrero y el anterior de enero no son los primeros en los que los técnicos de la IGAE parecen empeñados en restar validez al contenido de los 'papeles de Bárcenas'. El pasado mes de noviembre este organismo remitió a la Audiencia Nacional otro análisis de cuatro folios en el que con quince escuetos párrafos sus autores llegaban a afirmar que los apuntes contables del extesorero del PP tenían "numerosas incongruencias" y que, pese a que cerca de medio centenar de sus anotaciones ya se habían demostrado entonces como ciertas, consideraban que "hay algunos que no responden a la realidad". Este documento, que fue esgrimido entonces por la Fiscalía Anticorrupción para negarse a la ampliación de la querella de IU a los exdirigentes 'populares' Francisco Álvarez Cascos y Ángel Acebes señalaba que el texto presentado por los abogados del partido político no añadía "ningún hecho o documento" para modificar las conclusiones a las que habían llegado en un informe anterior, de 9 de octubre. También insistían que no era posible "demostrar que se han adjudicado contratos públicos como contrapartida a los ingresos por donaciones que demuestran los papeles de Bárcenas".

Ya en noviembre, la IGAE emitió un informe en el que restaba veracidad a los apuntes contables del extesorero. El juez Ruz lo ignoró

Los expertos de la IGAE no solo intentaban desacreditar en su escrito la ampliación de la querella, sino también los propios apuntes contables del extesorero del PP. De hecho, recalcaban que Bárcenas no había entregado aún "ningún documento que demuestre la autenticidad de los apuntes que los papeles atribuyen" a tres dirigentes del partido sobre los que entonces se pedía ampliar la querella: Cascos, Acebes y el gerente del PP gallego Ángel Piñeiro. Además, insistían que aunque finalmente se demostrara la realidad de los mismos, al ser anteriores a 2007, los delitos estarían prescritos: "Si fueran reales, aspecto no demostrado con documentación, no tendrían transcendencia penal", aseveraban. Tampoco consideraron entonces los expertos de Hacienda como prueba la coincidencia temporal entre las entregas de dinero por parte de algunos empresarios y la adjudicación de obra publica a sus empresas. De hecho, calificaban dicho criterio como "muy discutible" ya que, aseguraban, no habían encontrado "otras variables que permitan relacionar donativos con contratos, como podría ser una relación entre el donativo y el precio de adjudicación".

El juez Ruz decidió entonces desoír en parte aquel informe y citó como imputados a media docena de empresarios más, aunque no a los políticos. Una actitud similar adoptó con el documento de la IGAE de finales de enero. Días después de recibir aquel, el magistrado ordenó extender la investigación del 'caso de los papeles de Bárcenas' a las cuentas del PP en La Rioja y Pontevedra pese a que ese documento de la Intervención General concluía que no había "reflejo contable" que apuntase a la existencia de donaciones irregulares en la compra de una sede en Logroño y en la compensación por el embargo sufrido a causa de una deuda del partido en Galicia. Sobre el documento recibido hace unos días, aún no ha adoptado ninguna decisión.