Todo empezó con una denuncia. Alguien alertó a las autoridades de que se celebraban reuniones a las que presuntamente asistía el entonces presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. En ellas, el dirigente del PP pedía a los presentes que intentasen conseguir "un millón y pico de euros" para financiar las campañas. Las fiscales anticorrupción siguieron la pista y aprovecharon los interrogatorios de 2015 en el caso Púnica para preguntar sobre estos hechos. Cuatro años después, han pedido la imputación de González por su participación en la supuesta financiación irregular del PP de Madrid y han logrado que este jueves declare en calidad de investigado.
La comparecencia de González tiene lugar dos meses después de que las representantes del Ministerio Público Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez presentaran su escrito de acusación ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6. Las fiscales pidieron al magistrado Manuel García-Castellón que reordenara la macrocausa que desde 2014 se dirige en la Audiencia Nacional y que investigara al expresidente González y a las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.
En febrero de 2015, una de las fiscales aludió a la denuncia que dio pie a las pesquisas contra González en pleno interrogatorio al ex responsable de la empresa de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás. "Es una denuncia que está incorporada en las actuaciones", dijo, antes de lanzar la pregunta que involucra al expresidente.
Facturas falsas
"¿Usted ha estado en alguna reunión con personas donde el presidente de la Comunidad de Madrid le ha pedido a la gente que estaba en esa reunión que intentase conseguir un millón y pico de euros para temas de campañas, sobrefacturando contratos y con facturas que no obedecen a la realidad?", preguntó la fiscal.
Aunque el responsable de ICM negó en ese momento tener conocimiento de los hechos, la Fiscalía considera en su escrito de acusación que González convocó la "reunión que proyectó el nuevo plan de financiación del PPCM". En aquel encuentro, según las fiscales, estarían implicados el propio Martínez Nicolás; la ex directora general de relaciones con la Asamblea de Madrid Inmaculada Sanz Otero, dirigentes del Canal de Isabel II; y Borja Sarasola, entonces viceconsejero de Asuntos Generales de la Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid.
Según el Ministerio Público, en aquella reunión del 7 de junio de 2012, "el investigado Ignacio González solicitó a los asistentes que reuniesen la cantidad de un millón de euros para sanear la caja b del PPCM, que habían quedado maltrecha tras la fastuosa campaña que se encargó y diseño para las elecciones del año 2011, que dio el triunfo a Esperanza Aguirre".
En la versión de la Fiscalía, la cantidad solicitada por el expresidente "debía detraerse del sobrecoste de alguno de los contratos licitados por ambas sociedades públicas, ICM y Canal de Isabel II, como presuntamente ya venía ocurriendo desde años anteriores".
Indra y el desvío de fondos
Anticorrupción, que se ha apoyado en varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para argumentar su acusación, ha explicado al juez de la Púnica que el PP madrileño ideó "artilugios varios para desviar dinero público" de la Comunidad de Madrid para el pago de gastos privados del partido, personales de las autoridades públicas concertadas y gastos electorales.
Según los agentes de la UCO, las evidencias indican que cuando Ignacio González pidió financiación para el PP madrileño a José Martínez Nicolás "esto se tradujo en que Indra Sistemas S.A soportara determinadas deudas del PP con empresas vinculadas con Sánchez Moyano mediante la facturación de servicios no realizados".
El pasado 10 de octubre, Indra, imputada como persona jurídica en la causa, admitió ante el juez que abonó facturas a la empresa Swat, una de las proveedoras del PP de Madrid en la época de Esperanza Aguirre. Según explicó el representante legal, desde la compañía no han podido confirmar que las facturas investigadas correspondan a trabajos realizados.
Ahora, el propio González tendrá que aclarar el contenido de aquellas reuniones y responder si pidió a empresarios y cargos de la Comunidad de Madrid conseguir "un millón y pico de euros" para las campañas del PP madrileño.
