La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador ha aprobado un pronunciamiento en contra de la extradición solicitada por España de los militares condenados por el asesinato del jesuita Ignacio Ellacuría y otros sacerdotes y empleados de la Universidad. El 16 de noviembre de 1989 miembros del batallón Atlacacalt entraron en la Universidad Centroamericana José Simeón y mataron a Ellacuría, otros cinco sacerdotes y dos empleados del centro.
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ordenó el pasado febrero una orden de detención contra el coronel Alfredo Benavides y cuatro militares que dispararon contra los sacerdotes. La Policía llegó a detener a los implicados tras una orden de la Interpol, después de que el juez Velasco insistiera en la orden internacional. El mes de marzo el Gobierno acordó pedir de nuevo la extradición de los cuatro militares culpables del asesinato de estos ciudadanos, entre los que había cinco españoles.
En marzo el Gobierno pidió la extradición de los militares culpables de los asesinatos
La Audiencia Nacional quiere juzgarlos por los delitos de asesinatos terroristas y crímenes contra la humanidad. Los culpables habían sido condenados a 30 años de cárcel, pero fueron amnistiados a los 14 meses. El pasado día 15 de junio los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobaron un pronunciamiento contra la extradición.
Guillermo Guerreros, uno de los diputados de GANA y vicepresidente de la Asamblea, explicó en un escrito dirigido a la Cámara que los militares ya habían sido juzgados por lo que se vulneraría la soberanía nacional. Añadió que la extradición ponía en peligro la amnistía. El propio diputado reconoció que este pronunciamiento no tiene efectos legales ya que la decisión depende de la Corte Suprema de Justicia.
Un diputado de Arena, Norman Quijano, dijo que apoyarían el pronunciamiento, mientras que el FMLM explicó que la Asamblea no debería intervenir en un asunto de la Corte Suprema. En el requerimiento se expresa la preocupación de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador “ante la situación actual de los militares requeridos por el Estado Español por los hechos ocurridos el 16 de noviembre de 1989”. Creen que la extradición sería una “posible violación de la soberanía nacional y la Constitución, las leyes de El Salvador y los derechos humanos de los militares privados de libertad ante la solicitud de extradición del juez español Eloy Velasco”.
El Salvador ya negó la extradición en marzo de 2012
Recuerda Quijano que El Salvador negó la extradición en marzo de 2012 con los votos de nueve de los quince magistrados. En marzo la Corte Suprema de Justicia recibió la solicitud y añade “que se han excedido los plazos procesales, sin que se haya pronunciado una resolución en firme sobre la captura de los militares que están guardando prisión”.“La Fiscalía –añade el pronunciamiento- cree que no procede la extradición porque se trataría de un doble juzgamiento”. “No apoyamos que la muerte de jesuitas sea correcta, -dice el documento- condenamos los hechos realizados el 16 de noviembre de 1989, pero hay que respetar y sostener el Estado de Derecho”
Consideran los diputados que “no debe autorizarse la extradición de los militares, ni continuar con la persecución, así como considerarse que debe otorgarse la libertad a los militares” y piden a la Corte Suprema que resuelva en la mayor brevedad la solicitud de extradición.
