Nueve meses. Ese es el retraso que acumula ya la comisión rogatoria que la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona, Mariana Peregrina, envió el pasado mes de marzo a las autoridades de Londres para recabar "sin dilación" información que se considera clave para desvelar las supuestas irregularidades en la compraventa del ático que Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, tiene en esta localidad malagueña. Con ella, la magistrada espera conseguir datos sobre las cuentas en el Lloyds TSB Bank PLC de la capital británica abiertas a nombre de Coast Investors LLC, la empresa que figuraba como titular de la vivienda de lujo hasta que fue adquirida hace ahora un año por el político madrileño y su esposa, Lourdes Cavero, recientemente imputada en la causa. Un informe policial del pasado mes de julio desvela que el retraso no es fruto de la desidia de las autoridades judiciales inglesas ni españolas, sino de un supuesto error del juzgado, que tramitó su petición por cauces policiales cuando debía haberse utilizado los canales judiciales.
La comisión rogatoria fue tramitada, por error, a través de Interpol. Las autoridades británicas exigen que se siga el cauce marcado por el convenico de asistencia penal de la UE que fija el contacto directo entre jueces
Así lo desvela un informe policial del pasado 18 de julio que obra en la causa, y a cuyo contenido ha tenido acceso este diario. En él, los responsables policiales de Málaga detallan lo ocurrido desde que la juez dictó el pasado 18 de marzo una providencia en la que ordenaba librar la comisión rogatoria y la respuesta ese mismo verano de las autoridades británicas negándose a facilitar la información solicitada. Según el documento policial, la "solicitud de asistencia judicial en materia penal" fue trasladada, una vez traducida al inglés, desde el juzgado a la comisaría local de la Policía en Estepona y, desde allí, a la de Málaga. Una vez en ésta, la misma se puso en manos de la Brigada Provincial de Policía Judicial, quien la hizo llegar a la oficina de Interpol-España. Ésta a su vez, la transmitió a las dependencias que este organismo policial internacional tiene en la ciudad de Manchester para que, por su parte, se hiciera llegar a las autoridades judiciales de aquel país.
Sin embargo, Interpol en el Reino Unido rechazó tramitar dicha comisión rogatoria y respondió al requerimiento de información en julio con una negativa. Londres explicaba que el convenio del año 2000 que fija los mecanismos de asistencia penal entre estados miembros de la Unión Europea (UE) no admite la vía Interpol para recabar los datos bancarios que reclamaba la juez de Estepona y aclaraba que la única forma de que se le facilitase a la juez Peregrina era que la comisión rogatoria fuera tramitada directamente desde el propio Juzgado de Estepona a las autoridades judiciales británicas, como recoge la legislación europea. Fuentes del Ministerio de Justicia español han confirmado a este diario que, efectivamente, ese es el cauce reglado para tramitar comisiones rogatorias entre estados de la UE.
"Vía diplomática"
Curiosamente, el escrito remitido por la magistrada no recogía como canal de tramitación de la comisión rogatoria ni el 'cauce policial' que se utilizó ni tampoco el directo que marca la normativa europea. En concreto, el escrito de la juez señalaba como "vía de transmisión" al Ministerio de Justicia y que la misma fuera trasmitida por "vía diplomática". Fuentes del departamento de Gallardón aseguraban ayer a este diario que dicha solicitud nunca llegó hasta sus manos, ya que no figura en sus registros, y que la primera noticia que tuvieron de su existencia fue el auto del pasado lunes en el que la propia magistrada se quejaba de que no había sido cumplimentada por las autoridades británicas.
En aquella solicitud de marzo, la instructora fijaba la urgencia de recabar la información con la expresión "sin dilación" y detallaba que estaba investigando la supuesta "compra fraudulenta de inmuebles en España a través de sociedad fiduciaria", lo que suponía un "delito contra la hacienda pública". El objeto de la misma no era otro que recabar información "sobre el último beneficiario de las cuentas corrientes que obre (sic) a nombre de Coast Inversors LLC, titulares o autorizados de la misma, así como de sus movimientos contables de origen o destino a España, con indicación de las cuentas o destinatarios". Con ello, la magistrada esperaba recabar información sobre el verdadero origen del dinero con el que esta compañía adquirió en 2008, sólo dos meses después de ser constituida.
Y la comisión a EEUU
La comisión rogatoria fallida a Londres no es, sin embargo, la única petición de ayuda internacional que tramita la titular del juzgado de Estepona dentro del caso del ático de Ignacio González. El pasado mes de septiembre también dictó una providencia para hacer llegar otra a EEUU. El objeto de la misma era que las autoridades de Washington interrogasen a Rudy Valner, el ciudadano de nacionalidad mexicana y domicilado en California que actuó en nombre y representación de Coast Investors LLC en la compra del ático. Dos meses después, está tampoco ha dado ningún resultado, entre otros motivos, porque aún no ha sido traducida al inglés para su posterior envío al otro lado del Océano Atlántico, como reconocía la propia magistrada en el auto en el que imputaba a la mujer de González, Lourdes Cavero.
Esta diligencia judicial también empezó con 'mal pie', ya que en su momento no se le comunicó con carácter previo a la acusación popular, representada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que al tener noticia de la misma solicitó retrasarla para poder incluir las preguntas que deseaba formular al titular de la empresa bajo sospecha. Una vez hecho eso, la juez trasladó el escrito con la solicitud y el cuestionario a hacer a Valner a la empresa encargada por la Junta de Andalucía para hacer las traducciones que necesiten los juzgados de esta comunidad autónoma. Aún sigue en esa fase. Una vez concluya, el documento debe ser remitido, esta vez sí, al Ministerio de Justicia, que es el único órgano encargado de solicitar la colaboración judicial de países de fuera de la UE. Ayer, fuentes de este departamento reconocían que aún no habían recibido nada.
