Un día, tres golpes: la confesión de un exdirectivo, el viraje de Fiscalía y la decisión del juez. BBVA vivió este lunes una tormenta perfecta que le ha dejado contra las cuerdas. La pieza novena del 'caso Tándem' ha terminado en la imputación del banco de Carlos Torres por los presuntos trabajos de espionaje que durante 13 años encargó al comisario jubilado José Manuel Villarejo. La entidad será investigada por hechos que serían constitutivos de delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. Tal y como ha acordado el juez, BBVA tendrá que designar a alguien que le represente ante la Justicia y no podrá personarse como perjudicado en la causa.
El torbellino empezó a gestarse a las 11.00 horas, cuando uno de los directivos de la cúpula de Francisco González regresó a la Audiencia Nacional para continuar con su declaración del viernes. Tres horas después, el banquero abandonó la sede judicial acompañado de su abogado.
Era Antonio Béjar, ex jefe de riesgos y recuperaciones inmobiliarias del banco y recién destituido presidente de Distrito Castellana Norte, el único de los ocho excargos imputados de BBVA que ha respondido a preguntas del ministerio público y el único que ha acudido al Juzgado Central de Instrucción número 6 en tres ocasiones. Con su testifical, propinó el primer golpe que recibiría la entidad este lunes.
Nuevos datos a la investigación
Fuentes jurídicas han asegurado que el banquero aportó nuevos datos y pruebas de los encargos al comisario jubilado. Fuentes del caso explican a Vozpópuli que entre los trabajos realizados por Villarejo para el departamento de Béjar estarían las pesquisas realizadas sobre el presidente de Colonial, Luis Portillo.
Según adelantó El Economista, el objetivo de aquella petición era recuperar los 70 millones de euros que la compañía adeudaba al banco. Fuentes del caso consultadas por este diario han añadido que Villarejo advirtió a BBVA de que Portillo tenía propiedades en Nueva Zelanda y Suiza, por lo que el banco usó el informe del excomisario para denunciar al expresidente de Colonial, y así intentar recuperar parte de los 70 millones que le adeudaba.
Entre los encargos realizados por el departamento de Béjar a Villarejo estarían también las pesquisas sobre el presidente de Martinsa, Fernando Martín; un trabajo que, tal y como publicó Moncloa.com, se utilizaría para rescatar una deuda de 80 millones.
La colaboración de Béjar este lunes incluyó la entrega de documentos a la causa, según adelantó EFE y confirmó Vozpópuli. La suma de sus explicaciones y las pruebas aportadas llevaron al Ministerio Fiscal a asestar el segundo golpe del día.
Decisión de la Fiscalía
Este lunes, la Fiscalía dio un paso atrás y retiró sus medidas cautelares contra Béjar. En concreto, retiró la petición de libertad bajo fianza de 500.000 euros que había solicitado el viernes y que llevó a junta extraordinaria de Distrito Castellana Norte -filial de BBVA- a destituir a este exdirectivo como presidente.
La decisión del ministerio público dejó al BBVA en una posición incómoda. Horas después del anuncio, la entidad comunicó que "está valorando" si reanuda su relación laboral con Béjar, que fue apartado de forma fulminante.
Imputación del BBVA
Y justo cuando parecía que la jornada judicial había terminado, trascendió la imputación del banco. Pasadas las 16.30 horas, los diarios se hicieron eco del tercer golpe: el juez de la Audiencia Nacional había acordado dirigir la investigación contra la entidad por hechos que serían constitutivos de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios.
El magistrado Manuel García-Castellón investogar al banco a petición de la Fiscalía en un auto que se mantendrá bajo secreto, al igual que la pieza en la que se indaga el presunto espionaje que la entidad -entonces presidida por Francisco González- encargó a Villarejo en 2004 ante una OPA hostil de Sacyr.
Según el ministerio público, la "incompatibilidad de los encargos asumidos por el entramado empresarial Grupo Cenyt con la condición de funcionario policial en activo de José Manuel Villarejo" serían constitutivos de un delito de cohecho activo y la "reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante seguimientos personales y acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria" constituirían múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
"Colaboración con la Justicia"
Tres horas después de que la noticia desatara la tormenta, la entidad de Carlos Torres emitió un comunicado en el que rescató el hecho de que el banco había aportado información a la causa y que tanto el escrito de la Fiscalía como el auto del Juzgado citaban "la colaboración activa de BBVA en la causa".
"Como ya dije en enero y he reiterado en múltiples ocasiones desde entonces, nuestra prioridad es el esclarecimiento de los hechos y la colaboración con la Justicia y así seguirá siendo", insistió el presidente del banco. Una de las principales interrogantes sobre la mesa es si tendrá lugar la imputación de Francisco González, quien fuera el piloto de la entidad durante décadas y a quien Villarejo hace referencia en varios de sus audios.
