Los imputados en la causa contra Tsunami Democràtic vuelven a la carga contra el magistrado Manuel García Castellón. En concreto, Oleguer Serra -uno de los miembros de la plataforma que ya recusó al juez instructor en noviembre- ha recurrido ante la Sala de lo Penal la negativa del juez a apartarse de estas diligencias que siguen instruyéndose por presunto delito de terrorismo.
Así consta en la nueva documental adherida al procedimiento, y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, en el marco de la cual las acusaciones, en concreto la que ejerce Sociedad Civil Catalana, denuncian que se trata de una maniobra para dilatar la investigación. Vox, por su parte, descarta que se produzca indefensión a los imputados. Cabe recordar que la misma está pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva sobre si admite la exposición razonada de García Castellón o devuelve la causa a la Audiencia Nacional.
Antes de llegar a ese paso se espera el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo. El criterio que acuerde el Ministerio Público viene envuelto en polémica después de que la Junta de Fiscales de Sala de lo Penal acordara por una amplia mayoría pedir que el alto tribunal asuma esta causa contra Puigdemont y otra decena de imputados por terrorismo.
La Fiscalía respalda al juez
La falta de acuerdo entre los fiscales y uno de sus superiores en la Sala propiciaron la inusual activación del artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Algunos de los fiscales allí presentes denunciaron que se trató de una maniobra, puesto que ahora decidirá la 'número dos' de la Fiscalía General, y persona de máxima confianza del fiscal general, María Ángeles Sánchez Conde. El informe en cuestión se presentará pronto.
Así pues, mientras tanto, el procedimiento avanza con el foco puesto en el intento de los imputados por apartar al magistrado García Castellón. En este caso se eleva a la Sala el recurso de Oleguer Serra aunque también recusaron al instructor Oriol Soler (que comparte defensa con Serra) y Josep Lluís Alay, mano derecha de Carles Puigdemont desde su fuga a Waterloo.
Sociedad Civil Catalana y Vox denuncian que esta recusación es idéntica a la planteada por otro imputado y que no hay motivos para apartar al instructor de la causa de Tsunami
Oleguer recurre ahora a la Sala de lo Penal frente al criterio de la Fiscalía y de las acusaciones. El fiscal del caso, que discrepa de García Castellón en cuanto a la investigación por terrorismo, se ha opuesto al recurso de este miembro de Tsunami Democràtic, al recordar que ya se desestimó su recurso en dos pronunciamientos previos: por providencia el 15 de noviembre y por auto el pasado 24 de enero.
El magistrado razonó en su primer pronunciamiento que se trataba de un incidente de recusación redactado en los mismos términos que el de Soler y, por lo tanto, procedía a desestimarlo también.
En enero, el magistrado explicó sus motivos. Según dijo, la petición no podía prosperar porque la ley determina que el incidente de recusación se interponga tan pronto como se conozcan los motivos para ello y, en su caso, tardó más de un mes. Ello es así porque basó su recusación en unas palabras que pronunció García Castellón en un foro el 5 de octubre de 2023 mientras que el incidente lo planteó el 13 de noviembre, tras su imputación formal en la causa.
Dilatar el caso Tsunami
"Fue más de un mes después, y no se molesta en dar ni un solo argumento respecto a por qué no se ha puesto en conocimiento la recusación con anterioridad", planteó el magistrado. El imputado, por su parte, insiste en que el juez tiene que apartarse de las diligencias contra Tsunami Democràtic que dirige desde 2019 por haber tildado en público de "inconstitucional" la futura ley de amnistía que también abarcará este procedimiento por terrorismo.
Sin embargo, el juez lo que dijo durante ponencia fue que "como ciudadano" podía decir dos cosas: "Uno: que la Constitución tampoco está prohibida la esclavitud y, sin embargo, no es posible. Y no está prohibida expresamente. Y dos: Bien, estos señores han dicho si en cuanto puedan van a volver a repetirlo, por lo tanto, ¿será esta amnistía la primera de muchas otras después?", expuso.
Al respecto cabe recordar que por estos hechos le recusó también Oriol Soler y la mano derecha de Puigdemont. Precisamente la Sala de lo Penal archivó de manera definitiva a mediados de enero la petición de Alay por apreciar defectos formales en su solicitud que no se corrigieron en plazo.
Por todo ello,a acusación que ejerce Sociedad Civil Catalana vaticina que este nuevo intento de apartar al juez instructor caerá también en caso roto, considerando además que se busca con él "colapsar y dilatar indebidamente el procedimiento". "La conferencia en la que participó el juez instructor fue del todo inocua y en modo alguno prejuzga el resultado de esta causa, no estando su imparcialidad para nada cuestionada por dicha breve intervención", exponen.
Vox: "Ninguna imparcialidad se deduce"
Vox, que también litiga como acusación popular, incide en que el magistrado no se pronunció sobre la amnistía, sino que "hizo gala de prudencia" y dijo durante el simposio que, como magistrado, no podía contestar y que su libertad de expresión quedaba "limitada". "Lo cierto es que de las declaraciones formuladas ninguna imparcialidad se deduce. Más bien al contrario: se observa un claro respeto a la función judicial", reza el escrito de la formación política.
Al hilo, recuerda que el hecho de que un magistrado se pronuncie acerca de cuestiones jurídicas de interés no es causa de abstención o de recusación, máxime como, en este caso, el magistrado García Castellón mostró "prudencia" al ser preguntado por la ley que amnistiará todas las causas del procés.
El avance del procedimiento se produce en paralelo a las negociaciones a puerta cerrada entre el PSOE y Junts para tratar de sacar adelante la ley de amnistía que encalló en el Congreso por desavenencias sobre el terrorismo. Mientras los de Puigdemont quieren incluir que la medida de gracia salve todo el terrorismo del procés, desde el Gobierno no se mueven de la actual redacción, que excluye los artículos segundo y tercero del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
Precisamente el magistrado García Castellón considera que el segundo, relativo al derecho a la vida, se puso en juego en las protestas más violentas de Tsunami, como fueron los disturbios convocados por esta organización en los meses de octubre y noviembre de 2019 para protestar contra la sentencia del procés o el asedio al Prat, donde 8.000 personas convocadas por Tsunami bloquearon la actividad del aeropuerto el 14 de octubre de aquel año.
