La Fiscalía Anticorrupción ha entregado este jueves un escrito al juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, en el que se opone a la imputación de la infanta Cristina por entender que no hay contra ella más que "meras conjeturas o sospechas que no constituyen elementos válidos de imputación". En su escrito --que el fiscal justifica en "el elenco de funciones que la Constitución otorgan al Ministerio Fiscal-- Pedro Horrach sostiene que "la inexistencia de elementos de prueba que la vinculen a los hechos objeto de investigación sigue vigente a día de hoy" y concluye: "Si nada hay, nada se puede contar".
"No hay ni un solo elemento de prueba que vincule a Doña Cristina de Borbón con actividades delictivas propias o ajenas", concluye el Fiscal
El Fiscal hace un pronunciamiento clave al analizar el delito de blanqueo de capitales y asegura que para que la infanta Cristina hubiera incurrido en ese delito se exigiría "el conocimiento del origen ilícito de los bienes", algo que el fiscal rechaza. Según su relato, "no hay pruebas de que conociera la actividad delictiva previa de su cónyuge" y concluye: "con datos de naturaleza tan equívoca e imprecisa, articular hechos con apariencia delictiva obligaría a acudir a la mera especulación, cuando no a la pura ficción".
En su apartado de conclusiones, el fiscal afirma: "en el proceso penal, las meras conjeturas o sospechas no constituyen títulos válidos de imputación" y añade que "no hay ni un solo elemento de prueba que vincule a Doña Cristina de Borbón con actividades delictivas propias o ajenas".
Deja la puerta abierta a la vía civil
La Fiscalía sí deja, sin embargo, la puerta abierta a una futura imputación por la participación a título lucrativo de aquellos delitos que se imputen a Urdangarín. Literalmente, el fiscal concluye resaltando la inocencia de la Infanta "sin perjuicio de las responsabilidades civiles que, en su caso, puedan derivarse respecto de Doña Cristina de Borbón al amparo de lo establecido en el artículo 122 del Código Penal (participación a título lucrativo)".
Esa vía significa que la única sanción posible sería pecuniaria, es decir, que la pena máxima que recaería sobre la hija del Rey sería una multa que no conllevaría la existencia de ningún tipo de antecedente penal.
El juez José Castro debe decidir en próximas semanas si acuerda o no el encausamiento de la hija del Rey Don Juan Carlos por presunto delito fiscal o de blanqueo de capitales.
El Fiscal se defiende a sí mismo
El ministerio público no sólo defiende a la infanta. También sale en defensa de sí mismo y del papel de la Agencia Tributaria al asegurar: “Es cuando menos incoherente e irracional que quien inicia una investigación sea acusado después de ocultar o encubrir la misma”. En torno a su propia actuación, asegura que “quien firma el presente informe es quien desde el inicio ha impulsado de forma activa la investigación, directamente y emitiendo las órdenes oportunas a la Policía Judicial para la práctica de cuantas diligencias ha considerado pertinentes”. Horrach detalla qué órdenes ha dado pero no menciona ninguna de las ocasiones en que ha intentado frenar las diligencias del juez y de las acusaciones populares.
"En el proceso penal, las meras conjeturas o sospechas no constituyen títulos válidos de imputación" afirma el Fiscal
En cualquier caso, el ministerio público asegura que “la memoria es frágil” y que “el vaivén propio de todos los procedimientos judiciales complejos y las noticias aparecidas en los medios de comunicación (…) difuminan en ocasiones el origen de determinadas situaciones, oscureciendo el papel que han jugado en las mismas las instituciones y/o personas que realmente iniciaron las mismas”.
