Los cambios de criterio de Hacienda en favor de la Infanta no llegarán al Congreso. El Partido Popular ha impuesto su mayoría en la Diputación Permanente del Congreso para evitar las explicaciones que pedían los grupos de la oposición, después de que el juez Castro reprochara en su auto que la Agencia Tributaria haya corregido su propio criterio para evitar acusar a la hija del Rey de delito fiscal.
El PP asegura que las explicaciones que se piden son "ilegales"
Izquierda Unida y el Grupo Mixto habían pedido explicaciones a Hacienda y Justicia por los criterios denunciados por el juez. La iniciativa había sido respaldada por PSOE y UPyD y pedía que Montoro "aclarara urgentemente el papel de la Agencia Tributaria en las investigaciones que han desembocado en la imputación por delito fiscal y blanqueo de capitales de la infanta Cristina". A Gallardón se le pedían explicaciones por "la reiterada oposición de la Abogacía del Estado y la Fiscalía" a la imputación.
El portavoz del PP, Agustín Conde, ha justificado ese veto con el argumento de que informar al Congreso de actuaciones procesales en marcha es "ilegal" por el secreto de sumario. El veto del Partido Popular ha contado con el respaldo de CiU que ha asegurado que respaldaba la negativa a la comparecencia porque el asunto está sub-iudice.
Montoro evita otra comparecencia
Hacienda no tendrá que explicar lo que el juez instructor de la causa calificaba en su auto como una actitud "incomprensible" de la Agencia Tributaria. Castro reprochaba igualmente al fisco de aplicar normas ad hoc en favor de la Infanta.
Castro califica de "incomprensible" la actuación de Hacienda por mucho que la Infanta "mantuviera una actitud propia de quien mira hacia otro lado"
Así, el juez destaca como Hacienda “cambia de criterio respecto a informes anteriores a partir de que dos órganos de la Administración de Justicia se cuestionan la responsabilidad penal de la infanta”. El juez reprocha al fisco que la responsabilidad que “siempre fue mantenida por la Administración Tributaria” desapareció cuando se pronunciaron en contra el Fiscal General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción a las que no nombra explícitamente.
Hacienda --tal y como publicó Vozpópuli-- cambió su criterio respecto a las deducciones, evitando que la infanta rebasara el límite que constituye delito fiscal.
(Haga clic sobre las imágenes para verlas a pantalla completa)
De igual modo, el magistrado acusa a la Agencia Tributaria de permitir que el matrimonio aplicara desgravaciones indiciariamente ilegales, un criterio que –añade– el instructor califica de “incomprensible” y que “no puede compartir”. La liquidación de la cuota real ante el fisco arroja un saldo defraudado de más de 120.000 euros y la comisión indiciaria de un delito fiscal que –reprocha el juez—Hacienda no ha querido investigar de forma directa.
También cuestiona que no se haya investigado la participación indirecta de la infanta. “Los delitos contra la Hacienda Pública que se imputan a Don Iñaki Urdangarin Liebaert difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y la aquiescencia de su esposa por mucho que de cara a terceros indiciariamente mantuviera una actitud propia de quien mira para otro lado”.
