Finalmente el juez José Castro ha decidido imputar a la Infanta Cristina por presunto delito fiscal y de blanqueo en el seno de la investigación del 'caso Nóos'. El juez de Instrucción número 3 de Palma ha dictado este martes un auto de 227 páginas en el que cita a la hija del rey a declarar el próximo día 8 de marzo a las 10.00 horas de la mañana, coincidiendo con el 'Día de la mujer trabajadora'.
El juez aporta indicios de los dos delitos de los que acusa a la Infanta. Así, en el caso del delito fiscal asegura que la contabildad real de Aizoon "distaba mucho de ajustarse a la realidad" e incluye una "sobrecarga de gastos personales de los copartícipes que ni por asomo guardaban una mínima conexión con la actividad profesional de Aizoon S.L. y que fiscalmente cabría conceptuarlos como aplicación de renta". El magistrado considera que existe un "doble efecto fiscal defraudatorio":
- Urdangarín y su esposa "no tribuntan por el Impuesto de la Renta puesto que ninguna constancia oficial existe del dinero percibido"
- y se disfrazan y contabilizan como gasos de explotación de la entidad mercantil gastos meramente personales "con el efecto premeditadamente buscado de minorar la base imponible del impuesto de sociedades y, con ello, de la cuota a ingresar".
Para ello, el juez ha considerado un elemento clave: la Infanta firmó cada una de las cuentas anuales de la compañía por lo que no cabe alegar desconocimiento de las mismas, razona el magistrado que dedica tres folios a detallar qué día, en qué lugar y por qué cuantía firmó la contabilidad de Aizoon la hija del Rey a lo largo de 9 años.
En el caso del delito de blanqueo de capitales, Pedro Castro considera que la hija del Rey participó en una estructura “opaca” al fisco con la intención de evadir el pago de impuestos a Hacienda y asegura que "esos ingresos [procedentes del reparto de dividendos fiscalmente opacos] nunca los tributó en sus declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas [IRPF]". El magistrado aprecia indicios de delito de blanqueo de capitales y de fraude fiscal porque la cantidad presuntamente defraudada supera los 120.000 euros, delitos que conllevan penas de más de 11 años de cárcel.
El juez acusa a la hija del Rey de recibir fondos "opacos" que "nunca tributó"
El texto del juez recoge, además, en sus primeros 114 folios las posiciones de todas las partes, con mención a la Fiscalía Anticorrupción y a la Abogacía del Estado cuyos informes han sido contrarios a la imputación de la infanta Cristina. Igualmente, incorpora el informe de la acusación popular Manos Limpias en el que se detallan las cuantías presuntamente estafadas y que sirven de base para la imputación de la hija del Rey.
"Especial cuidado" de la Infanta
El juez valora la doctrina que le reclama "especial cuidado" en la imputación para asegurar que en circunstancias no cabe distinguir entre quienes pueden tener diferentes "repercusiones sociales" ya que "nunca se debe propiciar una diferencia en el trato judicial, siendo los personajes públicos quienes están llamados a observar ese especial cuidado para no situarse en órbitas que pudieran resultar cuando menos comprometedoras". En el auto, Castro afirma explícitamente que la convocatoria de una imputación es un "deber inexcusable del Juez" y que "no puede ser lógicamente un escrito de acusación formal" y concluye: el criterio que "este Juzgado ha venido inveteradamene llevando a cabo para la convocatoria de personas que habrían de prestar declaración en calidad de imputadas" es el mismo "criterio que pacíficamente, es decir, sin eventos impugnatorios, se viene observando en los demás juzgados de este Partido Judicial y del resto de España"
El criterio que se ha seguido para la imputación es "el mismo de los demás juzgados de España", defiende Castro
Esta es la segunda ocasión en la que Castro cita como imputada a la infanta Cristina, pero cuando lo hizo por primera vez en abril de 2013 suspendió poco después la citación después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara recurso ante la Audiencia Provincial. La Audiencia dejó sin efecto la imputación pero apuntó nuevas líneas de investigación para averiguar si la infanta Cristina pudo incurrir en posibles delitos fiscales y de blanqueo desde la empresa Aizoon, de la que es propietaria al 50 % junto a su esposo. El auto de Castro podría seguir ahora el mismo camino porque puede ser recurrido de nuevo ante el mismo tribunal superior.
