El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha decidido archivar la investigación en torno a los responsables del despacho de abogados que recurrieron al comisario Villarejo para que investigase a unos exempleados que habían fundado su propio bufete. El magistrado argumenta que desconocían su condición de policía y que tampoco fueron informados de cómo estaba llevando sus pesquisas. Sin embargo, Vozpópuli ha tenido acceso a los informes del caso en el que figuran conversaciones entre ambas partes que, a juicio de los investigadores, ponen en duda ese desconocimiento. "Yo soy comisario", "esto es más ilegal que una patata", "por qué te crees que el de Hacienda nos lo da gratis" o "la gente se la juega y a cambio hay que untarlos", son algunas de las expresiones usadas por Villarejo.
El 13 de septiembre de 2013 se reunieron el comisario, su socio Rafael Redondo y sus clientes en el Casino de Madrid. Según la investigación, “hablan de las personas en las que sospechan, hablan de los controles un poco que se les puede hacer a la gente, Rafael (Redondo) le comenta que les faciliten esos números para ver un poco todo con unos protocolos que ellos tienen, Villarejo también les comenta que para mirar un poco los cruces de llamadas, que ellos tienen unos programas que se lo hace, Rafael le dice que el programa que tienen es uno al posterior ese que no sabía utilizar bien la Policía, hablan de los plazos y el tiempo que les llevaran...".
Esta grabación fue efectuada por el propio Villarejo, que acostumbraba a llevar grabadora a todos sus encuentros y fue hallada por la Unidad de Asuntos Internos en uno de los registros de sus domicilios. Concretamente estaba incluida dentro del ‘pendrive’ llamado Pfizer. Su contenido sirvió para investigar a los socios mayoritarios del despacho Herrero y Asociados: Francisco Carpintero López y Andrés Medina Bravo, Álvaro Martínez Muñoz (director financiero). También a la Directora del Departamento de marcas, María Ángeles Moreno. Para todos ellos el juez dictó el sobreseimiento libre de las actuaciones este martes.
Acceso a cuentas bancarias
“Formalizaron la negociación del encargo, de forma verbal, comprometiéndose los investigados Villarejo y Redondo a llevar a cabo la ejecución del proyecto, aunque sin comunicarles cómo aquel se llevaría a cabo cuáles iban a ser las técnicas de investigación sobre la entidad mercantil (el despacho de abogados Balder)”, sostiene el juez en su auto. Esta decisión será recurrida por la Fiscalía, según informa Europa Press. El Ministerio Público entiende que Villarejo y su socio usaron "técnicas de investigación restrictivas de derechos fundamentales" como el derecho a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, o al secreto tributario. Por ello acusa a los abogados de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos.
En la causa obran afirmaciones también comprometedoras de la misma reunión en el Casino de Madrid en la que, según los informes, por parte del despacho de abogados asistieron Francisco Carpintero y Álvaro Martínez. En un momento dado, Villarejo les dice: “Mira la cuenta que ellos tienen en el BBVA, es el 31 del 5”. El comisario continúa ofreciendo detalles de sus pesquisas: “De mayo y tienen un fondo depósito de 40.000 y un fondo de 90.000 y como domicilio consta, Avenida de Madrid - nº1”.
Según los informes de los investigadores, los acusados “hablan de Patricia, por si ella es la que vive en esa dirección, y de las cuentas que Patricia pueda tener en BBVA y en Cajamar. Villarejo le describe con detalle los movimientos de cuentas de las personas del despacho de Balder y de los ingresos y movimientos del despacho, incluyendo a Magnus". Se trata de Patricia Koch y Magnus Stiebe, dos de los exempleados de Herrero y Asociados que decidieron fundar su propia firma. La sospecha de los clientes de Villarejo es que sus exempleados se habían llevado datos de la empresa y les estaban quitando clientes e inversiones.
"Hace falta burlar esos controles"
En otro momento de la conversación, Villarejo llega a explicarles que tiene contactos dentro de los bancos que les ayudan en sus pesquisas: “Estamos en ello y que nos ha costado, sorprendentemente nos han puesto muchas más pegas de las normales, nosotros tenemos buenas relaciones con gente dentro de los bancos y tal, y en este caso ... coño es que esto lo llevan muy arriba, o sea que por las razones que sean hay cierto blindaje de acceso de nivel medio, y hace falta burlar un poco esos controles ... ". Y añade: nosotros sabemos analizar las cuentas, entonces ahora mismo ya la estamos analizando y estamos viendo como casa movimientos del banco con declaraciones de el".
Según la Policía y la Fiscalía, Villarejo y Redondo también informaron a sus clientes de que tenían un contacto inspector de Hacienda. Por la transcripción de la charla se deduce que el policía muestra un documento ante lo que una persona que en el informe identifican como “desconocido” reacciona: “¿Esto nos lo podemos quedar?”. “Hombre, claro que sí”, le responde Villarejo, pero llega a advertirle entre risas de que eso era “más ilegal que una patata”. Uno de los argumentos del juez De Egea es que los abogados fueron informados sólo verbalmente de los resultados la investigación, que acabó formalizada en una denuncia ante la Brigada de Delitos Telemáticos de la Policía y posteriormente en un Juzgado de Madrid, que acabó archivando los hechos.
El contacto con Hacienda
En el informe al que ha tenido acceso este periódico, los investigadores también le atribuyen a Villarejo y su socio el uso de “informes de inteligencia financiera, reservados por su naturaleza” y que este tipo de circunstancias les llevaron a pedir más dinero por el trabajo. Así consta, a juicio de la Policía y la Fiscalía, en una conversación entre el comisario y María Ángeles Moreno, la jefa de marcas del despacho: “La provisión de fondos es fundamental porque qué te crees que el de Hacienda nos lo da gratis, los rastreos que estamos haciendo de tráfico de llamadas y las cosas delicadas tío ... la gente se la juega y a cambio hay que untarlos, el de … la persona que estamos seduciendo para que nos cuente cosas ... todo eso vale pasta ...".
Entre los extractos de las conversaciones destacadas por los investigadores también se da cuenta de cómo el comisario les informa de sus contactos en el seno de la la Policía: "pues eso además se puso muy misterioso ... digo oye ... hay varios comisarios que tal porque tú eres comisario ... digo hombre ... yo soy comisario de Policía pero hombre me siguen llamando pero los cabrones de los gobiernos pagan poco me piden ayuda ... a cambio de eso yo cuando necesito un dato delicado me lo dan, yo me permito ... no me han dicho que tal ... tengo yo hay un Juez mi amiguete ... bujf es que este tío es muy peligroso eh? Digo Paco ... que no te voy a navajear no te preocupes".
El juez sostiene que en el despacho de abogados no sabían que Villarejo era Policía: “Desconocían la condición de agente de Policía o funcionario público del investigado José Manuel Villarejo Pérez así como el tipo de investigación que el grupo Cenyt (de Villarejo) iba a llevar a cabo”. Por este encargo pactaron cobrar 625.000 euros. Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, al menos recibieron 300.000 euros en diversos pagos. La Fiscalía acusa a Villarejo -aún investigado en esta causa- de compaginar sus empresas con su función de Policía haciendo valer sus contactos en el cuerpo para impulsar sus negocios privados.
Sin autorización de compatibilidad
Villarejo, actualmente en prisión desde que fue detenido en noviembre del año pasado, se jubiló el 22 de junio de 2016. Tras su ingreso en la Policía el 26 de abril de 1973, estuvo en situación de excedencia voluntaria entre el 13 de agosto de 1983 y el 29 de junio de 1993. Durante ese periodo creó una estructura empresarial con sede en la Torre Picasso de Madrid que no ha abandonado nunca. Tras su regreso a la Policía desempeñó diferentes cargos ostentando las categorías profesionales de Inspector Jefe y Comisario en la Comisaría General de Información entre 1993 y 1995, en la Comisaría General de Policía Judicial entre 1996 y 2010 y en la Dirección Adjunta Operativa en comisión de servicio desde el 13 de enero de 2011 hasta su jubilación.
Según informe de 2 de junio de 2017 de la Oficina de Conflictos de Intereses dependiente de la Secretaría de Estado de Función Pública (Ministerio de Hacienda y Función Pública), no consta que Villarejo "haya solicitado en algún momento desde la entrada en vigor de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, autorización de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas", sostiene la Fiscalía.
