La investigación del caso Villarejo había permitido conocer hasta ahora que los trabajos del polémico comisario para el BBVA excedieron a los análisis de patrimonio. El policía, que entonces seguía en activo, llegó a indagar también en aspectos tan personales como la moralidad o la reputación de candidatos a contratar con el banco. Los resultados los plasmaba en informes que bautizó con el nombre de Templar.
“Conocer la solvencia personal, profesional, empresarial y sobre todo moral”. En el sumario del caso al que ha tenido acceso Vozpópuli son varios los investigados bajo este prisma. El BBVA lo justificó cuando la Fiscalía interrogó en la Audiencia Nacional a su representante legal, Adolfo Fraguas: “A la hora de contratar con alguien, uno de los elementos a tener en cuenta es el riesgo reputacional que puede suponer esa contratación, lo que no quiere decir que eso ampare ninguna actuación contraria a la ley. Pero conocer la reputación de alguien es relevante”.
Según sus explicaciones, el BBVA llegó a abonar a Villarejo hasta tres facturas que en total sumaban 100.000 euros. El banco se excusó diciendo que lo que se decía en el contrato no incluía indagar esas cuestiones. “No se habla de solvencia moral, se habla de patrimonios”, defendió Fraguas cuando acudió a declarar ante la Audiencia Nacional. El fiscal que le interrogaba le recordó -y el banco no pudo negar- que aún así se le pagó por ello.
El objetivo era investigar a personas que querían contratar con el banco, si eran aconsejables, si eran testaferros de alguien con un pasado oscuro o con antecedentes… Los informes a los que ha tenido acceso este periódico contienen apartados dedicados específicamente a la reputación de los investigados.
“Estudió en el Colegio de Santa María de los Rosales, uno de los más elitistas de la capital (el Rey Felipe VI y sus hermanas, las Infantas Elena y Cristina fueron alumnas de este colegio, así como las Infantas Leonor y Sofía)”, comenta un informe elaborado el 27 de febrero de 2015 sobre un empresario de 75 años llamado Eduardo Santos de Lamadrid. Incluye incluso datos de su boda.
"No gozan de buena reputación"
Este informe en concreto vinculaba al empresario con otras personas sobre las que Villarejo advertía que “no gozan de buena reputación ya que se les acusa de manera generalizada de ser estafadores, si bien en la mayoría de las ocasiones sus supuestas víctimas se contentan con hacer sus denuncias en Redes Sociales, Foros de Internet, etc”.
El documento cuenta con un encabezamiento en el que se dice que parte de un encargo de “K”, que era como Villarejo identificaba al cliente, en este caso al banco BBVA. “Tiene como objetivo la captación de información relevante y oportuna para la toma de decisiones. Para su elaboración, se han realizado desplazamientos a diferentes lugares, contactado con diversas personas y consultados determinados bancos de datos, a fin de recabar la información precisa”.
Los 18 folios de investigación en este caso se saldaron con la conclusión de desaconsejar contratar con esta persona: “Por todo lo expuesto, este gabinete, en base a la experiencia de más de 30 años en investigaciones económicas y fraudes de todo tipo expone su valoración negativa respecto a la posibilidad de contratar con el sujeto objeto del presente informe”.
Las fincas de Francisco González
La reputación era algo que preocupaba en el banco para algunas operaciones, también las que afectaban directamente al presidente, Francisco González, quien realizaba operaciones de compra y venta de terrenos. El sumario del caso revela que la empresa de Villarejo colaboró con esa actividad privada investigando fincas en Marbella, Mallorca o El Escorial.
Cuando la Fiscalía le preguntó por ello al banquero, González se mostró sorprendido. Admitió que por razón de su cargo tiene que tener cuidado con las fincas que adquiere y en concreto con sus dueños por si cuentan con antecedente o los terrenos han servido para el blanqueo de dinero, por citar algunos ejemplos. Pero negó tener conocimiento de que Villarejo haya participado en esas pesquisas para favorecer sus negocios inmobiliarios.
Con todo, el representante legal del banco dejó la duda de si estos informes tenían realmente el objetivo especificado en su encabezamiento. Fue cuando el fiscal le preguntó si estás indagaciones en la moralidad sirvieron de algo al BBVA. La respuesta fue negativa: “No porque ni esos señores a los que se les investigó eran clientes del banco ni las empresas que supuestamente pudieran estar detrás de ellos lo eran ni se estaba en negociaciones”.
