Millonario varapalo a Air Europa. En vísperas de la huelga de pilotos que amenaza con obligarle a anular más de un centenar de vuelos en los próximos días, la compañía que preside Juan José Hidalgo ha recibido un nuevo jarro de agua fría en su cuenta de resultados. En esta ocasión, desde el Ministerio del Interior. El departamento que dirige en funciones Jorge Fernández Díaz se ha visto obligado a revocar su decisión del pasado mes de abril por la que adjudicó a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por las compañías Air Europa Líneas Aéreas SAU y Swiftair SA el contrato de cerca de 12 millones de euros para deportar por vía aérea a miles de inmigrantes irregulares durante los próximos 18 meses.
Air Europa había conseguido hacerse con los dos contratos anteriores para fletar los vueltos de expulsión de inmigrantes irregulares. Ahora, sin embargo, la oferta de la otra UTE le superó en los cinco apartados del concurso
Según se recoge en la documentación del concurso a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el contrato por 11.880.000 euros, IVA incluido, se licitó el pasado 17 de diciembre mediante tramitación ordinaria y procedimiento abierto. El objeto del mismo era el alquiler de aviones con los que expulsar de nuestro país o trasladar a Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) a miles de inmigrantes irregulares durante 18 meses repartidos entre 2016 y 2017. Son los que la ONG siempre ha calificado de manera crítica como "vuelos de la vergüenza". El 25 de febrero, la Mesa de Contratación propuso para la adjudicación a la UTE formada por las dos compañías aéreas de Barceló Viajes y Air Nostrum, al considerar que su propuesta era mejor que la que habían presentado Air Europa y Swiftair en los cinco apartados recogidos en el pliego de prescripciones técnicas. De hecho, las primeras lograron 96 puntos, frente a los 70,57 que habían conseguido la otra UTE.
La decisión del Gobierno se produce después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales fallase recientemente que fue irregular la exclusión de la otra UTE que concurría al concurso, la formada por Evelop Airlines SL, Orbest SA (ambas filiales de Barceló Viajes SL) y Air Nostrum LAM SA. La oferta de estas últimas compañías era la que presentaba mejores precios y a la que en su día se le dio la mejor puntuación en la Mesa de Contratación, pero fue descartada entonces 'in extremis' por una supuesta deficiencia relacionada con los títulos de los pilotos de sus aeronaves. Ello llevó a dichas compañías a recurrir ante la Justicia que ahora les ha dado la razón y obligado a Interior a adjudicarles a ellas el millonario concurso que en las dos ocasiones que se había convocado antes siempre había ganado Air Europa y Swiftair.
La titulación de los pilotos
Sin embargo, el procedimiento se frenó dos semanas después tras revisar la Mesa de Contratación la documentación sobre solvencia técnica de la UTE adjudicataria y constatar que la misma no cumplía todos los requisitos. En concreto, en su informe reflejaron la ausencia de determinadas certificaciones relacionadas con las aeronaves bimotor que se iban a utilizar en los vueltos de corta distancia y la falta de validez de la enseñanza recibida por los pilotos de dos de las tres compañías que conformaban la unión de empresas. Según se refleja en el acta de la siguiente reunión de la Mesa de Contratación, celebrada el 31 de marzo, Barceló Viajes consiguió salvar parte de las pegas puesta por los responsables de Interior, pero no la de los certificados de enseñanza de sus pilotos pese a que alegó que los mismos eran adiestrados por una empresa danesa, CAE Formación, que cumplía con todos los requisitos internacionales.
El tribunal considera que Interior no podía exigir determinada titulación a los pilotos porque no la incluyó en el pliego de cláusulas administrativas
Por ello, aquel mismo día se dio por "excluida" a la UTE formada por Evelop Airline, Orbest y Air Nostrum, y se comenzó la revisión de la documentación presentada por Air Europa y Swiftair, que pasaban a ser las adjudicatarias. Curiosamente, también se encontraron deficiencias en éstas, en su caso referidas a los certificados de aeronavegabilidad de siete aeronaves y de matrícula de otras tres. Sin embargo, dos semanas después, ambas compañías las subsanaban y el contrato era adjudicado a las mismas. Finalmente, el pasado 21 de abril Interior redactaba la resolución de adjudicación y seis días más tarde el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, firmaba la misma. De este modo, Air Europa y Swiftair se hacían por tercera vez consecutiva con el contrato.
Sin embargo, Barcelo Viajes y Air Nostrum acudieron pocos días después al Tribunal Administrativo Central de Recursos, que el pasado 24 de junio ha fallado a su favor al considerar que la documentación que se les pidió sobre el adiestramiento de sus pilotos, y que provocó su exclusión, no estaba incluida en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato y, por tanto, no era exigible "como condición de solvencia". Por ello, la sentencia ordenaba "retrotraer la tramitación del procedimiento al momento inmediatamente anterior a la exclusión de las recurrentes". Eso es lo que ha hecho ahora el Ministerio del Interior, que el pasado 7 de julio celebraba una nueva reunión de la mesa de contratación en la que se acordaba proponer la adjudicación del millonario contrato a Air Nostrum y las filiales de Barceló Viajes. Finalmente, el pasado 22 de julio, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, firmaba la nueva resolución por la que se anulaba la concesión a Air Europa y Swiftair y se la otorgaba a la otra UTE. La decisión, sin embargo, no cierra definitivamente el contencioso ya que se abre ahora un nuevo plazo para que la compañía de Juan José Hidalgo presente a su vez recurso.
LAS CIFRAS DE UN NEGOCIO POLÉMICO
El recurso de Barceló Viajes y Air Nostrum supuso la suspensión automática de la ejecución del contrato, que debería haberse iniciado el pasado 16 de mayo, que era cuando se cumplía un año del anterior. Estaba previsto que el nuevo se prolongara durante año y medio hasta casi finales de 2017. De hecho, el gasto se distribuía en estos dos años: 4,3 millones para los siete meses y medio en los que iba a estar en vigor durante 2016 y los 7,6 millones restantes para los once meses del siguiente periodo. En total, está previsto que Interior desembolse mensualmente 660.000 euros para fletar estos vuelos. El pliego contemplaba la posibilidad de que "la totalidad o parte" de dicha cantidad sea financiada por la UE a través de la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex).
No obstante, no todos los vuelos van a costar lo mismo. De hecho, Interior ha estructurado el contrato en cuatro categorías diferentes en función de la cifra de pasajeros que pueda trasladarse en cada aeronave. Así, la primera, con aviones de menos de 75 plazas y que son los habitualmente utilizados para trasladar inmigrantes a Ceuta y Melilla para su posterior expulsión por tierra a Marruecos, supone un precio sin IVA de 7.030 euros por cada hora de vuelo y 1.450 euros por cada hora que el aparato esté en tierra durante el operativo. En el extremo opuesto, la categoría número cuatro, que contempla los vuelos más masivos, con más de 200 plazas, a destinos lejanos. En este caso, el coste para el erario público será de 17.160 euros y 2.650 euros respectivamente.
