El Ministerio del Interior no encuentra en sus archivos documentos o pagos de fondos reservados destinados a sufragar la denominada operación Kitchen. Se trata del presunto espionaje sin control judicial sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas que llevó a cabo el director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, el comisario José Villarejo y otros policías durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy.
Así consta en un oficio calificado como “secreto” al que ha tenido acceso Vozpópuli con sello del Departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska remitido al juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón. La operación Kitchen es la séptima pieza separada dentro de la veintena de investigaciones que integran hasta ahora la macrocausa sobre las actividades del polémico mando, en prisión desde 2017. Es también la única que por el momento afecta a políticos. Se encuentra investigado el secretario de Estado durante ese periodo Francisco Martínez.
“Revisada la documentación obrante en este Centro Gestor de fondos reservados; de los Servicios Centrales del Ministerio del Interior, y correspondiente a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional para los años 2013 a 2015, no consta ninguna correspondiente o que haga referencia a una operación policial denominada Kitchen, Cocinero, Cocina o K”, dice este breve comunicado que lleva la firma del director del Gabinete de Coordinación y Estudios, José Antonio Rodríguez.
Respuesta a la Audiencia Nacional
El documento secreto lleva la firma del pasado 15 de noviembre y responde a una petición de información que le hizo el juez el 16 de octubre. En concreto le pedía a Interior que aportase “cualquier documentación archivada en ese departamento relativa a la operación policial Kitchen (cualquiera que fuera la denominación que se le diera, Cocinero, cocina, K u otra), incluida la documentación relativa a los fondos reservados que hubieran sido autorizados para esa operación policial desarrollada por la Dirección Adjunta Operativa durante los años 2013 a 2015”.
La investigación desarrollada por el juez, la Policía y la Fiscalía anticorrupción apunta a que la cúpula policial de entonces se marcó como objetivo espiar a Bárcenas para conocer si tenía información comprometedora para el Gobierno del PP: Con ese objetivo infiltraron presuntamente al chófer del extesorero popular, actualmente en prisión por su papel en la trama Gürtel. Esa persona está investigada y se llama Sergio Ríos. Le pagaban un sueldo mensual a cargo de los fondos reservados y le dieron una plaza en la Policía a cambio de los servicios prestados.
Los investigados han reconocido parcialmente estos trabajos, aunque los enmarcan dentro de la legalidad como un apoyo a las unidades de policía judicial que actuaban a las órdenes del juez. Eso a pesar de que en la Audiencia Nacional nunca conocieron este operativo. Los protagonistas no se refieren a ella como Kitchen, que era el modo en el que Villarejo la denominaba en sus informes particulares.
Varios policías implicados
Entre los policías presuntamente implicados también se encuentra el comisario Enrique García Castaño, exresponsable de una de las unidades más sensibles dentro de la Comisaría General de Información y Andrés Gómez Gordo, que desempeñó el papel de jefe de seguridad de la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal cuando fue presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha.
Uno de los puntos más oscuros de esta trama aún por esclarecer fue el asalto a casa de la familia Bárcenas de un falso cura armado que durante unos minutos secuestró al hijo y a la mujer de Bárcenas. El primero en aparecer en el lugar fue el chófer infiltrado por la trama a pesar de que ese día estaba librando y que no vive cerca de la zona donde tiene fijada su residencia la familia Bárcenas. Hace meses, los investigadores se reunieron con este falso cura en prisión para recabar información. Esta causa se encuentra bajo secreto de sumario al menos hasta el mes de julio, pero el juez ha decidido levantar parcialmente esta condición en torno a este intercambio con Interior.
En un auto dictado en noviembre de 2018 el juez Diego De Egea -anterior encargado del caso- daba cuenta de la incautación a Villarejo de “un dispositivo de información sobre un operativo policial denominado KITCHEN o COCINA el cual tendría por objeto la localización de documentos, así como el descubrimiento de actividad de interés policial-judicial relacionada con la actividad del ex-tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas”.
Ley de secretos oficiales
Añadía que según sus pesquisas, la cúpula policial investigada logró su objetivo “pero sin que exista constancia hasta el momento de que el material incautado haya sido aportado al procedimiento judicial que se sigue y en el cual figura como principal investigado el citado Luis Bárcenas”. Se refería el juez a la investigación se sigue en otro juzgado de la Audiencia Nacional sobre los llamados papeles de Bárcenas.
Para solicitar esta información sobre los fondos reservados al Ministerio fue necesario pedir autorización al Consejo de Ministros para que levantasen la ley de secretos oficiales. En enero del año pasado el ministro Grande Marlaska elevó una autorización al gabinete socialista dando el visto bueno a que se levantase el secreto oficial sobre esta cuestión para que se pueden aportar todos los datos obtenidos tanto al juez del caso Villarejo como al Juzgado que investiga la caja B del PP.
