Podemos, que ejerce la acusación popular en el 'caso Villarejo', ha pedido una pena de 17 años de cárcel para el marido de Ana Rosa Quintana, el empresario Juan Muñoz Tamara. La formación le atribuye la contratación del excomisario José Manuel Villarejo para perjudicar a un antiguo socio con el que Tamara mantenía un litigio, así como a su abogado, por lo que también reclama una condena de 16 años de prisión para el expolícía en la pieza denominada 'Pintor'.
El conflicto entre el marido de Ana Rosa Quintana y su socio partía de una solicitud por parte de la Agencia Tributaria de 1 millón y medio de euros, cuantía que el socio no iba a pagar, pues se declaró insolvente. Al no conseguir su objetivo por la vía judicial, Juan Muñoz Tamara decidió recurrir al Grupo Cenyt, del excomisario Villarejo.
Según refiere Podemos en su escrito, la estructura parapolicial sostenida por Villarejo “canalizaba sus actividades criminales de inteligencia y de resolución de conflictos con las ventajas competitivas ilícitas de obtener información confidencial solo accesible a funcionarios públicos y tener contacto e influencia directa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Podemos sostiene que tanto el marido de Ana Rosa Quintana como su hermano Juan Leocadio "conocían la condición de funcionario policial” de Villarejo hasta junio de 2016 “y por tanto su capacidad para obtener estas ventajas competitivas ilícitas mencionadas, circunstancias que decantaron su contratación”.
Un espionaje "a precio de amigo"
De acuerdo con el relato de los hechos, el comisario Villarejo les propuso actuar contra el abogado del socio, del que les dijo que había obtenido una grabación en la que aparecía "consumiendo estupefacientes": “Los señores Muñoz comentan y aceptan la posibilidad tanto de usar ese vídeo para coaccionar al señor Urquía, como de que el señor Villarejo contrate un equipo de detectives profesionales para espiar y obtener información relevante de los dos objetivos”, afirma Podemos.
Según señala Podemos en su escrito de acusación, por este trabajo, Villarejo habría propuesto a los empresarios cobrarles entre 150.000 y 200.000 euros, a "precio de amigo", si bien únicamente consta un primer pago de 20.000 euros. Además, Podemos pretende que Ana Rosa Quintana sea llamada a declarar en el jucicio en calidad de testigo.
