La ministra de Igualdad, Irene Montero, destacó este miércoles que el episodio vivido el martes en el Congreso en el que el diputado de Vox José María Sánchez llamó “bruja” a la parlamentaria socialista Laura Berja representa un intento de “humillar” y de ejercer “violencia política contra las mujeres”, una práctica que, “por desgracia, es demasiado habitual en la oposición de nuestro país”.
Lo dijo durante una rueda de prensa que ofreció junto con la consejera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat de Cataluña, Tània Verge, en la sede del departamento que dirige en Madrid.
Montero calificó lo vivido en el Congreso como una “clarísima falta de respeto institucional, lo cual es una constante en los grupos de la oposición”, y aseveró que “la palabra oposición ahora mismo le viene grande al PP y también a Vox”.
Esto le sirvió para precisar que incluía conscientemente a los populares en la misma esfera que al partido dirigido por Santiago Abascal, porque “se ha salido hace mucho de la cancha de juego de la democracia y de los derechos humanos, y está haciendo un seguidismo absoluto de la agenda de la extrema derecha y de la reacción en nuestro país”.
A pesar de ello, consideró que el episodio protagonizado por José María Sánchez fue más allá de la retórica, ya que lo único que pretendía era “tratar de humillar y de cuestionar en sede parlamentaria, en las sedes institucionales, igual que hacen en las calles, igual que hacen en los centros de trabajo”. Elevó el tono para poner de manifiesto que estas acciones buscan “blanquear y legitimar la posibilidad de humillar y de ejercer violencia contra las mujeres”, cuando éstas defienden “garantizar nuestros derechos y poder hacerlos efectivos para todas las mujeres en todos los rincones de nuestro territorio”, algo que, “por desgracia, es demasiado habitual en la oposición de nuestro país, en la reacción de nuestro país”.
Ante esta situación, reafirmó que el Gobierno llevará a cabo una “política decidida para consolidar una nueva generación de derechos feministas que nos alinee y nos haga ser vanguardia en el cumplimiento de los diferentes tratados y recomendaciones de los organismos internacionales” a los que pertenece España.
Por esa razón, expuso que la reforma de la ley de derechos sexuales y reproductivos que plantea su departamento va más allá del blindaje del aborto, para “abordar el intolerable acoso que sufren las mujeres que acuden a abortar a clínicas, que también afecta a sus trabajadores”; para “conseguir que el derecho al aborto se pueda ejercer en el ámbito público, en los hospitales públicos”; y para “conseguir regular la objeción de conciencia”, con el fin de que esta “deje de ser una vía que niega a las mujeres ejercer su derecho sobre su propio cuerpo”.
Educación sexual
Por último, Montero avanzó que la nueva norma apostará “de forma decidida por la educación sexual integral”, lo que le dio pie a proclamar que “todos los niños y las niñas de este país, independientemente de quienes sean sus padres e independientemente del colegio al que vayan, tienen que poder recibir educación sexual integral para garantizar que puedan ser quienes quieran ser sin miedo, sin culpa y sin ningún tipo de discriminación”. A su juicio, esa será la “única manera que vamos a tener para construir una sociedad basada en los buenos tratos”, para, a continuación, reseñar que “la mejor vacuna contra el odio de la reacción, contra el odio de la extrema derecha, es la educación, y en este caso concreto, la educación sexual”.
