"Esta Ley no respeta las sentencias constitucionales ni el informe del Consejo de Estado. Nuestro Estatuto dice que tenemos compatencias compartidas, y desde el Gobierno se ha reinterpretado esto de otra manera. Nosotros no la podemos aplicar porque tenemos un precepto estatutario que dice que no separaremos nunca a los niños por razón de lengua. Hemos ido ganando en los tribunales las diferentes batallas que hemos tenido, aunque esto forma parte de una guerra más amplia", señalaba Irene Rigau en una entrevista en Catalunya Ràdio.
Para la consellera catalana de Educación, la LOMCE es una Ley que se anuncia como de mejora del sistema pero que en realidad 'lo que lleva dentro es otra cosa, es un engaño'. Hasta ahora, el ministerio de Educación decidía unos mínimos, y ahora toda la materia escolar pasará por sus dependencias. "Lleva un cambio total de política, es volver a esa unidad de España que dicen que se ha roto, y pasa por la unidad escolar", decía Rigau recordando las palabras de Cospedal la semana pasada con las que comentó que "la educación vertebra la nación".
Rigau explica que le ha sorprendido la celeridad con la que se ha aprobado la Ley, 15 días después del informe emitido por el Consejo de Estado y que apenas se ha tratado. Para ella, el Gobierno ha hecho 'algo extraño', ya que no se han hecho grandes presentaciones ni se ha informado demasiado. "La han presentado porque debían hacerlo, pero deben creer que en la tramitación pueden pasar cosas. Pueden intentar abrir un diálogo, que con CiU tienen muy difícil, pero que podrán hacerlo con Rosa Díez aumentado la mayoría", declaraba.
Desde su punto de vista, la polémica viene por hacer leyes que no se puedan cumplir. Los cinco millones de dotación para la educación en castellano vienen, según su opinión, de los recortes en becas y en otras partidas que llevan meses aplicando. "Se quiere forzar a la Generalitat para que imparta la mitad en catalán y la mitad en castellano, lo que llaman 'bilingüismo integrador'. Quieren dar una imagen muy rígida de nuestro sistema, pero nuestros centros cumplen con lo que dicta la Ley, que normalmente apunta a la educación en catalán, pero también se enseña en castellano y en inglés. Tenemos un 34% de los centros que ya imparten materias en inglés, y casi el 13% de las concertadas ya dan algunas clases en castellano", alegaba.
"Si de verdad les preocupa la lengua castellana, ¿por qué no sufren por la Comunidad Valenciana, Canarias, Galicia, Extremadura, o el resto de CCAA que tienen resultados inferiores a los de Cataluña? ¿Qué pasa con las CCAA que ya están al nivel europeo exigido? Ahora quieren ordenar el sistema, pero ¿están convencidos que ellos lo harán mejor que las 17 Comunidades? Yo propuse sentarnos los 17 a poner en común cosas que funcionaran bien y cosas mejorables, pero Wert me dijo que había que vertebrar, de manera que es una ley política", defendía Rigau.
Pese a la reciente aprobación en el Consejo de Ministros, la consellera catalana cree que no se aplicará en Cataluña, y confía en que las próximas elecciones deshagan este texto. Según su postura, el Parlament discrepará profundamente y con sus mecanismos contra una Ley 'hecha por un ministerio que no conoce la Educación, que lleva 30 años sin gestionarla y que trata a toda España por igual porque la media no le agrada'. "Nosotros hemos de apelar a nuestro Estatuto. Nos han secuestrado las competencias y tenemos que demostrarlo. No hablo de insumisión, sino de "no cumplimiento", sentenciaba.
