“A ver quién le pide el dinero a Rouco”. La frase, cuentan, salió de un alto directivo del Consorcio de Transportes madrileño semanas después de concluir la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), en agosto de 2011. Y es que un año y nueve meses después de la toma de Madrid por hordas de peregrinos, el masivo evento católico que tiene lugar cada tres años, siendo su último lugar de acogida la capital española, sigue dando de qué hablar.
Concretamente, las secuelas de la JMJ se siguen notando, de forma moderada, en las arcas de entes fundamentalmente públicos como el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, presidido en la actualidad por el consejero de Transportes de la comunidad, Pablo Cavero. El CRTM, del que forman parte compañías como Renfe, EMT o Metro de Madrid y que en el momento del acto religioso estaba dirigido por el ahora secretario de Estado Antonio Beteta, nunca ingresó de la organización de las jornadas las facturas pendientes por los medios de transporte facilitados a los asistentes. Y la organización, se entiende, era la Iglesia, apoyada por miles de voluntarios.
Y eso que el despliegue de vehículos no solo fue fenomenal (llegaron un millón largo de peregrinos, que no dos como se dijo en un principio, cifra que desmienten rotundamente fuentes del consorcio a partir de datos de aquel entonces), sino que el CRTM se sacó de la manga un descuento del 80% para los peregrinos. Se imprimieron centenares de miles de Abonos Turísticos especiales para la ocasión, que permitieron a los participantes acceder de manera muy barata a los trenes de Cercanías de Renfe Operadora, al Metro de Madrid, al tranvía ligero y a los autobuses urbanos (EMT) e interurbanos. Cabe recordar que los peregrinos se hospedaron por toda la comunidad, no solo en la capital, en ocasiones en colegios y polideportivos habilitados por los organizadores.
Cada empresa miembro del consorcio elaboró sus respectivas facturas. Pero o bien éstas no salieron de los departamentos financieros, o bien la Conferencia Episcopal hizo como si no existieran. El monto total no era escandaloso para un evento de tal magnitud que duró seis días (del 16 al 21 de agosto): en torno a diez millones de euros. Pero fuentes del CRTM quieren denunciar, quizás ya tarde, la impunidad de algunos colectivos, caso de la Iglesia, para saltarse a la torera el pago a compañías de carácter público por los servicios prestados.
El Abono Turístico que se entregó a los asistentes formaba parte del kit del peregrino, que también incluía camisetas, bandoleras y mochilas oficiales (de color rojo y amarillo), pero también agua de colonia, gafas de sol, botellas de acero inoxidable para combatir el calor, alojamiento, comida… Cada peregrino pagaba más en función de lo que pedía. Con el descuento, los jóvenes católicos también se costearon el desplazamiento, pero su dinero, al parecer, se quedó en el clero.
