Previa a su rebelión contra el bilingüismo en la enseñanza, ya a las puertas del Tribunal Constitucional y de provocar un conflicto institucional que arrastre al Gobierno de la nación, el nacionalismo lingüístico ha tejido con discreción y eficacia una malla discriminatoria del castellano en los ámbitos jurídico, administrativo, fiscal, tecnológico, etc.
Días antes de la providencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declinando ejecutar la sentencia del 25% de enseñanza en castellano por haber cambiado el Govern las reglas del juego (la legislación lingüística), la consejera de Justicia, Lourdes Ciuró, anunció que a los profesionales de la Administración de Justicia se les exigirá el certificado C1 de dominio de lengua catalana. Es decir, otro paso para hacer del catalán lengua dominante. Obedece así el Govern a una moción del Parlament, del 2/12/2021, exigiendo al Consejo del Poder Judicial que el catalán "sea un requisito y no solo un mérito" en la provisión de plazas de la Administración de Justicia y, sobre todo, se avanza en el tratamiento de favor al catalán, falsamente considerado "lengua débil" como se arguye en el debate lingüístico.
Un informe de la asociación Impulso Ciudadano responde a la pregunta de si el catalán es lengua débil y minorizada con una relación de las políticas y estructuras administrativas destinadas a potenciar su uso, quedando en desigualdad los castellanohablantes. Destaca la bonificación fiscal del 15% en la cuota del IRPF para donantes a entidades que fomenten la lengua catalana, según establecen el art. 1 de la Ley 21/2001, de 28 de diciembre y el art. 14.1 de la Ley catalana 21/2005.
Con datos del año 2021, son 281 las asociaciones incluidas en el Censo de Entidades de Fomento de la Lengua Catalana controlado por el Departamento de Cultura de la Generalitat. Es un listado de organizaciones que por contribuir al fomento del catalán, a la hora de captar fondos gozan de la ventaja de exención fiscal para sus donantes, algo que no está al alcance de las entidades privadas sin ánimo de lucro y con finalidad social que no fomenten dicha lengua.
La relación de esas 281 asociaciones y su naturaleza es de lo más diversa, como se comprueba en el censo de la Secretaría de Política Lingüística: Asociación de Belenistas de Olot, Asociación Gay Sitges (LGTBI), Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Federación Catalana de Esgrima, Iglesia Evangélica de Tarrasa, Asociación Catalana de Asesores Fiscales, UGT, Pimec, etcétera.
El vericueto legal de los partidos independentistas catalanes, más el PSC, para incumplir la sentencia del 25% de enseñanza en castellano, aparte de obedecer a recomendaciones del Parlament, ha estado inspirado por la consigna del presidente Aragonés de que esa respuesta legal es "un acuerdo que garantiza la inmersión lingüística y favorece la lengua más débil, que es la catalana" o, en palabras del Partit dels Socialistes de Catalunya, un modelo destinado a "promover la normalización del catalán y el aranés".
La "debilidad lingüística" del catalán
La continua referencia a la debilidad lingüística, motor del Pacte Nacional per la Llengua ahora en gestación, choca con la realidad de las lenguas oficiales, a la vista de más privilegios y regulaciones que amparan la catalana. Solamente en el Departamento de Cultura, con un presupuesto de 384,9 millones de euros, hay catorce organismos al servicio del catalán, unos encuadrados en la Secretaría de Política Lingüística y otros entes públicos o semipúblicos.
Señala Impulso Ciudadano que todos esos organismos ofrecen "docenas de instrucciones, guías, subvenciones, etc., a través de dos portales de internet y más de 20 páginas web". Incluyen, entre otros, un Centre de Terminologia, Consorci per a la Normalizació Lingüística, Servei de Foment de l’us del Català, tres Consells (para catalán, occitano y lengua de signos catalana) y cuatro Institutos culturales. Todo ello con independencia del entramado normativo del Departamento de Enseñanza al servicio de la inmersión lingüística, el monolingüismo.
Tampoco se corresponde esa presunta debilidad frente al castellano con la realidad institucional de la Generalitat y con la normativa vigente. La sección Legislación lingüística de la web de la Secretaría de Política Lingüística enumera nada menos que 138 disposiciones legales que priorizan el uso de la lengua catalana respecto a la española en diversos ámbitos: desde la función pública al etiquetaje, pasando por la enseñanza, la actividad empresarial o la toponimia. El armazón regulatorio no termina ahí, pues el mismo portal de la Secretaría de Política Lingüística desarrolla en otras siete webs otras áreas como los servicios territoriales, régimen de subvenciones, premios, organismos coordinadores, etc.
Discriminación al castellano
En los últimos meses las autoridades de la Generalitat han distanciado sus lamentos sobre la pretendida "lengua débil" de las referencias triunfalistas al proyecto tecnológico AINA que, como desveló Impulso Ciudadano el pasado enero, "avanza junto al buque nodriza de la política lingüística de la Generalitat" de la mano del vicepresidente y Consejero de Políticas Digitales, Jordi Puigneró. Una vez consolidada la discriminación del castellano en los dominios institucionales .cat, este año se ha puesto en marcha AINA, un programa, en palabras de Puigneró, "para hacer que las máquinas y la tecnología entiendan y hablen catalán", dotado con un presupuesto inicial de 13,5 millones de euros.
Ese proyecto se ha beneficiado del Plan de Impulso de la Tecnologías del Lenguaje del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital mediante un convenio firmado en 2019, gracias al cual el supercomputador Marenostrum, del Barcelona SuperComputing Center (BSC) programa inteligencia artificial para el aprendizaje del catalán: ha aprendido la sintaxis y ahora tiene que hacerlo con el léxico, la semántica y la fonética.
El apoyo del Gobierno de España a la inteligencia artificial en tecnologías del lenguaje para el catalán ha ido tres años por delante de la subvención de algo semejante para el español. Fue el pasado mes de abril cuando el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital firmó el correspondiente convenio con la RAE para impulsar el proyecto Lengua Española e Inteligencia Artificial, LEIA.
