La portavoz estatal de Podemos, Isa Serra, ha asegurado que la ratificación de su condena, basada en "acusaciones falsas", revela un "problema enorme" con el Poder Judicial, que utiliza "la justicia para fines políticos", algo que no solo le hace daño a ella sino a la democracia.
Y es que la exportavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid ha insistido en que el fallo del Tribunal Supremo, que confirma la condena a un año y siete meses de cárcel por un delito de atentado durante los altercados que se produjeron en el barrio de Lavapiés en un desahucio que tuvo lugar el 31 de enero de 2014, es "absolutamente decepcionante" e "injusto", deslizando que la resolución parece que estaba "escrita previamente".
En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Serra ha sostenido que en el juicio quedó claro que se le condenó "sin absolutamente ninguna prueba" y que la sentencia "lanza un mensaje" de que los defensores del derecho "no son bienvenidos a las instituciones".
"Tenemos un problema enorme con la Justicia, está sentencia no solo me hace daño a mí, personalmente o políticamente, ni siquiera a los activistas y miembros de Unidas Podemos; hace daño a las instituciones, a la democracia y a los jueces que hacen bien su trabajo y ven como el Poder Judicial utiliza la justicia para fines políticos", ha remachado.
"Varapalos constantes" de Europa
En esta línea, ha señalado que hay jueces que "hacen muy bien su trabajo" y están "cansados" de que Europa dé "varapalos constantes" a España cuando se llevan a cabo sentencias contrarias a la libertad de expresión y de manifestación, que en su caso es donde se encuadra la resolución del Tribunal Superior de Justicia y del Supremo.
Según ha relatado, la sentencia del alto tribunal le impone la condena bajo el concepto de "coautoría", pues no se acredita que haya realizado los delitos por los que es condenada sino por "haber estado en una manifestación" en los que tuvieron lugar. Por todo ello, ha reiterado que recurrirá la sentencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo y ha sugerido que una "clave" de esa problemática que denuncia es la situación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
"Ariete" contra el Gobierno
"Es evidente que el Poder Judicial es clave de todo esto. La derecha está utilizando el Poder Judicial, está dejando sin legitimidad democrática al órgano de los jueces", ha insistido para criticar que este organismo se haya convertido en un "ariete" contra los avances sociales, como ilustra su informe desfavorable contra la 'Ley del solo sí es sí', pero también contra el Gobierno de coalición.
Sobre todo cuando, según ha esgrimido la portavoz de Podemos, hay varias cuestiones que emergen en su caso, como una identificación "irregular" que no solo dice ella sino que está plasmada, aunque de forma "muy suave", en la resolución del Supremo. De esta forma, ha recriminado que la causa parece un "caso fabricado" contra activistas en favor del derecho a la vivienda, puesto que no formaba parte de Unidas Podemos cuando se produjo esa concentración antidesahucios.
Pero también ha apreciado una "motivación política" por parte del TSJM, elegido en parte por la Asamblea de Madrid en la que el PP tiene mayoría, y que observa también en la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el polémico cartel de Vox sobre los menores extranjeros no acompañados.
Cartel de Vox
Un dictamen que, a su juicio, señala a la infancia migrante como un "problema social", criterio que es una "barbaridad" y que parece "avalar la xenofobia y el racismo". También ha censurado que el PP tenga "secuestrado" al CGPJ desde hace dos años y medio por "interés político", tanto para "bloquear los avances sociales" como para hacer campaña "contra" quienes propician esas conquistas, en este caso Podemos.
Pese a esta condena, Serra ha insistido en que se mantendrá en la política porque sabe que su condena está cimentada en "acusaciones que son falsas y son mentiras". Además, ha reivindicado que está "orgullosa" de haber ido a una concentración para defender el derecho a la vivienda de una persona con discapacidad que iba a ser desahuciada.
