El director de gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, presenta este jueves en el Senado el informe del año 2019 del Consejo de Seguridad Nacional que situaba el riesgo de sufrir una pandemia a la cola de la lista de amenazas para España a lo largo de 2020.
El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, incluye por primera vez un análisis de los riesgos a la Seguridad Nacional a corto (2020) y medio plazo (2022), elaborado mediante una encuesta realizada a más de un centenar de expertos de diversos ámbitos.
En el mapa de riesgos para 2020, los tres factores que ocupan de forma destacada la parte alta de la tabla son la vulnerabilidad del ciberespacio, el espionaje y la inestabilidad económica y financiera. A continuación se sitúan los flujos migratorios irregulares --pese a registrar una disminución del 55% en 2019-- y los efectos del cambio climático.
En la parte media de la lista se sitúan la vulnerabilidad energética, las emergencias y catástrofes y las amenazas a las infraestructuras críticas; seguidas del crimen organizado, el terrorismo y los conflictos armados. Detrás de ellas aparecen la vulnerabilidad del mar y el espacio aéreo y ultraterrestre.
Ya detrás de todos ellos, en decimocuarta posición de 15 factores, aparece el riesgo de epidemias y pandemias; solo por delante de la proliferación de armas de destrucción masiva. Pese a estar en el final de la tabla, el informe avisa de que su nivel de impacto es de 'moderado-severo' y se encuentran en la zona comprendida entre los niveles 'probable' y 'poco probable'.
Este informe de Seguridad Nacional corresponde al año 2019, aunque fue aprobado en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional celebrada en el Palacio de la Zarzuela el pasado 4 de marzo presidida por el Rey y a la que asistieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los cuatro vicepresidentes y varios ministros y secretarios de Estado.
El apartado de epidemias y pandemias no incluye ninguna referencia aún al coronavirus, aunque sí reconoce la vulneración de la población a estas amenazas debido al "movimiento transfronterizo de agentes biológicos".
"Los cambios globales en las últimas décadas, con el incremento y envejecimiento de la población; el volumen creciente de viajes internacionales y la circulación transfronteriza de mercancías; los nuevos sistemas de producción y formas de consumo; los residuos generados y el cambio climático asociado marcan la creciente movilidad de riesgos para la salud pública y, en concreto, de microorganismos patógenos capaces de generar epidemias y pandemias", asume.
En cualquier caso, también subraya una mejora "importante" del nivel de salud de la población y un aumento de las capacidades "de respuesta de los sistemas sanitarios y de salud pública". "Los mecanismos de seguridad sanitaria puestos en marcha son capaces de detectar más riesgos epidémicos y pandémicos y de forma más rápida, y también permiten una reacción precoz reduciendo su posible impacto en la población", apunta.
Asignaturas pendientes
En cuanto al resto de amenazas, el informe de Seguridad Nacional asegura que España dispone de "un excelente catálogo de capacidades" para hacerles frente, pero apunta la necesidad de "reforzar e incrementar" algunos campos en los que existen "carencias".
Entre ellos destaca el ámbito de la ciberseguridad y la necesidad de reemplazo de capacidades militares que se encuentran obsoletas, un campo en el que señala que deben primar la industria nacional y la innovación tecnológica, "siempre con la finalidad de estar mejor preparados y adaptados a las exigencias de seguridad".
Junto a ellos el documento identifica dos retos: "Alcanzar y mantener una capacidad de disuasión creíble y lograr una posición de mayor liderazgo en el sistema de seguridad internacional".
En cuanto al ciberespacio, situado a la cabeza de amenazas para 2020, el Consejo de Seguridad Nacional constata un aumento a escala global del número de ciberincidentes, su alcance, sofisticación y severidad de su impacto, a lo que contribuye una "falta de concienciación y formación en ciberseguridad".
Por ello, apunta la necesidad de reforzar las capacidades de prevención, detección, reacción, análisis, recuperación, respuesta, investigación y defensa activa frente a amenazas, así como potenciar la coordinación del sistema de seguridad nacional.
En 2019, el Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) gestionó un total de 42.997 incidentes, de los cuales el 7,46% fueron clasificados con una peligrosidad muy alta o crítica para el sector público o para empresas de interés estratégico.
Por su parte, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) gestionó más de 107.397 incidentes. De estos, más de 72.858 corresponden a ciudadanos y empresas y 33.743 a la red académica.
Ciberataques a infraestructuras críticas
En cuanto a las infraestructuras críticas, en 2019 se gestionaron un total de 8.086 ciberincidentes (818 incidentes en operadores de titularidad privada y 7.268 incidentes en operadores de titularidad pública) de distinta peligrosidad e impacto en operadores críticos, de servicios esenciales o estratégicos.
Sin embargo, el informe apunta que estos incidentes no llegaron a comprometer los servicios esenciales soportados por dichas infraestructuras, aunque su efecto sobre los servicios corporativos de los operadores críticos fue en algunos casos elevado. Los sectores más afectados fueron el financiero y tributario, energético y el de transporte, que contabilizan más del 50% de los incidentes gestionados.
Desde el año 2013 los ciberataques a los sectores estratégicos han aumentado progresivamente tanto en número como en nivel de sofisticación. En 2013 se detectaron 17 ataques, pasando en el año 2014 a 50 ciberataques y 118 durante el año 2015. Esta cifra aumentó exponencialmente en el año 2016 con un total de 2.569 incidentes entre el ámbito público y privado, cifra que se situó en 4.056 en el 2017 y 6.954 incidentes en 2018.
