El consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Pablo Cavero, no tuvo reparo alguno en defender el pasado mes de octubre la venta de 3.000 viviendas del Plan Alquila Joven del Ivima al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora. Según Cavero, la operación (200 millones frente a los 300 que la comunidad destinó a hacer estos pisos) demostró la “confianza” que tienen los mercados en la región, la cual lograba así “más recursos para políticas sociales”.
Tres meses después, cientos de vecinos de 300 de las 3.000 viviendas sociales traspasadas padecen estos días un penoso vía crucis que desmiente las palabras de Cavero: son los primeros a los que les vence en 2014 la opción a compra del Plan Joven, y Goldman Sachs-Azora, a través de una filial denominada Encasa Cibeles, actúa como si de un casero autoritario se tratase. Goldman envía cartas sin sello a los inquilinos en las que tasa las propiedades con precios abusivos para luego obligarles a ejecutar la compra o largarse. Casi todos estos avisos llevan errores.
Es el caso de la siguiente misiva fechada el 27 de diciembre de 2013. “Estimado inquilino”, arranca el escrito que un vecino recibió en la puerta de su casa del Barrio de La Ventilla. “Recordarle que dispone hasta el próximo 11 de enero [el sábado pasado] para comunicarnos de forma fehaciente el ejercicio de la opción de compra; después de dicha fecha, la posibilidad de ejercer su derecho caducará automáticamente”, amenaza Encasa Cibeles, deseosa de vaciar de personas los bloques, probablemente para revenderlos de una tacada.
El problema para el fondo inversor en este caso concreto es que ni este sábado concluía el derecho de compraventa del inquilino –que, según las bases del Ivima, tiene un año de prórroga- ni el precio estimado por Goldman en otra carta enviada el 5 de diciembre se ajusta al valor real del mercado. Encasa Cibeles tasa la vivienda en “ciento veintidós mil doscientos cuarenta y ocho euros” (122.248 €), a los que hay que añadir otros 20.000 euros que el residente ya ha abonado en concepto de alquiler (y que se acumulan para ejercer la opción a compra, de acuerdo con el antiguo contrato del Ivima). “En definitiva, nos las venden por 150.000 euros cuando aquí hay casas que se han estado vendiendo por menos de 70.000”, lamenta este afectado, que además es discapacitado y teme que los bancos le nieguen una hipoteca.
Según Enrique Villalobos, que representa a otros inquilinos afectados en el distrito de Vallecas, “se están aplicando coeficientes correctores del 2% para tasar los inmuebles y aplicar precios máximos" a todas las viviendas. Además de vacíos, Goldman Sachs Azora persigue la máxima rentabilidad, lejos de la función social que otrora prestaba el Ivima y de las “políticas sociales” por las que decía apostar el consejero Pablo Cavero.
Las argucias quedan a veces al descubierto. En otro ejemplo de desfachatez, a una vecina de Ventilla la apreciaron su piso por una cantidad cercana a 160.000 euros. “Después fui a una sucursal de ING y me valoraron la vivienda en 125.000”, cuenta a este medio. "Resulta que tengo ahorros pero me acabo de quedar en el paro, así que no sé cómo voy a ejercer mi opción a compra".
En las cartas de Goldman a veces hay arrebatos de sinceridad. "No siendo una entidad financiera", reconoce el fondo en la misiva del 27 de diciembre, “Encasa Cibeles desconoce las eventuales condiciones de acceso al crédito hipotecario”. “No se leen ni nuestros contratos, y nos presionan muchas veces a ciegas, sin saber cómo”, denuncia un inquilino.
Otro vecino cuenta que un representante de la compañía reunió a un grupo de afectados en una cafetería, donde les retó a comprar o a abandonar el edificio. “También nos prometió algunas mejoras en las casas. Y de repente nos encontramos con una especie de jardín japonés en la entrada, con bonsáis y todo”, revela con ironía este residente (ver imagen superior).
El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo, también hace de las suyas. Como ya adelantó Vozpópuli, Ana Botella se comprometió por escrito ante los inversores a echar a 131 familias de viviendas protegidas.
