La portavoz de la plataforma Convocatoria por Madrid (CxM), Tania Sánchez, ha elegido al penalista Gonzalo Boyé para que se encargue de su defensa en el caso de las presuntos contratos irregulares durante su época como concejala en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (2007-2011). Este abogado y empresario chileno ha tenido entre sus clientes más mediáticos al exjuez Elpidio José Silva, cuya inhabilitación revisa este martes el Supremo después del recurso presentado contra la condena de 17 años y medio de inhabilitación que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), acusándole de un delito de prevaricación continuada en el caso Blesa.
Boyé ejercerá la representación de Tania Sánchez en el Juzgado de Instrucción número 6 de Arganda del Rey, donde su titular, Gladys López, admitió a trámite la querella presenta por el PP. Los populares atribuyen a la exdiputada de IU la presunta comisión de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en la concesión de expedientes a una cooperativa donde trabajaba su hermano. La querella también incluye contratos de las escuelas municipales de tenis (425.000 euros en total) otorgados a una empresa de la que era apoderado un técnico municipal, tal y como desveló en exclusiva Vozpópuli.
El abogado chileno de Tania Sánchez, que se licenció en Derecho mientras cumplía condena por prestar ayuda logística en el secuestro de Emiliano Revilla, ejerce la acusación con el Observatori Desc en los sumarios Gurtel y Bárcenas. En el equipo jurídico dicha plataforma, Boyé coincide con el letrado Jaume Asens, responsable de derechos humanos y seguridad ciudadana de Podemos, miembro del Consejo Ciudadano estatal que lidera Pablo Iglesias, coportavoz de la plataforma Guanyem que capitanea Ada Colau y vocal de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona.
Asimismo, Boyé fue contratado por el alcalde de Leganés, Jesús Gómez Ruiz (PP), para representar a este Ayuntamiento madrileño en el caso Facturas. Igualmente, este letrado representó a una de las víctimas, de origen chileno, en el macrojuicio de los atentados terroristas del 11-M. Es editor, además, de la revista Mongolia.
Una estrategia con la vista puesta en IU
En unas de sus primera diligencias, la juez Gladys López acordó el pasado marzo demandar al Consistorio de Rivas Vaciamadrid, gobernado por IU, que aportara los expedientes completos de nueve contratos mayores y 21 menores otorgados a la cooperativa Aúpa, donde era administrador Héctor Sánchez, hermano de la exdiputada.
Según los querellantes, durante la comisión de investigación que celebró este ayuntamiento, hubo contratos que el Gobierno local no remitió a la oposición como informes jurídicos y económicos de la incoación, el certificado de la misma, las actas de las mesas de contratación, pliegos administrativos y técnicos, memoria de la empresa u órdenes de pago, entre otros trámites. Además de Tania Sánchez, también figuran como querellados el actual alcalde de Rivas, Pedro del Cura (IU), el padre de la exdiputada y su hermano, Raúl y Héctor Sánchez. La defensa de Tania Sánchez, que ya no milita en IU, tendrá que estar atenta a los movimientos del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, gestionado por sus excompañeros, todavía en IU.
